Por Izcuauhtli Paz
En los últimos años los megaproyectos de extracción y exportación de minerales en México ha aumentado de 667 en 2010 a 1531 en 2018. Los estados en los que mayor número de proyectos mineros en desarrollo hay son Sonora, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán, Durango, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Veracruz, aunque el 50% de los nuevos proyectos se encuentran en Sonora Durango y Zacatecas.
Actualmente los minerales que más se extraen en nuestro país son la plata, el oro y el cobre, pero el ojo está puesto en todos los minerales. El carbón fue el combustible que impulso la Revolución Industrial, se ha utilizado para fundir el cobre en las minas, para proveer de combustible a los ferrocarriles, en la industria de la metalurgia y el acero.
Los principales yacimientos de carbón se localizan en los estados de Coahuila, Oaxaca y Sonora, el carbón ha sido un recurso económicamente rentable, pero las concesiones mineras hasta por 50 años se encuentran en manos principalmente de corporaciones extranjeras, que en múltiples ocasiones, devastan la biodiversidad, violan los derechos de la propiedad privada o social anteponiendo sus intereses corporativos, pasan por encima de las comunidades que habitan en donde se extraen los minerales, abusan del consumo de agua, sobre explotan los recursos minerales y humanos, con condiciones laborales decadentes, basta mencionar la negligencia por Grupo México que ocasionó la muerte de 65 mineros en la mina del carbón de Pasta de Conchos ubicada en Coahuila, hace 14 años, que hasta la fecha sigue sin resolver el conflicto.
El carbón es un recurso no renovable, detrás del petróleo, el segundo combustible energético utilizado en el mundo. En nuestro país hay tres plantas carboeléctricas, que producen electricidad a partir de la quema de carbón, dos en Coahuila (Río Escondido y Carbón II) y otra en Guerrero (Petlacalco), pero esta última requiere carbón importado. Ambas representan el 9.4% de la generación eléctrica del país y el 22% de la producción de gases de efecto invernadero nacional. Los países que, más dióxido de carbono emiten al planeta son China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Indonesia, Canadá y México.
Grupo México, Minera Frisco, Compañía Minera Autlán, Iberdrola México, Altos Hornos, Industrias Peñoles, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Bachoco, Grupo Aeroméxico, entre otras, son catalogadas como empresas de impacto alto, con una alta liberación de gases de efecto invernadero en sus procesos de producción o extracción.
Se pretende reactivar la economía de Coahuila mediante la adquisición de carbón, en la región en donde se concentra el 95% de las reservas de este mineral, la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo del gobierno federal y estatal de Coahuila anuncio hace unos días que gastará alrededor de 2,000 millones de pesos en la compra de 2 millones de toneladas de carbón y generará electricidad en dos plantas de la compañía. Esta adquisición está prevista para 18 meses, es decir hasta diciembre del 2021.
Las cuevas de arrastre llamados pocitos o minitas, son formas de extracción ilegales que todavía se utilizan, responsables del 58 por ciento de los accidentes mortales de los trabajadores mineros. La Comisión Federal de Electricidad declaró que, de las 75 empresas a las que se les adjudicó la compra de carbón, únicamente 15 cumplen con los requisitos necesarios para hacer negocio con la Comisión, el resto, sigue pendiente de cumplir disposiciones ambientales y laborales. No es claro a que empresas están adjudicados los contratos.
Sin duda, hay una problemática económica y social en la región carbonífera de Coahuila que se debe atender, es necesario revalorar el seguir impulsando prácticas que tengan elevadas emisiones a la atmósfera, el impulso de energías renovables que contrarresten los efectos del cambio climático, el mejorar las condiciones laborales en el sector minero y garantizar la seguridad de los trabajadores, y la regularización dentro de la Ley Minera y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de las practicas que se llevan a cabo para la extracción y sus daños a la sociedad y el ambiente.