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EL ARRAIGO ES UN SECUESTRO DE ESTADO
COLECTIVO OAXAQUEÑO EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS.
Notas rebeldes 101 julio 2010
La figura del arraigo y la criminalización de la protesta social en Oaxaca.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, suspendió ayer 30 de junio a las 01:25 horas el arraigo que fincó sobre el sacerdote Martín Octavio García Ortiz por no contar con elementos que culpen al párroco en los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.
Para el Colectivo Oaxaqueño, este hecho demuestra el deplorable estado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia en Oaxaca y en México y que ha demostrado en la más reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso de San Salvador Atenco y donde se demostró la fabricación de delitos y vicios en el proceso judicial.
Resulta contradictorio que aún siguen en arraigo, en una casa de seguridad, Jorge Sánchez Hernández, Silvino Macrino Vásquez Sánchez, Ignacio Francisco Vásquez Sánchez, Marcelino Padilla Vásquez, José Guadalupe Padilla, Silvino Vásquez López, Benedicto Vásquez Vásquez, Celso Vásquez Sánchez y Lorenzo Bertín Vásquez López. Esta situación demuestra la aplicación selectiva de la ley,
práctica que es común en Oaxaca.
La figura del arraigo es recientemente utilizada para investigaciones en delitos federales que tienen que ver con delincuencia organizada. A pesar de violar garantías individuales contenidas en normas y tratados internacionales en materia de derechos humanos, con el arraigo se legalizó la injusticia al incluirla en la Constitución y contradecir el principio que la misma incluye de presunción de inocencia.
Las condiciones de la comunidad de San José del Progreso son difíciles para los habitantes, hay presencia policíaca y actos constantes de intimidación hacia líderes comunitarios que se oponen a la mina; oposición justa que busca impedir los irremediables daños que la misma ocasionaría.
El grado de criminalización de la protesta social en el estado es alarmante, en especial en casos donde los pueblos, comunidades y organizaciones luchan por la defensa de sus territorios y más allá nos demuestra que el supuesto desarrollo que prometen las empresas mineras en alianza con el gobierno estatal y federal esta provocando una violencia del capital y una violencia del Estado mexicano.
Reiteramos nuestro llamado a conducir las investigaciones de manera seria, imparcial profesional y apegada a los estándares internacionales de derechos humanos por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca.
También nuestra exigencia de respeto a los pueblos y sus tierras, a sus propias formas de desarrollo y a la libre manifestación de las ideas, incluida por supuesto la protesta social ante la arbitrariedad y la impunidad.
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