El tema del incremento salarial en Bolivia sigue siendo objeto de discusión entre el Gobierno, los trabajadores y el empresariado. Mientras el Gobierno ofrece un ajuste del 10 por ciento al sector público, los trabajadores exigen un aumento mayor y la empresa privada rechaza subir los sueldos de sus empleados, tal como lo exige el Estado.
Después de varias semanas de análisis y debate sobre el tema, el pasado dos de marzo el ministro de Trabajo, Félix Rojas, informó que el Ejecutivo boliviano firmó el Decreto Supremo 0809, que fija el porcentaje del incremento salarial para los sectores salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía en un 10 por ciento.
Los sectores beneficiados con el 10 por ciento, tres puntos sobre la inflación de 2010 que fue 7,18 por ciento, abarcan la mayoría de los empleados del Estado. A los funcionarios gubernamentales que no integran estos cuatro sectores se les dará otro trato aumento salarial que aún sigue en estudio.
La medida también contempla un aumento del salario mínimo nacional de 20 por ciento, pasando de 679,35 bolivianos (unos 97 dólares) a 815,40 bolivianos (alrededor de 117 dólares). Este incremento es el más alto de los últimos diez años y permite que por primera vez en la historia de Bolivia se sobrepase los 100 dólares.
El Ministro destacó que durante la gestión del presidente Evo Morales (cinco años) el salario mínimo se ha incrementado en 85 por ciento (para una media anual de 17 por ciento), pasando de 57 a 117 dólares.
En la gestión del año 2006 el salario mínimo nacional fue elevado un 13,63 por ciento, pasando de 440 a 500 bolivianos (de 57 a 71 dólares). En 2007 se incrementó un cinco por ciento y pasó de 500 a 525 bolivianos (75 dólares). En 2008 subió un 10 por ciento, de 525 a 577,5 bolivianos (82 dólares).
En 2009 se incrementó el mínimo nacional un 12 por ciento, de 577,5 a 647 bolivianos (91,5 dólares), para compensar la inflación acumulada de 2008, que fue de 11,8 por ciento). Mientras en 2010 se elevó un cinco por ciento, de 647 a 679,5 bolivianos (96 dólares).
Adicionalmente, el decreto gubernamental fija el mismo piso de 10 por ciento como base de negociación para las empresas privadas, quienes deben llegar a una cuerdo con sus trabajadores.
Sindicatos inconformes
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB) no está satisfecha y reclama un mayor incremento salarial, a través de un comunicado en el que exigieron la derogación del decreto porque consideran está en contra de los trabajadores.
Voceros de la central sindical han señalado que el aumento “no repone en lo mínimo el alza en el costo de vida” y se adoptó de manera unilateral. Los sindicatos rompieron el diálogo y se han negado a restablecerlo hasta tanto se abrogue el decreto.
La COB protagonizó el pasado mes de febrero protestas asumidas de manera parcial y criticadas por otras agrupaciones, como los campesinos y las mujeres del país suramericano.
Sin embargo, el Gobierno ha manifestado que el aumento aprobado está dentro de las posibilidades que tiene la economía nacional, y afirmó que los reclamos de los sindicatos deben estar en consonancia con esa realidad.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó que se debe además diferenciar dos incrementos salariales, uno para el sector privado, donde se determina un piso de 10 por ciento y sobre eso, en función de la negociación, los trabajadores podrán lograr un incremento mayor a la masa.
“Se trata de un beneficio mayor a los que ganan menos, por el efecto inversamente proporcional. En el caso de los trabajadores del Estado, agregó, es lo que tenemos para ofrecerle, no tenemos más recursos para hacerlo”, aseveró.
Arce precisó que el actual Gobierno se ha caracterizado por la transparencia. “No hay gastos reservados y por lo tanto es lo que podemos ofrecer a los trabajadores de salud y educación, que ratifica el compromiso del gobierno, va mas allá del 7.18 por ciento de la inflación registrada en 2010”.
Rechazo del empresariado
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó la obligación de negociar un incremento salarial con base en el 10 por ciento y exigieron al Estado explicar los argumentos técnicos y económicos sobre los cuales aprobaron dicha medida.
Por su parte, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) alegó que los privados acatarán la medida, aunque su sector no está de acuerdo con la manera en que se aplicó el incremento salarial.
En ese sentido, el Ministro de Trabajo anunció que no se permitirán despidos de los trabajadores, y en caso del cierre de fábricas o empresas, los empleados tendrán la posibilidad de seguir operándolas, sin afectar los intereses del propietario, y cumpliendo con las normas en vigencia.
Por ello, el Decreto también también estipula la inamovilidad y la estabilidad laboral para padres de familia, quienes no podrán ser despedidos de su fuente de trabajo durante y después del embarazo de sus esposas o parejas.
