La ley y la construcción del buen gobierno del agua

Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns

Integrantes de Agua para Tod@s, Agua para la Vida


Primer Congreso de Ciudadanos por la Sustentabilidad del Agua, Rectoría General de la UAM, 2012.


Autor

Diálogos Ambientales

Fecha de publicación

18 de junio de 2020


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Hoy es más urgente que nunca entrar en una nueva etapa en la gestión del agua en México.

Por un lado, la reforma al artículo 4 constitucional exigió contar en febrero de 2013 con una nueva Ley General de Aguas que sentaría las bases para la participación ciudadana y gubernamental con el fin de lograr el acceso equitativo y sustentable. Hasta la fecha, debido a enormes resistencias por parte de los beneficiarios de la ley actual, la tarea sigue pendiente. Por otro lado, enfrentar la contingencia sanitaria debida a la pandemia de COVID-19 hace aún más apremiante el cumplimiento del mandato constitucional. Bajo la actual Ley de Aguas Nacionales, cuyo objetivo fue concesionar las aguas, 36 millones de mexicanos tienen agua sólo ocasionalmente, y el 30% de las clínicas rurales funciona sin el vital líquido. A lo largo de ocho años, se ha construido una propuesta desde la ciudadanía y los pueblos, la Iniciativa Ciudadana; a la par, parece existir la voluntad política para lograr una transformación profunda de los actuales modelos de gestión.



La Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos ha fallado por diseño. Creada en diciembre de 1989 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, su primera tarea fue la redacción de la Ley de Aguas Nacionales. Esta ley –vigente hasta la fecha– erigió a la Conagua como “autoridad del agua”, sin contrapesos, y sometió las aguas de la nación a un sistema de concesiones, convirtiéndola en objeto de operaciones de compra-venta sin mecanismo alguno para garantizar el respeto a los derechos humanos, a los pueblos o al medio ambiente.


Entonces, aquí estamos: la Conagua ha otorgado 538 mil concesiones de agua, 47% en violación de vedas. Dos de cada tres mexican@s dependemos de acuíferos que están sobreexplotados. El presupuesto federal para 2020 sólo cuenta con $2.4 mil millones de pesos para obras de agua y saneamiento, mientras se gastan $70 mil millones en agua embotellada. Aunque la contaminación del agua resulta en más de $100 mil millones en daños a la nación –de acuerdo con datos del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)–, la Conagua no exige permisos de descarga a los usuarios industriales y sólo cuenta con 85 inspectores en todo el país.


La primera propuesta para el nuevo marco legal surgió desde la ciudadanía y los pueblos, quienes, en el Primer Congreso de Ciudadanos para la Sustentabilidad del Agua, realizado en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el 7 y 8 de diciembre de 2012, elaboraron las bases de un articulado plan que fue presentado a la prensa en febrero de 2013.


Desde entonces, esta propuesta ha sido revisada y fortalecida en cientos de talleres, foros y seminarios, para generar propuestas en torno a las grandes preguntas que enfrentamos: ¿Quiénes deben de decidir sobre el agua y con base en qué criterios? ¿Cuáles deben ser las instancias de coordinación entre la ciudadanía, los pueblos y los gobiernos, y cómo se deben construir? ¿Cuáles son los instrumentos que requerimos para salir del caos actual y lograr una transición planificada y consensada hacia la sustentabilidad con equidad?


El 4 de febrero de 2020, representantes de pueblos, investigadores y organizaciones de todo el país presentaron la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA) a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El 4 marzo, 34 senadores sometieron la misma propuesta al Senado. Debido a su trascendencia, se busca que sea dictaminada por conferencia entre ambas cámaras a través de un proceso abierto.


Sustentada en la Constitución y en la Observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la ICLGA tiene entre sus principales elementos:


1. Consejos democratizados para la gestión planificada de cuencas y sus aguas


Se propone la conformación de consejos de aguas y cuencas por cada escala de manejo, es decir a escala local, de zona y regional, empezando con 32 Consejos Regionales. Cada uno de ellos contaría con representantes de pueblos indígenas, juntas municipales, sistemas comunitarios, productores de alimentos, afectados hídricoambientales, investigadores, defensores de derechos humanos y del ambiente, y empresas sustentables. Tales representantes serían elegidos por asambleas encargadas de hacer cumplir los derechos humanos asociados al agua.


Los consejos elaborarían los planes rectores, reorientarían el sistema de concesiones e intervendrían en las decisiones que pudieran afectar sus aguas. Cada consejo contaría con una unidad ejecutora de la Conagua, la cual proveería la información necesaria para sus procesos deliberativos y se dedicaría a ejecutar sus planes y decisiones.


2. Planes Rectores


Cada consejo convocaría a comités técnicos, de participación abierta, para generar propuestas en torno a las problemáticas de su región. Entre éstos estaría la restauración y monitoreo del caudal ecológico; la eliminación progresiva de la contaminación; la implementación de medidas frente a sequías, inundaciones y cambio climático; el diseño de acciones para la sustentabilidad hídricoalimentaria; y estrategias para lograr el acceso equitativo y universal a servicios.


Al aprobarse en su consejo, estas propuestas formarían la base del plan rector para la región, a ser ejecutado por la Conagua, las comisiones estatales y los organismos municipales.


3. Derechos, asignaciones y concesiones para el acceso equitativo y sustentable


La ICLGA prevé mecanismos para reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus territorios, así como las dotaciones de agua destinadas a ejidos y comunidades sin el artificio de la concesión.


Cada consejo regional determinará el volumen de acceso estándar para garantizar el suministro a todos sus habitantes, a ser asignado a los sistemas municipales, comunitarios o metropolitanos. Los sistemas que garantizan estos volúmenes podrán tener acceso también a asignaciones secundarias para otros usos.


La Constitución considera que el acceso a aguas nacionales es sobre todo un derecho humano y de los pueblos. En segundo lugar, es un privilegio a ser gozado siempre que el concesionario cumpla con los condicionantes requeridos para “asegurar una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población”.


En este sentido, cada consejo regional determinará los ajustes en los volúmenes concesionados para determinar que sean los necesarios para lograr el acceso equitativo y sustentable mandatado por la Constitución, dando atención prioritaria a las concesiones de volúmenes mayores a un millón de metros cúbicos al año. Cada consejo regional tendrá unas 330 de estas “megaconcesiones” en su territorio, principalmente en manos de empresas energéticas, mineras, distritos de riego, agroexportadoras, cerveceras, embotelladoras, papeleras, siderúrgicas y otras industrias contaminantes.


Para corregir los desequilibrios, los consejos exigirán que la Conagua extinga las concesiones en donde haya intervenido error, dolo, vicio o información falsa en sus procesos de otorgamiento. De la misma manera, exigirán la revocación de las grandes concesiones en donde el titular haya incumplido con su obligación de medir, pagar derechos o respetar la normatividad en relación con descargas.


Estos titulares podrán solicitar nuevas concesiones bajo el esquema de la Ley General, en donde la concesión es concebida como instrumento de planeación. Las grandes concesiones y las asociadas con actividades contaminantes serían bianuales, automáticamente renovables –con ajustes por disponibilidad–, siempre y cuando comprueben el cumplimiento de los condicionantes aplicados a su concesión. Cada concesión cubriría todo el ciclo de uso; las descargas tendrían que cumplir con normas por rama industrial y metas de calidad del cuerpo receptor. Quien incumple, pierde acceso al agua; el funcionario que no haga cumplir la normatividad será inhabilitado. Además, habría un límite al volumen de agua que una empresa o individuo podría concesionar en el país.


El bueno gobierno… el mal gobierno


4. Democratización y autogestión de servicios de agua y saneamiento


Aunque una nueva generación de leyes estatales determinará los detalles, la ICLGA pone las bases para la participación ciudadana en los consejos de administración de los sistemas municipales de agua y saneamiento, y garantiza el reconocimiento y el control democrático de los sistemas comunitarios, así como los que hayan estado en manos de empresas inmobiliarias. Representantes de los sistemas de agua conformarían juntas municipales, las cuales elaborarían planes municipales para el acceso equitativo y sustentable, y tendrían capacidad de vetar las autorizaciones que pongan en riesgo el derecho humano al agua de sus habitantes.

Cuadro Relación entre gasto y costo de la contaminación del agua


5. La economía del derecho humano al agua


La manera más económica de cumplir con el derecho humano al agua es a través de un sistema fiscal y de pago de derechos que logre que los que obtengan mayores beneficios de las aguas nacionales y de la economía del país ayuden a cubrir el costo de garantizar los derechos básicos de todas y todos. En contraste, en 2016 surgió el Panel de Alto Nivel sobre el agua, que fue un llamado a buscar un mayor financiamiento mediante “mecanismos innovadores” para el sector hídrico. En la práctica, esto equivalía, de manera velada, al impulso de iniciativas para privatizar el agua. Enrique Peña Nieto fue nombrado copresidente de este panel, iniciativa conjunta entre el Secretario General de la ONU y el Presidente del Grupo del Banco Mundial. Con las miras puestas en estos “mecanismos innovadores”, los recursos federales para agua y saneamiento se redujeron de $14.4 mil millones en 2016 a $2.5 mil millones para 2020. Además, el presupuesto de 2020 para la fracturación hidráulica (fracking) fue cuatro veces mayor al otorgado para obras locales de agua y saneamiento en plena violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que exige la aplicación del máximo de recursos disponible y prohíbe la regresión.

El 22 de marzo de 2015, organizaciones de todo el país se reunieron frente a las oficinas nacionales de la Conagua para rechazar la Iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por el entonces Director General de este organismo, David Korenfeld.

Los objetivos del buen gobierno del agua en el terreno económico, en oposición a la tendencia privatizadora, contemplan:

• Lograr que el presupuesto público para obras locales de agua y saneamiento –sin incluir gastos corrientes de la Conagua– sea 0.4% del PIB, es decir $75 mil millones; y que sean instancias ciudadanas las que garanticen su aplicación adecuada. Esta inversión generaría empleos y bienestar a largo plazo en cada rincón del país.

• No cobrar derechos por los volúmenes de agua requeridos para garantizar el acceso estándar de cada hogar.

• Aplicar la tarifa subsidiada de luz a los sistemas comunitarios de agua –este subsidio se utiliza actualmente para bombear agua a los agroexportadores–.

• Cerrar la puerta a la privatización de obras hidráulicas y sistemas municipales, dado que sólo representa deuda escondida y se realiza bajo términos opacos y desfavorables.

• Cobrar derechos sustantivos a los grandes usuarios del agua, proporcionales al beneficio que perciben por acceso a aguas nacionales, incluyendo a los agroexportadores, actualmente exentos del pago de derechos.

• Potenciar la Contraloría Social del Agua para garantizar una buena aplicación de los recursos a todo nivel de gobierno.


6. Instrumentos para la protección y defensa del agua


En la ICLGA se condicionan las formas de aprovechamiento del agua por uso, y no se permite el uso de aguas nacionales para la minería tóxica ni la fracturación hidráulica, dado que estas prácticas generan daños irreversibles a las cuencas y acuíferos, lo que es violatorio de los derechos de las generaciones actuales y futuras.

En cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), se propone que cualquier autorización que pudiera vulnerar los derechos al agua tenga que contar con un Dictamen de Impacto Sociohídrico emitido por un panel sin conflictos de interés nombrado por el respectivo consejo regional. Este dictamen tendría que demostrar que la obra, actividad o concesión propuesta no vulneraría el derecho humano al agua, ni aquel de los pueblos, y avalaría que las poblaciones potencialmente afectadas hayan dado su consentimiento libre, previo e informado.


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