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1810-1910-2010
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.:: Editor
Pablo Moctezuma
::.
 
 
No.283
julio 2010

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SANCIONAN LA EXPLOTACION BRUTAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y DEL MEDIO AMBIENTE


Claude Brunelle
Cuarta y última parte / Tomado de TML-Daily. www.cpcml.ca

 

Una comunidad – San Juan Copala -que se declaro a sí misma como municipio autónomo el año pasado ha sido sujeta a ataques de los grupos paramilitares que tomaron el control de las instalaciones del ejercito y la policía pocos días después de que  estos dejaron abandonados sus puestos. Cada día le disparan a los habitantes, matan personas que salen de sus casas, impiden que entre la comida y que se den servicios de salud, cortan la electricidad y el agua potable y han cerrado las escuelas. Y hacen todo esto sin la menor intervención del gobierno local y federal. Este es el rostro del enfrentamiento abierto entre el gobierno y los grupos criminales paramilitares en contra de la lucha de los pueblos del país. Es a través de ese modus operandi que esta gente corrupta es la que apoya las actividades criminales de las compañías mineras canadienses.

El rostro de ésta confrontación es de lo más brutal que se puede uno imaginar. Es literalmente un caso en el que o se defienden los derechos para ejercer la soberanía para tener una vida presente y futura o morir en el presente y en el futuro. No hay un campo intermedio. Las organizaciones y grupos que estan defendiendo sus derechos, los derechos de las comunidades, su herencia y soberanía nacional, y así estan aprendiendo de su experiencia. Se están hacienda concientes de que aunque ganen un juicio legal contra la operación destructiva y criminal de una mina, esto no significa que hayan Ganado el derecho soberano a su territorio libre de cualquier ocupación extranjera. El ejemplo del Cerro de San Pedro muestra, que en vez de abandonar sus intenciones, las compañías mineras buscan a toda costa seguir la explotación, maniobran, corrompen y asesinan, en orden de continuar sus actividades mineras. Y si esto no fuera suficiente, ellos usan las reglas que contienen los Tratados de Libre Comercio para lograr que los gobiernos se sometan, como es el caso de Guatemala o Chiapas, México para permitir la explotación y el robo de las riquezas o pagar a las compañías millones de dólares como compensación o para obtener ganancias anticipadas. Es la aplicación del derecho de los monopolios a imponerse por la fuerza. El capital se rehusa a dar cualquier concesión. Lo único que le interesa es su intención de intensificar su pillaje sin tomar en cuenta las muertes, asesinatos, destrucción social o ambiental y la destrucción de la salud de las comunidades. Lo único que cuenta para los accionistas, nada más.

Esto muestra la necesidad de que los pueblos rompan con los tratados de libre comercio, que son los instrumentos en manos de los monopolios para robarse los recursos de las naciones, arruinar sus economías nacionales, y abusar de sus derecho soberano de los pueblos que viven ahí. Esto ésta ligado al hecho de que las fuerzas populares que luchan en contra de esas actividades destructivas están enfrentándose sistemáticamente con las fuerzas reaccionarias en cada uno de sus países. Estos reaccionarios han abandonado la soberanía de sus países a los monopolios y los poderes imperialistas como Estados Unidos de América. Esas son fuerzas que no solo han abandonado la defensa de la soberanía nacional sino que activamente buscan todas las medidas para asegurar sus leyes, fuerzas militares, policía, y fuerzas paramilitares, para asesinar, secuestrar, confinar, encarcelar y dividir a quienes toman postura y defienden sus derechos. De este modo la lucha refleja una segunda obligación ligada estrechamente a la cancelación de los tratados de libres comercios,  con lo cual se ganaría el ejercicio real de la soberanía nacional contra la dominación de los monopolios e imperialistas, para establecer una nueva ley nacional que descanse en la voluntad del pueblo y el ejercicio de su soberanía. En este sentido, Bolivia es un ejemplo excelente del ejercicio del derecho a la soberanía. En tan solo un año, la nacionalización de los recursos de petroleo y gas y su desarrollo al servicio de los pueblos de Bolivia lo que ha permitido al país que durante 60 años enfrentó un deficit presupuestal cada año, creando un creciente endeudamiento, a tener ahora un presupuesto superavitario que les permite la reinversión en servicios sociales y en el bienestar de los pueblos de Bolivia.

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