Rocío Luna
En México la corrupción está presente cada vez más en distintos sectores, incluido el agua. De acuerdo con Transparencia Internacional, “la crisis del agua es una crisis de gobernabilidad, provocada en gran medida por la corrupción que se encuentra diseminada por todo el sector”.
El agua que cada vez es más escasa sumémosle la corrupción que hay en su manejo, es por eso que combatir la corrupción en el sector se vuelve fundamental.
Hoy en día, sólo el 69% de los hogares en México recibe agua potable diariamente, siendo los pueblos marginados los que sufren del acceso al agua.
La presencia del soborno, captura regulatoria, nepotismo, influyentísimo o la mala asignación de recursos públicos en la gestión del agua tiene múltiples causas. No obstante, destaca la falta de transparencia; la ambigüedad, omisiones y laxitud del marco normativo; así como la débil capacidad de supervisión.
Para combatir la corrupción en la gestión del agua es necesario entender cómo opera, qué actores están involucrados y qué factores permiten su surgimiento. En términos de la gestión del agua, la falta de transparencia afecta la explotación y la distribución, así como el control de residuos. Por ejemplo, con información asimétrica sobre la disponibilidad de agua, el gobierno puede otorgar concesiones en zonas sobreexplotadas, beneficiando así a ciertos actores y afectando a comunidades enteras o a los ecosistemas. En la etapa de distribución, cuando existe opacidad sobre los ingresos y gastos de los Organismos Operadores de Agua públicos, se facilita el desvío de recursos. Finalmente, el desconocimiento sobre qué empresas contaminan obstaculiza el monitoreo y, por lo tanto, entorpece la rendición de cuentas.
Aunado a la información incompleta, también existen casos en los que la disponibilidad de agua que contienen las cuencas es modificada para permitir la extracción de agua por parte de actores económicos relevantes como son las mineras, ensambladoras de autos y refresqueras. Al respecto, un caso emblemático es el de la mina Peñasquito en Zacatecas donde, a través del análisis de los datos históricos, en el 2014 concluyeron que el nivel oficial de recarga del acuífero Cedros, del cual la mina se abastece, aumentó 5.4 veces entre 2007 y 2009, aunque ello no pudiera ser explicado por algún fenómeno natural de por medio ni se sustentara en los hechos. No sobra decir que el estudio en el que sustentaron las cifras oficiales fue elaborado por la misma empresa que aprovecha la mina (Conagua, 2015); (Congreso de la Unión, 2017).
En palabras de los autores, se creó “agua por decreto” en el tiempo en que se consolidó la instalación de la mina, a pesar de que ello pudiera representar un riesgo al equilibrio hídrico del lugar. A la fecha, si bien las cifras oficiales de disponibilidad del acuífero reflejan que este no está sobreexplotado, pobladores locales reportan escasez y sequía de los manantiales (Valadez, 2019), lo que incluso ha sido confirmado por la Conagua.
Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), descubrió que esto no siempre sucede así ya que, en 2015, de las de las 1,206 concesiones para aprovechamiento de las aguas superficiales otorgadas, el 4.1% se otorgó en cuencas con déficit, mientras que, en el caso de aguas subterráneas, sucedió en el 13.5% de los 8,087 títulos concesionados.
Otro caso es el de Tlahuapan, donde sus recursos hídricos nacen principalmente del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, y juegan un papel indispensable en la región más densamente poblada de la República. La recarga de estos acuíferos abastece buena parte de la zona Metropolitana de la ciudad de México, del Valle de Chalco, del Valle de Puebla-Tlaxcala y del Valle Cuautla-Cuernavaca. De los 40 pozos de la zona 16 son controlados por Nestlé. Las comunidades de Tlahuapan se enfrentan a una insuficiente disponibilidad de agua por la veda permanente, ya que el suministro de agua privilegia a las ciudades, a las embotelladoras de la región y a las empresas como la automotriz Volkswagen.
A principios de este año salió a la luz otro caso de corrupción y agua en dónde. Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además, fue investigada por destruir sin autorización un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia.
En conclusión, en México la corrupción corrompe todo, en este caso el sector de sistemas de aguas no se vio exento, y existen muchos casos de concesiones para explotarla irregularmente y que afectan el equilibrio ecológico y a la humanidad.