Brecha salarial de género en el sector formal.

Andrés Peñaloza Méndez bialii2012.wixsite.com

De los 19 millones 773 mil 732 de asegurados con empleo y salario asociado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al mes de diciembre de 2020; 12 millones 160 mil 045 eran varones y 7 millones 613 mil 687 mujeres, es decir, 61% y 39% respectivamente.

En la clasificación por rango de percepciones y sexo se advierte una tendencia donde las mujeres van perdiendo su porcentaje de participación: desde un 48% en el rango salarial más bajo a representar sólo un 26% entre quienes perciben más de 15 salarios mínimos.


Mientras la relación es prácticamente de uno a uno en los rangos salariales inferiores en el nivel superior sólo una cuarta parte son trabajadoras.

El 71% (5 millones 389 mil 294) del total de mujeres laborando se concentraban en la base piramidal de remuneraciones (de uno hasta tres salarios mínimos), siete puntos porcentuales más que los hombres (64%, equivalente a 7 millones 756 mil 099).

Cabe indicar que 3 millones 904 mil 426 de trabajadoras, 51% de las plazas femeninas ganan debajo de dos salarios mínimos universo donde los aumentos salariales tienen mayor y positiva repercusión.

En lo inmediato, las alzas a los minisalarios, abonan a mejorar los ingresos de la mitad de las mujeres trabajadoras. Lo anterior, debe acompañarse de decididas y enérgicas acciones para facilitar que las mujeres tengan las oportunidades para escalar en los tabuladores salariales y cerrar brechas de género.

En ese segmento de uno a tres salarios mínimos la relación hombres-mujeres era de 59% y 41%. El relativo equilibrio se pierde al incrementarse las remuneraciones, la relación pasa a 66 y 34%.

Entre los que ganan por encima de los tres salarios mínimos sólo el 29% de las mujeres lo obtienen (2 millones 224 mil 393 y de esta cantidad, casi la mitad -48%-, no superan los cinco salarios mínimos). Entre los varones, el porcentaje es mayor, el 36%; equivalente a 4 millones 403 mil 946 y al igual que las mujeres, el 48% de ellos ganan abajo de cinco salarios mínimos).

Los anteriores datos invitan a reflexionar y emprender acciones para ampliar la incorporación de mujeres en actividades laborales de carácter formal, rescatándolas de la informalidad y de pagos inferiores al mínimo legal, como acontece con las trabajadoras del hogar, trabajadoras sociales, despachadoras de farmacias, costuras, empleadas de comercio, hotelería y alimentos, entre muchas otras actividades mayoritariamente ocupadas por mujeres.

En otras ocasiones hemos celebrado avances en políticas públicas, no obstante limitaciones y enmarañamientos para prolongar la discriminación y brecha salarial de género, realizados para incorporar al IMSS a las trabajadoras del hogar y la fijación del salario mínimo para ellas, por parte de las autoridades correspondientes, obligadas por las acciones organizadas de las mismas trabajadoras del hogar y aliados sociales, civiles y políticos.

Por la cuantiosa, aunque insuficiente, cantidad de recursos que recibe el IMSS de las aportaciones obrero-patronales es imperativo incorporar más cotizantes y con remuneraciones adecuadas, para fortalecer las finanzas de la seguridad social y con ello estar en condiciones de iniciar el proceso de creación de la infraestructura de cuidados, retomando la experiencia de guarderías, abandonas durante el neoliberalismo.

La misma jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha compartido su experiencia infantil en las entonces prestigiadas y disputadas guarderías públicas, que facilitaban el desarrollo profesional de las madres.

Con la actual estructura socio-demográfica del país de miseria endémica, carencia de seguridad social y envejecimiento es necesario iniciar la infraestructura de cuidados infantiles, de adultos mayores y personas con discapacidades.

Lo anterior cobra sentido, cuando se repara en la afirmación de Frigga Haug de que las relaciones de género en realidad son relaciones económicas; de subordinación de la reproducción (el hogar como espacio central) a la producción.[1]

No hay que esperar que el mercado retome su actividad y corrija automáticamente por sí sola su normalidad laboral pre-pandemia; una nueva normalidad implica que el sujeto político se atreva a promover cambios con perspectiva histórica. La jornada laboral de ocho o más horas, es rémora para más empleos decentes; es el pasado que debe dar paso a una reducción de seis horas, no sólo factible sino urgente para la realidad mexicana.

Urge actuar en clave feminista reorientando las políticas y acciones públicas atendiendo las desigualdades de género y admitir que la irrupción de la pandemia provocó para las mujeres, entre otras cosas: ascenso en el porcentaje de desempleadas y menores remuneraciones respecto al registrado en los hombres; concentración en el trabajo informal y en empresas pequeñas por ende, en sectores con mayor riesgo de contracción; empobrecimiento; sobrerrepresentación y mayor carga en los cuidados de los hogares pobres; mayor exposición a la convivencia con agresores o potenciales agresores; entre otras consecuencias ahondando las desigualdades y estrechando su autonomía.

El pasado 18 de febrero el Instituto Nacional de las Mujeres presentó el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024 ojalá este programa, lúcido y notablemente estructurado, realmente articule las acciones y políticas públicas (acompañadas de la movilización pertinente de recursos) para avanzar entre otros aspectos, en la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad y la construcción del sistema nacional de cuidados.

[1]Haug, Frigga (2021), “División sexual del trabajo, economía del tiempo y Buen Vivir. La perspectiva cuatro en uno”, Tribuna Comunista, número 422, pp. 64-72.