A seis años de la desaparición de los 43 normalistas 

Rocío Luna 

A seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: “No estamos considerando proteger a nadie, sea de la organización o institución gubernamental de que se trate” AMLO.


La noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero, por la policía local en colusión con organizaciones criminales; en los eventos participaron otras ramas del aparato de seguridad mexicano que actuaron o presenciaron los hechos, incluyendo la policía estatal y la policía federal, así como elementos del ejército. Seis personas fueron asesinadas (incluyendo tres estudiantes), cuarenta resultaron heridas y 43 estudiantes fueron desaparecidos forzadamente. El paradero de esos estudiantes sigue sin ser aclarado y su estatus de “desaparecidos” persiste hasta hoy.

Este 26 de septiembre se cumplieron seis años de aquella trágica noche en Iguala, Guerrero, que marcó al país y conmocionó al mundo. 

De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Jesús Murillo Karam, la caravana de “normalistas” que se dirigían a Iguala para participar en su tradicional marcha del 2 de octubre, fue interceptada por policías municipales, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Dicho cártel, presuntamente confundió a los estudiantes con miembros de Los Rojos, grupo delincuencial rival, por lo que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura en Cocula, arrojando sus restos al río San Juan.

Esta versión oficial de los hechos fue autodenominada como la “Verdad Histórica” por el gobierno del ex presidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sin embargo, hasta la fecha ha sido muy criticada por las madres y padres de los 43, así como por organismos internacionales, debido a las inconsistencias en la narrativa y los medios usados para conseguir testimonios, como la tortura y otras violaciones a los derechos humanos.

Esa es la “verdad histórica” que planteó el 27 de enero de 2015 el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, cuando en conferencia de prensa ofreció un informe sobre los últimos avances, hasta ese momento, del caso Iguala, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, quién se desempeñaba como director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

En su mensaje, Murillo Karam se refirió a las conclusiones del caso como la verdad histórica, sustentada en una investigación exhaustiva, profunda y seria, con resultados científicos. 

Dicha verdad histórica se basa en declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Terco” o “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del 26 al y el 27 de septiembre de 2014.

También se sustenta en dichos de Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, quienes fueron los primeros detenidos junto con otras personas sumando 142 detenidos. 

El juez Ventura quien lleva el caso concluyó que las confesiones de los implicados, les fueron arrancadas mediante tortura por la entonces PGR. Y por eso se han realizado 76 liberaciones de presuntos involucrados de un total de 142 detenidos.

En septiembre del 2019 los padres de los 43 tuvieron un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López dónde prometió pedir a las fuerzas armadas (tanto Ejército como Marina) que abrieran toda la información en su poder y el subsecretario Encinas señaló entonces que había sólida evidencia de que los 43 de Ayotzinapa (vivos o muertos) siguen en Guerrero.

En ese mismo año y mes Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa informó que una de las peticiones que tienen los familiares de los normalistas es que se enjuiciara y se procesara a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (hoy FGR), por haber construido “la verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa.

A seis años de lo sucedido, este sábado 26 se informó sobre los avances de la investigación que se ha realizado durante el mandato del presidente Andrés M. López, entre la información que se dio a conocer está la de Zerón, antiguo responsable de la investigación por el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, el fiscal general, Alejandro Gertz denunció que    se robó más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de la fiscalía con la anuencia de sus superiores. “[Zerón] sustrajo [el dinero] con varios cómplices, de manera fraudulenta y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias”, ha añadido el fiscal general. El discurso de Gertz ha sido el más contundente de los escuchados este sábado en Palacio Nacional. Según sus palabras, Zerón huyó a Canadá cuando supo que la fiscalía le investigaba por peculado. “En cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondientes, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá. Pero él, inmediatamente, huyó a Israel, país al que ya se le ha pedido su apoyo”.

Así, la carrera de Zerón trasciende al caso Ayotzinapa y apunta a un tema de malversación de fondos. Más aún, implica a “sus superiores”, como ha dicho Gertz. Esto es, al procurador general de entonces, Jesús Murillo Karam. Gertz, que se ha conectado al evento por videoconferencia, no ha dicho si la fiscalía investiga a Murillo Karam. 

El presidente, Andrés M.l López Obrador, cerró el evento insistiendo en que el caso no va a quedar en la impunidad. “Hay condiciones muy favorables para saber el paradero de los muchachos. Pero por la prisa, o por presiones, no vamos a fabricar otra falsedad. Otra llamada verdad histórica. Debemos tener consenso de que así fueron los hechos. No vamos a ocultar nada”. 

Otra de las novedades del sábado ha sido la confirmación de que la fiscalía busca a militares por su participación en el ataque contra los estudiantes normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Entonces, elementos del 27 Batallón de Infantería llegaron a un hospital cerca de uno de los escenarios del ataque en Iguala, donde un grupo de 25 estudiantes se había refugiado. Los normalistas llegaron allí con un compañero, Edgar Andrés, con una herida grave de bala en la cara. Lejos de auxiliarles, los estudiantes dicen que los militares les regañaron, les amenazaron y no dejaron de apuntarles con las armas. Les decían cosas como “si se mueven les disparamos”, “sigan secuestrando autobuses”, “tengan los huevos suficientes para afrontar las cosas”. Luego les hicieron fotos, les tomaron los nombres y se fueron. El responsable de los militares esa noche era el capitán José Martínez Crespo. Como informaba el viernes EL PAÍS, Crespo podría ser uno de los militares que busca la fiscalía.

Este lunes 28 de septiembre en la acostumbrada mañanera el presidente Andrés M. López Obrador aseveró que en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hubo un “pacto de silencio”, que hay que romper en las nuevas investigaciones. Por ello, sostuvo que algunos de los involucrados o los nuevos detenidos pueden obtener beneficios legales como testigos protegidos si ayudan con “información veraz sobre los hechos”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional fue cuestionado sobre algunos detalles del caso, entre ellos la posible responsabilidad del actual secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Omar García Harfuch, quien era delegado de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió la desaparición. A lo que respondió “No hay impunidad en la investigación para aclarar los hechos de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. No estamos considerando proteger a nadie, sea de la organización o institución gubernamental de que se trate”. 

En alusión al Ejército, afirmó que, en todos los casos, cuando hay involucrados, la investigación, más que debilitar a las instituciones, las fortalece si se aclara cómo actuaron y si cometieron delitos algunos de sus miembros.  


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