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Lawfare recargado en Ecuador

Javier Calderón Castillo, Nery Chaves García, Constanza Estepa y José Roberto Ruiz. Revista Contralínea.

5 ABRIL, 2021

El lawfare en Ecuador es una realidad. Ha tenido una evolución particular, mostrando distintas fases y formas de aplicación desde 2017, cuando el Poder Ejecutivo, en cabeza de Lenín Moreno, impulsó la proscripción del movimiento político que lo llevó al Gobierno como parte de la disputa geopolítica regional de las derechas por la restauración neoliberal en sinergia con los EE. UU. La persecución personal contra el expresidente Rafael Correa fue la primera fase del lawfare, con una activa participación de los medios de comunicación y de un sector del Poder Judicial, se iniciaron 40 procesos judiciales con una condena a priori impuesta por periodistas, por las agencias de los EE. UU. y por el propio arco político-económico que consolidó una coalición de gobierno en torno a Moreno, con el Partido Social Cristiano (PSC) y la Alianza CREO, de Guillermo Lasso.


Esa primera fase concluyó con la proscripción política de Correa al ser sentenciado en un proceso judicial irregular llamado primero “Arroz verde” y posteriormente, con un nombre más mediático, “Caso sobornos”, luego de condenar al vicepresidente Jorge Glas a seis años de prisión. Sin embargo, esta persecución personal no acabó con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Ese movimiento tuvo buenos resultados en las elecciones locales de 2019, imponiéndose en la prefectura de las provincias de Manabí y de Pichincha, dos grandes distritos electorales.[1] Además, Correa ya se había medido en el referéndum/consulta popular de 2018, convocando a votar en contra de las modificaciones constitucionales y logrando aglutinar cerca del 32 % de los votos.[2] La persecución y proscripción de Correa y Glas no fueron suficientes para enterrar el proyecto político progresista.

La permanencia de Correa en la escena política, con un respaldo de más de un tercio de la población, desencadenó una nueva fase de lawfare orientada a perseguir a la nueva generación de líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana y a borrar de las instituciones cualquier tipo de influencia política de dicho proyecto político, consolidando una verdadera cacería auspiciada por Moreno, Lasso, el PSC y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, nombrada en ese cargo con el objetivo expreso de profundizar la guerra judicial, impulsando un “lawfare recargado” [3].

En la reinstauración del neoliberalismo, Moreno y el círculo restaurador acordaron un nuevo endeudamiento de Ecuador con el FMI, recortaron salarios y facilitaron aumentos a la gasolina que desataron movilizaciones sociales de gran envergadura. En octubre de 2019, trabajadores, indígenas y población en general tomaron las calles en contra de las medidas de ajuste del Gobierno. En este contexto, se generó una nueva narrativa de la guerra judicial, ya no centrada en la corrupción, sino que se judicializó a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y a otros líderes del proyecto de la Revolución Ciudadana, bajo la acusación de rebelión. Una situación que provocó el exilio de otras y otros líderes de esa extracción política, como Gabriela Rivadeneira, al quedar expuesta la decisión estatal de detener y proscribir a las nuevas generaciones de progresistas, identificadas con el expresidente Rafael Correa.

Primera fase: Lawfare teledirigido

Cuarenta procesos judiciales en contra del expresidente Rafael Correa explican una sistemática persecución con el objetivo específico de proscribir su acción política y su movimiento. Una guerra judicial que no cesa y que cumplió su cometido. E