Declaración conjunta y llamado a la acción de organizaciones activistas haitianas -Partido Comunista de Canadá (márxista-leninista)
17 de julio 2021
En respuesta a la crisis en Haití, que se ha agravado a raíz del asesinato del Presidente Jovenel Moïse, nosotros, las personas y organizaciones firmantes, expresamos nuestras condolencias y simpatía a todas las familias haitianas que han perdido a un ser querido a causa de la violencia en curso. Reconocemos además que los activistas y defensores de los derechos humanos en Haití se enfrentan actualmente a un grave peligro mientras continúan trabajando por un futuro mejor para todos los haitianos.
A la luz de los terribles acontecimientos del mes pasado en Haití, incluida la masacre de Delmas 32 y el asesinato de alto perfil de la destacada activista Antoinette Duclaire y el periodista Diego Charles; los continuos combates entre pandillas y los ataques incendiados en barrios pobres que han desplazado a más de 18.000 personas; y el impactante asesinato de Jovenel Moïse en su casa en la noche del 6 al 7 de julio;
Considerando que el pueblo haitiano ha estado viviendo en un clima brutal de inseguridad que dificulta el acceso al trabajo, y que hay una creciente crisis alimentaria; que las cosechas han fracasado como resultado del aumento de las temperaturas y la alteración del clima; que la violencia de las pandillas ha bloqueado las carreteras y ha cerrado el acceso a los mercados, y más de 4,4 millones de personas no tienen suficientes alimentos para comer todos los días;
Considerando que los casos de COVID están aumentando, y que la falta de seguridad y la violencia de las pandillas hacen imposible que los materiales que salvan vidas lleguen a los hospitales en otras partes del país, al tiempo que bloquean el principal depósito de gasolina de la capital, lo que lleva a una escasez masiva de gas;
Instamos a la comunidad internacional a que se solidarizara con los llamamientos haitianos para que:
(1) Una solución haitiana. Los haitianos deben liderar la construcción del camino a seguir. Los actores extranjeros no deben imponer soluciones desde el extranjero. Incluso antes del asesinato de Moïse, las organizaciones haitianas han estado construyendo consenso para un gobierno de transición. Los gobiernos extranjeros y las instituciones internacionales no deben extralimitándose en su papel declarando quién tiene autoridad en Haití, en particular cuando eso entra en conflicto con la legislación haitiana.
Basta con mirar a la reciente misión de la MINUSTAH para ver que los esfuerzos extranjeros no logran crear instituciones democráticas públicas duraderas que son necesarias para que cualquier país funcione. A pesar de pasar 13 años y 7 mil millones de dólares —diez veces el PIB de Haití—, la misión de minustah dejó a Haití con más armas y menos democracia. La misión también afectó a los ciudadanos de Haití con la explotación y el abuso sexuales, dejando atrás a cientos de niños engendrados por personal de mantenimiento de la paz, y fue responsable de la introducción del cólera en Haití, matando a unas 10.000 personas.
(2) Un compromiso con un proceso democrático participativo. Después de décadas de intervención extranjera y políticas de ayuda que han desestabilizado a Haití, cada rama del gobierno haitiano ha sido sistemáticamente desmantelada, y la confianza pública en el gobierno de Haití ha disminuido a casi nada. Las organizaciones haitianas y la sociedad civil llevan mucho tiempo pidiendo un gobierno de transición para restaurar la estabilidad, la seguridad básica y la democracia. Haití debe tener un proceso de transición para reconstruir sus instituciones democráticas, y este proceso debe incluir a todos los sectores de la población de Haití.
(3) Asegurar que se den las condiciones para unas elecciones justas, participativas y creíbles antes de apresurar a Haití a las urnas. Las elecciones son una parte fundamental del proceso democrático. Sin embargo, deben ser libres y justas y percibirse como legítimas para fortalecer la democracia. Las elecciones no serán libres y justas sin un registro de votantes inclusivo, un órgano electoral independiente y legítimo y la seguridad necesaria no sólo para votar, sino también para hacer campaña antes del día de las elecciones. Una participación significativa requiere que las mujeres y otros grupos marginados también participen en el proceso electoral. Una carrera para celebrar elecciones en un plazo impuesto internacionalmente corre el riesgo de erosionar aún más la democracia en Haití.
4) Protección del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la vida. En los últimos tres años, todos los haitianos han aprendido que no hay seguridad; no hay ninguna garantía de que vayan a llegar a casa cuando se vayan. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los activistas son blanco frecuente de amenazas y ataques, y los trabajadores esenciales de la salud han resultado heridos y asesinados a causa de secuestros, ataques y violencia de pandillas. La violencia de género, incluida la violación, ha ido en aumento durante esta crisis, y miles de mujeres y niñas han sido desplazadas de sus hogares, lo que las hace aún más vulnerables.
Hace tres años, del 6 al 7 de julio de 2018, la evidencia emergente de que funcionarios del gobierno habían robado más de $ 2 mil millones de las arcas estatales y el aumento de los precios del gas desató la primera de una serie de protestas contra la corrupción y la impunidad. Estas movilizaciones masivas de haitianos a través de líneas políticas y de clase marcharon juntas para pedir rendición de cuentas y democracia. Fueron recibidos sistemáticamente con una brutal represión por parte del gobierno y la indiferencia de la comunidad internacional.
En los últimos tres años se han documentado 18 masacres en Puerto Príncipe. Los perpetradores han atacado a vecindarios activos en protestas de la oposición y no han sido responsabilizados. Los grupos de derechos humanos han documentado conexiones entre funcionarios y los grupos armados responsables de estas masacres, incluidos Moïse y otros ministros del gobierno. Además, algunos sostienen que estas masacres constituyen crímenes de lesa humanidad.
(5) Reconocimiento de cómo las intervenciones extranjeras han contribuido a las condiciones actuales en Haití. Si bien muchos están llamando a Haití un "Estado fallido", lo que vemos es el fracaso de siglos de políticas impuestas a Haití por la comunidad internacional, incluidas las políticas de ayuda, que priorizaron los intereses extranjeros y los logros a corto plazo sobre la democracia sostenible y la prosperidad para los haitianos. El terremoto de 2010 fue una oportunidad para reconstruir Haití con instituciones públicas sólidas. Sin embargo, a pesar de los cientos de millones de dólares de ayuda, toda la administración pública de Haití fue subcontratada a instituciones extranjeras y ONG.