Rocío Luna
Las imágenes de cuerpos tendidos en las calles de Guayaquil, en Ecuador, han dado la vuelta al mundo y muestran el impacto sombrío que el coronavirus empieza a tener en América Latina.
Datos actualizados en Ecuador, que se acerca a los 4.000 infectados. Según el último informe oficial, han muerto 220 personas y 140 han recibido el alta. Con estas cifras ocupan el segundo en América latina después de Brasil, pero con la gran diferencia que Brasil tiene mucho mayor territorio y densidad poblacional. Aun así mucho se dice, y lo confirma el presidente Moreno, que las cifras oficiales se quedan muy cortas y la realidad esta mucho peor.
Varios ciudadanos de Guayaquil, la localidad más impactada por la pandemia de coronavirus, han solicitado al Gobierno de Ecuador la recolección de cuerpo de fallecidos a causa del COVID-19, pero la respuesta de las autoridades no ha sido la adecuada para hacer frente a las defunciones a causa del virus y esto es porque el número de casos va aumentando constantemente y esto satura tanto los hospitales y servicios funerarios.
El médico Ernesto Torres cree que la tragedia debe entenderse como un tema de salud pública, ya que, en sus palabras, esto "rebasa el ámbito de la medicina porque tiene que ver con políticas de Estado y del interés real de los gobiernos en la salud de su población". Para este experto en salud pública, en esta crisis se les ha dado demasiada importancia a los hospitales y no se ha trabajado a nivel comunitario.
Y argumenta que siempre está centrado en un ministro o en una ministra el tema de salud y no hay un Consejo de Salud que pueda generar una política especialmente de prevención, de promoción, de educación, ya que un análisis que hacen es que la población no acata las medidas preventivas y carecen de información oportuna.
En estas comunidades, sobre todo en las más periféricas donde se encuentran los cinturones de pobreza, se está produciendo "una verdadera y profunda crisis humanitaria", en palabras de Paúl Murillo, responsable del área de incidencia comunitaria del Comité Permanente de los Derechos Humanos, y esto es porque no tienen servicios de salud de calidad y cantidad.
Y mientras el pueblo del Ecuador sufre por la pandemia el gobierno tiene otras prioridades, y es por esto que La Federación Nacional de Abogados de Ecuador presentó el 6 de abril una denuncia ante la Fiscalía Penal Internacional contra el presidente Lenín Moreno y otros funcionarios del Gobierno, por priorizar el pago de la deuda en medio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19.
La denuncia se extiende a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al ministro de Finanzas, Richard Martínez; este último anunció a finales de marzo que Ecuador pagaría el capital de los bonos 2020 por cerca de $320 millones de dólares.
Por otro lado, adquieren una deuda ya que el Director Ejecutivo del Banco Mundial aprobó el martes 7 de abril un préstamo de $20 millones para el manejo de la pandemia generada por COVID-19 en Ecuador. Esta operación tiene como objetivo apoyar el plan nacional de respuesta ante esta emergencia sanitaria, "a través de un proyecto enfocado en la prevención y el tratamiento médico adecuado, fortaleciendo el sistema nacional de salud pública.
La mayor parte de esta crisis en Ecuador apunta a malos manejos de recursos públicos que deberían haber sido para el sector salud.