|
EU: Extorsión de Wall Street
Voice of Revolution (USMLO)
Dos cartas de los financieros demandan pagar la deuda.
Durante el “debate de la deuda” en el Congreso, el Jefe Ejecutivo de los Funcionarios (CEO’s por sus siglas en inglés) de los mas grandes monopolios financieros, incluyendo el Bank of America, Bank of New York Mellon Corporation, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo, sí como Allstate, Metlife y Prudentialy el president del Wall Street’s Financial Services Forum, representando a los mas grandes bancos, todos firmaron una carta al presidente Barack Obama y al Congreso demandando que el techo de la deuda federal se eleve para evitar que el gobierno de EU se vea en peligro de dejar de pagar la deuda. “Las consecuencias de la inacción, para nuestra economía ya ha afectado nuestro Mercado laboral, las circunstancias financieras de las empresas y familias americanas, y el liderazgo económico global de América – sería muy grave” escribieron los ejecutivos el 28 de julio. Y fueron mas allá amenazando, “El dejar de pagar nuestras obligaciones, o el bajar la calificación del crédito de América, sería un golpe tremendo a la confianza de los negocios y los inversionistas- aumentando las tazas de interés para todo el que pida prestado, minando el valor del dólar, y afectando los mercados – y por lo tanto empeorando dramáticamente las ya de por sí difíciles circunstancias económicas” dijeron los financieros.
Esta carta fue precedida por otra que se mandó el 12 de Julio al Congreso y al presidente. Esa carta también amenazaba diciendo que “El gobierno de EU no debe faltar de ninguna manera a sus obligaciones fiscales”, ni siquiera un “default técnico” También demandaba un plan para reducir substancialmente los déficits presupuestales a largo plazo”, lo que “implica tomar decisiones difíciles, que deben predecirse a largo plazo” Las agencias financieras de crédito respaldaron esas amenazas diciendo que no debe de dejarse de pagar, que eso degradaría el crédito de EU y que se requieren recortes de 4 billones de dólares. Por supuesto que apenas se logró el acuerdo realizándose recortes masivos al gasto social, cuando una de las agencias Standard & Poor’s, degrado la nota de la deuda, diciendo que el acuerdo no efectuó suficientes recortes! Esta baja a la nota de la deuda, subsecuentemente llevó a la caída de las bolsas lo que se utiliza para demandar a la Reserva Federal que le den mas dinero a las cúpulas financieras para “estabilizar” el mercado.
Esas cartas, las amenazas y la dureza de los financieros en lo tocante a la economía dejan claro que es Wall Street quien extorsiona al público y al Tesoro publico. Ellos son quienes exigen que se pague cada centavo de la deuda y de su servicio. Ellos orquestan el escándalo y la atmosfera de que “se cae el cielo” en la que todos han de someterse a su chantaje o enfrentar consecuencias drásticas. El gobierno, en lugar de rechazar esa extorsión, esta sirviendo como su dócil instrumento contra el público y el derecho público a los programas sociales y los servicios requeridos por una sociedad moderna.
Son esos mismos monopolios que usaron sus hipotecas masivas y otras especulaciones para asegurarse ganancias masivas al mismo tiempo que incrementan la crisis económica aquí y a nivel mundial. Son esas mismas agencias calificadoras del crédito que le dieron a las hipotecas que eran una estafa la calificación de AAA. Luego cuando ocurrió el colapso, los altos financieros se llevaron el más grande pago de la historia que sacaron los ricos, a quienes rescataron bajo el chantaje de que si no lo hacían, los mercados financieros perderían estabilidad. Ahora ellos quieren más dinero del Tesoro público para sus intereses mezquinos.
¿Como es eso que los financieros monopolistas controlan cuestiones como las tazas crediticias? Es claro que esos mafiosos no pueden organizar la economía en interés del pueblo. De hecho su decadencia es tal que ni siquiera pueden proporcionar los mínimos beneficios sociales como la Seguridad Social y el Medicare. El fraude del debate sobre la deuda en el Congreso se esconde tras el hecho de que son esos monopolios quienes controlan a la economía y lo hacen en beneficio propio, no el de la sociedad. Son los financieros de Wall Street quienes mantienen secuestrado al pueblo. Es su extorsión al tesoro público y su control, de la economía el problema que debe ser resuelto.
Ley de Control Presupuestario 2011
La ley de control presupuestario 2011, sirve para aumentar el techo de la deuda al mismo tiempo que mandata acerca de los cortes por $2.4 millones de dólares a lo largo de 10 años, fue convertido en ley el 2 de agosto. Se trabajo esencialmente a puertas cerradas, por el presidente Barack Obama, el líder republicano del senado Mitch McConnell y el líder demócrata del senado Harry Reid. Tal como lo predijo Voz de la Revolución, la ley implemento el plan de McConnell (ver el número de julio de VOR, o el sitio web fechado 18 de julio de 2011). Incluye recortes presupuestales masivos dirigidos a cortar programas sociales, dándole al presidente la autoridad para aumentar el techo presupuestario, y establecer un Comité Conjunto del Congreso para decidir cuestiones presupuestarias. Cerca de $900 mil dólares se recortaran inmediatamente y otros $1.5 billones para ser recortados por el Comité Conjunto..
El debate congresional bajo fuego.
De acuerdo con el amplio esfuerzo para desacreditar al congreso que acompañó todo el “debate” la ley avanzó mucho en su propósito de limitar en el futuro cualquier consideración con la cuestión del presupuesto por parte del Congreso. Páginas y páginas se usan para imponer un estricto límite al debate, prohibiendo cualquier enmienda y modificando las reglas usuales y las mociones que permiten acceder a la información y proponer reconsideraciones con el fin de que la votación se efectúe rápidamente en base a lo que propone la ley de Comités Congresionales Conjuntos. Los Comités Congresionales – que son los que desarrollan las audiencias públicas, reciben información, testimonios, etc – deben aprobar las medidas en el lapso de cinco días, sin revisiones ni enmiendas, o automáticamente va a la Casa de Representantes o al Senado para ser consideradas.
En la Casa, solo se permiten dos horas de debate. Para el Senado solo un período de debate de 30 horas, incluyendo el tiempo que se requiere para hacer mociones. Una vez que se ha votado una moción, se convierte en un mandato y no puede ser ni debatida, ni pospuesta. La ley también incluye medidas para su “aplicación”, prohibiendo cualquier ley, resolución conjunta, enmienda, moción o reporte de una conferencia que “pudiese causar limites de gasto discrecionales” que se excedan. Así que independientemente de las condiciones económicas, altos niveles de desempleo e incremento de la pobreza, los topes deben permanecer.
Todo esto es contrario a las normas usuales del Congreso y crea la noción de que el principal problema es la participación pública y el debate público de las leyes. Debates en el Congreso, ambos en los Comités y en el pleno, son supuestamente espacios para presentar la información y para el razonamiento de los argumentos. En su mayor parte, el Congreso ha abandonado tal argumentación y las medidas que se ponen en práctica por ésta ley sirven para eliminar aún en sus formas y reglas dicho debate. En vez de esto debe desarrollarse poca discusión, nada de enmiendas y una rápida votación.
Dado que lo que toca la ley es mayoritariamente presupuestario, un gran recorte presupuestario obligatorio que tiene un gran impacto público, la eliminación del debate y las audiencias son mecanismos para bloquear cualquier participación por parte del público para eliminar cualquier noción de debate o de argumentos es lo que necesitan para aprobar la legislación.
También somete al Congreso, un cuerpo legislativo a convalidar lo que el presidente y un comité escogido por dedazo de 12 representantes decidan. Mientras que el público, con todo derecho, esta enojado a causa del fracaso del Congreso para resolver problemas sociales que se agudizan como el desempleo, la pobreza y el finalizar la guerra, ésta ley sirve para profundizar la marginalización del pueblo e imponer recortes en programas sociales que son condenados por la mayoría.
Esto sirve para bloquear la direcciòn que exige el pueblo que se tome, que es que ellos tienen el derecho de decidir esas cuestiones vitales y de elegir sus propios representantes para representar al pueblo y no a los ricos.
Recortes planeados a los programas sociales.
La ley impone metas anuales presupuestarias que deben cumplirse, independientemente de las condiciones económicas y de las necesidades. Específicamente imponen un recorte del 2 por ciento al Medicare. Mientras que la ley exceptúa a la Seguridad Social y a Medicare de los recortes, todos los otros programas sociales son afectados, incluyendo otros servicios de cuidado de salud, programas de bienestar y educativos. El Comité Conjunto que se ha establecido tiene que trabajar los recortes específicos, lo que sin duda alguna tomará la mayor parte de los $1.5 billones de programas sociales.
Por ejemplo en educación, la ley incluye recortes por $21.6 mil millones de dólares en los próximos diez años al programa de prestamos Stafforde, recortando financiamiento a la mayoría de los estudiantes graduados. También incluye el incremento de financiamiento para Pell Grants, para pregraduados, de cerca de $17 mil millones hasta 2015.
Se exceptúa el financiamiento de guerra.
Consistentemente con la lucha de EU por la dominación mundial y las guerras agresivas que esto requiere, el financiamiento de guerra para Irak y Afganistán son una excepción y no sufren recortes. Adicionalmente, la ley permite “apropiaciones de emergencia” para guerras adicionales (llamadas operaciones para contingencias en ultramar) y la “guerra global contra el terrorismo”. Esto significa que no habrá recortes presupuestarios para las guerras de EU, aviones no tripulados, Fuerzas Especiales, operaciones de la CIA. No hay tales “financiamientos de emergencia” para los derechos del pueblo, incluyendo empleos, comida y vivienda. Una cierta cantidad de “alivio para desastre” también es permitida.
Para proteger el presupuesto del Pentágono que alcanza más de $700 mil millones cada año, la “categoría seguridad” incluye no solo el Pentágono, sino también el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés), el Departamento para los asuntos de los veteranos, la Administración Nacional para la Seguridad Nuclear, la cuenta administrativa de la comunidad de inteligencia y el financiamiento para asuntos internacionales. Dado que el uso de la violencia es el arma preferida de EU, el Pentágono está eclipsando al Departamento de Estado en su rol “diplomático” así que seguramente habrá recortes a “asuntos internacionales”.
Los limites a la “categoría de seguridad” son más grandes que los de “no seguridad”. Por ejemplo el limite para el 2012 es de $684 mil millones para seguridad y de $359 mil millones para no seguridad, para 2012 es de $686 mil millones y $361 mil millones para no seguridad. Comenzando el 2014, el limite es simplemente un gasto discrecional, lo que significa que la brecha entre los dos seguramente se va a incrementar grandemente.
Fortaleciendo el Poder Ejecutivo.
La ley le da al presidente la autoridad para aumentar el techo de la deuda por $2.4 billones en tres pasos. El Congreso puede pasar una resolución para “desaprobar” las propuestas del presidente, que el presidente puede vetar. Un veto requeriría una votación de 2/3 para eliminarlo en ambas Cámaras, algo muy raro de que ocurra, para Obama o para futuros presidentes. Comúnmente es el Congreso el que inicia y aprueba la legislación, sujeta a la desaprobación del presidente en la forma del veto. Ahora, el presidente puede tomar acciòn y el Congreso solo puede oponerse con una votación de dos tercios. Este es un mecanismo para disminuir los poderes congresionales y para incrementar el poder ejecutivo, y así proveer la base para extender éste método de “desaprobación” del Congreso a otras esferas.
Comité Conjunto Designado.
La ley establece también un “Comité Conjunto Designado para la Reducción del Déficit”. El Comité Conjunto ha de “Dotar de recomendaciones y las medidas legislativas que van a mejorar significativamente a corto y largo plazo el desequilibrio financiero del gobierno federal.” Se le emplaza a reducir el déficit en $1.5 mil millones en diez años, de 2012-2021. Debe de tener 12 miembros, seis de la Casa de Representantes y seis del Senado. Tres de cada uno han de ser designados por los lideres de mayoría (actualmente un demócrata) y de la minoría (actualmente un republicano) del Senado y tres cada uno de los lideres de la mayoría de la Casa de Representantes (actualmente un republicano) y de la minoría (actualmente un demócrata). Se espera tener seis republicanos y seis demócratas, pero los líderes pueden nombrar a quien quieran de sus respectivas Cámaras. Un cuorum de siete se necesita para la votaciòn, las reuniones y las audiencias.
El Comité Conjunto se ha de establecer el 16 de agosto y su primera reunión debe realizarse 45 días después del 2 de agosto. Para el 14 de octubre los comités presupuestarios de la Casa y del Senado han de someter sus recomendaciones al Comité Conjunto. Sigue sin aclararse si el debate del presupuesto que ocurre en septiembre en el Congreso se va a efectuar, o si esos asuntos se van a tratar en el Comité Conjunto.
Al Comité Conjunto ya se le llama un “súper comité” y se espera que será el cuerpo en el que se realice mas cabildeo en Washington durante los próximos cuatro meses y una mina de oro potencial para donaciones para las campañas de parte de los monopolios y sus cabilderos.
La ley permite audiencias, testimonios, etc, pero requiere que el Comité Conjunto para votar antes del 23 de noviembre en un documento que incluye investigaciones, conclusiones y propuestas legislativas para implementar los recortes presupuestarios por $1.5 mil millones de dólares. Se necesita una mayoría para aprobar los recortes y se pueden presentar también los puntos de vista minoritarios. El reporte debe ser enviado al presidente y al Congreso para el 2 de diciembre de 2011. No es sino hasta ese momento que el reporte tiene que ser hecho público. El Congreso tiene entonces hasta el 15 de enero de 2011 para aprobar la ley, luego de que los cortes serán impuestos en 50-50 en ambos “seguridad” y “no seguridad” de manera discrecional. El Comité Conjunto termina el 31 de enero de 2012, pero no hay nada que evite el establecimiento de un Comité Conjunto permanente en la legislación que proponga.
Enmiendas Constitucionales y recortes de 50-50
Adicionalmente los recortes masivos, incremento en el poder ejecutivo, muchas restricciones impuestas para el debate en el Congreso y para forzar una votación rápida en el Congreso sobre una ley que no va a tener enmiendas, la ley tiene dos medidas adicionales. Una requiere que el Congreso vote sobre una medida requiriendo un “presupuesto balanceado” enmendado constitucionalmente. Otra vez aquí el debate esta restringido, y se limita el tiempo con el fin de realizar votaciones rápidas. Las enmiendas constitucionales requieren de dos tercios de los votos en ambas cámaras para ser aprobados por lo que es muy improbable que sean aprobadas. Además de esto se ha visto como una maniobra para ganar votos a favor de la medida, especialmente por parte de los republicanos primerizos. Adicionalmente, si el Congreso fracasa en aprobar una ley del Comité Conjunto o tomar medidas similares para recortes masivos en el gasto social para el 12 de enero de 2012, entonces operan cortes automáticos para el 2013 para cumplir con los límites. Esos recortes requieren que la mitad provengan del Pentágono y la mitad de programas sociales. Esto se ha visto como una maniobra para lograr mas votos demócratas, creando la apariencia de que los gastos del Pentágono serán recortados. Lo que es mas probable es que la amenaza de recortes para el Pentágono los recortes se usaran para forzar mas grandes recortes en el gasto social.
Por sobre todo, la ley no tiene como objetivo el garantizar un presupuesto que cubra las necesidades del pueblo, que es la responsabilidad social del gobierno. En lugar sirve para fortalecer el poder ejecutivo mientras que aparenta que el problema son los cuerpos legislativos como el Congreso y el debate público y el estudio serio de las leyes. En muchas formas se legaliza que el Congreso será la tapadera del presidente y de un selecto grupo de pocos líderes, que son los que se dicen “capaces” de gobernar. Y como el mismo debate acerca de la deuda, le da la espalda a tomar las medidas necesarias para solucionar los problemas que enfrenta la gente para garantizar sus derechos, que solo se logrará si el pueblo juega el rol de tomar las decisiones y marcar la dirección de la economía y del gobierno en su totalidad.
|
