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ALTO A LA REPRESIÓN EN MORELOS
Morelos vive días de zozobra desde que el gobierno de Marco Adame Castillo decidió ir más allá de la sordera y pasar a la represión.
Tras 50 días de ninguneo, simulación de diálogo y satanización del movimiento magisterial en Morelos, el gobierno estatal ya no pudo más y dio rienda suelta a su vocación autoritaria, reprimiendo directamente a maestros y pobladores de Huitzilac y echando mano también del llamado a las fuerzas federales, con cuya ayuda la violencia escaló en Amayucan y Xoxocotla a niveles que lamentablemente ya hemos visto en Atenco y Oaxaca, con el ataque indiscriminado a la población civil, mujeres, ancianos y niños incluidos.
Resulta evidente que el movimiento magisterial ha tocado la única fibra sensible de los que hoy detentan el poder federal y gobernadores afines: la posibilidad de hacer grandes negocios con los sectores privados en perjuicio de los recursos naturales o estratégicos de la nación, o bien siendo omisos en garantizar los derechos sociales para dejarlos en manos de particulares nacionales y/o extranjeros.
También resultó evidente desde el martes, en toda la geografía morelense, que la causa de los maestros tiene profundo arraigo en la población, pues el pueblo entiende que es la de todos. De ahí quizás el encono y el miedo, pues no es otro el origen de la violencia desde el poder.
El diseño de la Alianza por la Calidad de la Educación y de otros proyectos, como el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana del Servicio de Calidad en la Educación Básica Obligatoria, presentado por la dirigencia del SNTE al gobierno federal, abre la puerta a la intromisión del empresariado en el que se ve como el jugoso mercado de la educación pública, y permite a la cúpula gremial y a las tristemente célebres sociedades de padres de familia insertarse en todos los procesos por los que potencialmente fluya dinero hacia los centros escolares, además de abrir mercados como los centros de capacitación, de certificación, los vouchers educativos (subsidio público a escuelas particulares) y, aquí sí, mercado negro de plazas y exámenes aprobatorios. Ante esta situación exigimos:
– El cese inmediato de la represión.
– Presentación de detenidos/desaparecidos.
– La cancelación de cualquier proceso iniciado contra los maestros y otros ciudadanos que hayan sido detenidos en esta ofensiva del gobierno.
– La salida del Ejército y de las fuerzas federales de los espacios públicos en Morelos y en todo el país.
– La cancelación definitiva de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación y demás proyectos “en lista de espera” que busquen pasar por encima de la Constitución y las leyes que en nuestro país garantizan el derecho a la educación y protegen los derechos laborales, bajo modelos importados de privatización educativa y precarización laboral con el pretexto de la calidad.
– El inicio de un proceso de consulta amplia de cara a la sociedad y con los maestros como primera instancia para diseñar un proyecto educativo incluyente y acorde con la realidad nacional. Esto en contraste con una visión cuya oferta es convertir la educación en capacitación para el trabajo y a México en un país dedicado a la maquila y al turismo.
– Amnistía general para todos los presos, perseguidos y desaparecidos políticos.
Rosario Ibarra, senadora de la República
10 de Octubre de 2008
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