Por Pedro Moctezuma Barragán*, Aristegui Noticias. 15 de diciembre 2020
Ha corrido como pólvora la noticia el CME Group de Chicago, que controla el mercado a futuro más grande del mundo, lanzó en Wall Street el índice del Agua de Nasdaq Veles California (con el símbolo de cotización NQH2O). Las dinámicas de especulación son resultado de una creciente escasez a causa de la contaminación del agua y de sequías asociadas con el cambio climático, que no han sido mitigadas ni corregidas con leyes y políticas hídricas adecuadas. La alarma cunde por las consecuencias del batido de alas de la mariposa bursátil.
El Relator Especial de la ONU para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, Pedro Arrojo, declaró que “la noticia de las transacciones con el agua en el mercado de futuros de Wall Street, muestra que el valor del agua como un derecho humano básico, estrechamente ligado a toda nuestra existencia y modo de vida, y componente esencial para la salud pública, está ahora bajo amenaza”. Hoy más que nunca tenemos el reto de lograr que el agua no se rija por el interés de lucro. Esto es una causa adoptada por varios países del mundo y enarbolada también por el Papa Francisco en su Enciclica Laudato Si.
Sin embargo, en México el proceso de mercantilización del agua lleva ya cuatro décadas. Se aceleró en la Ciudad de México cuando los daños causados por los sismos de 1985 colapsaron la calidad del agua en el sistema de agua potable y las autoridades antes que corregir los desperfectos en la red, propiciaron su venta en botellas por parte de las refresqueras, ahora con un mercado de alrededor de 75,000 millones de pesos contra los 2.400 millones del Presupuesto Federal de 2020 para infraestructura de agua potable y saneamiento. En la actualidad, el 70% de las aguas concesionadas están en manos del 2% de los concesionarios. En muchos lugares la adquisición del vital líquido se da vía la compra de concesiones a los grandes acaparadores.
Aunque nuestra constitución en su artículo 27 es muy clara sobre la soberanía de la Nación sobre el agua, cuyo dominio es inalienable e imprescriptible y los particulares pueden tener acceso a ella solo por medio de concesiones. A contrapunto, la aún vigente Ley de Aguas Nacionales nació en 1992 precisamente con la intención de crear el mercado del agua en México y estableció que nuestras aguas serían operadas a través de un sistema único de concesiones, que podrían ser objeto de transacciones de compra-venta. Las dinámicas de especulación estimuladas por la Conagua, han llevado al sobre concesionamiento del agua en las cuencas y acuíferos en donde habita dos terceras partes de los mexicanos.
A partir de hoy, el índice de cotización NQH2O podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua. En México existen bufetes que ya realizan avalúos para determinar el valor de concesiones de agua para las empresas titulares. Ello tenderá a provocar mayores distorsiones en su acopio y distribución y eventualmente, el alza de su precio, excluyendo a las mayorías del acceso suficiente, accesible y saludable al vital líquido, en plena pandemia.
¿Cómo evitar este designio? No estamos lejos de lograrlo. El 4 de febrero del presente año, 198,129 ciudadanos presentamos una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que fue seguida de tres iniciativas similares presentadas por legisladores en el Congreso de la Unión, con quienes hemos construido consensos en línea con las normas internacionales sobre el Derecho Humano al Agua firmadas por México y con la reforma al artículo 4 constitucional de 2012, que instaura el derecho de toda persona al acceso equitativo y sustentable de los recursos hídricos y establece el papel de la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para garantizar dicho derecho.
Le toca a la LXIV legislatura la dictaminación de las iniciativas y la obligación constitucional tan rezagada de emitir una Ley General de Aguas basada en el derecho humano al agua, la toma de decisiones en instancias de cuenca democratizadas y el impulso a procesos de planeación vinculante para poner fin al acaparamiento y sobre concesionamiento del agua, así como a la sobreexplotación de la misma, asegurando los derechos a un ambiente sano, una economía sustentable y justicia hídrica para todos.
Por nuestro lado, los ciudadanos somos corresponsables de instar a nuestros representantes de dotarnos del marco legal que propicie el cuidado del agua en casa, para no perderla en el casino de los mercados bursátiles.
*Coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad e la UAM, Integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida y miembro del SUSMAI-UNAM.