Pedro Moctezuma Barragán AN 26 de julio 2022
"Sin Ley, la gente de Monterrey se ha quedado sin agua", escribe el Coordinador General del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM. La crisis hídrica es consecuencia directa de un marco legal que ha puesto el recurso en manos de unos pocos, asegura.
La crisis del agua en Nuevo León es consecuencia directa de un marco legal que no solo ha puesto el agua en manos del mercado, sino que ha subsidiado el derroche. Para prevenir un colapso hídrico generalizado, urge cumplir con el mandato Constitucional contenido en la Reforma al Artículo 4º de febrero de 2012, de emitir una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable con participación ciudadana.
Hasta ahora, por obstáculos puestos por los multimillonarios del agua, no se ha conseguido cumplir con éste compromiso vital. Ni siquiera la 4T, ni una Iniciativa Ciudadana, ni el proyecto de Dictamen ya consensuado entre ésta y cuatro iniciativas de senadores y diputados, que ha sido avalada por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos al agua y saneamiento, Pedro Arrojo, lo han logrado. Sin agua no hay vida. Ante la grave situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentenció el 24 de enero pasado la omisión del Congreso de la Unión.
Sin Ley, la gente de Monterrey se ha quedado sin agua. Ello dado que la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), salinista, determinó que las aguas de la Nación serían administradas a través de concesiones otorgadas en orden de solicitud, a ser libremente vendidas y compradas. Su Exposición de Motivos explica que crearía “mercados del agua” a través de los cuales el agua se quedaría en las manos de los que hagan un uso “más productivo” de ella.
Hoy en día el 55% del volumen concesionado del deficitario Acuífero Área Metropolitana de Monterrey están en manos de usuarios industriales. Obtienen sus volúmenes de la Conagua, prioritariamente y sin interrupción, a un costo de $10 por metro cúbico. Han logrado esta tarifa extraordinariamente baja gracias a la vulnerabilidad de temas del agua a presiones por los grupos de poder: el Artículo 231 de la Ley Federal de Derechos creó un estado de excepción sin fundamento, que permite que usuarios industriales en Monterrey y otras ciudades del norte, para que no tengan que cubrir los $26 por metro cúbico que deben pagar por extraer agua de acuíferos sobreconcesionados.
Monterrey cuenta con una “línea morada” de aguas tratadas, con un costo de $14 por metro cúbico. Sin embargo, esta línea tiene poca demanda dada la baja tarifa que se les cobran para agua “de primer uso”, ello a pesar de ser la vía sustentable para lograr reservas de agua potable para familias y comunidades sedientas.
En contraste, los usuarios domésticos de Monterrey tienen que obtener su agua, cuando lo logran, a través del Servicio de Agua y Drenaje, vía tandeo, a un costo de $13.49 por metro cúbico. Se subsidia el derroche por parte de los usuarios industriales, mientras que se predica el ahorro a los usuarios domésticos y se busca culpabilizar al ciudadano de a pie.
Urge una Ley General de Aguas para corregir las distorsiones detrás de la crisis en Nuevo León. Se requiere eliminar la vía de acceso privilegiada que actualmente gozan los grandes concesionarios industriales. Sus volúmenes deben ser transferidos al organismo operador de su localidad, quienes por su parte deberían estar obligados a priorizar el agua para el uso doméstico y servicios básicos. Los organismos deben cobrar tarifas diferenciales para usuarios industriales, las cuales aumentarían según el volumen utilizado. Esto incentivarían el ahorro y el reuso, y generaría los recursos requeridos para reparar fugas; para optimizar fuentes locales y para garantizar servicios de calidad a zonas marginadas.
Se requiere transparentar el manejo de presas y aprobar criterios que garanticen reservas para el consumo humano. Esta crisis era previsible, actualmente bajo la LAN, se acostumbra distribuir hasta la última gota priorizando a refresqueras, cerveceras a agroexportadores, que sacian la sed de los estados norteamericanos también afectado por la sequía). Al haberse vaciado las presas Cerro Prieto y La Boca en otoño de 2021 se aposto todo al arribo de un próximo huracán poco previsible bajo las tendencias de precipitación dominantes en una ya pronosticada situación de sequía extrema y excepcional.
Necesitamos lograr una Ley de Aguas que priorice el acceso equitativo y sustentable, con participación ciudadana, centrada en el derecho humano al agua instrumentado vía planes rectores vinculantes aprobados por consejos de cuenca democratizados y nuevos instrumentos, como dictámenes de extremo estrés hídrico aprobados en dicha instancia, con participación de expertos y de afectados ambientales, que garanticen aliviarnos de la sed, la enfermedad y las muertes fácilmente evitables que provoca la LAN, la cual debe ser abrogada. En los últimos diez años desde la aprobación de la Reforma del Artículo 4º Constitucional, esto no ha sido fácil, debido a que, durante los 30 años bajo la ley actual, los grandes aguatenientes han aprovechado el mercado para fortalecerse desmedidamente, permeando tanto al Legislativo, como al Ejecutivo a cada nivel.
Afortunadamente, por otro lado, se ha ido acumulando músculo ciudadano y comunitario sobre el tema. Enormes movimientos descarrilaron la ley Korenfeld, la Ley Mancera, la ley Kiko Vegas, la ley Mata Flores, y estas mismas fuerzas sociales están preparadas para frenar el intento de simulación que los presidentes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos de las dos Cámaras ya están preparando, y centrar la discusión en una sólida iniciativa de Ley General de Aguas acorde con el espíritu y el texto constitucional
Recuperar el vital líquido como bien público y derecho humano requerirá de un decisivo acto de voluntad política, fundado en el mandato desde el 1 julio de 2018, que obligue a los legisladores elegidos bajo la bandera de combate a la corrupción y acceso al agua, a desmontar esta pieza clave del andamiaje neoliberal. Sin agua, el motor de la 4T se desviela. La crisis seguirá profundizándose hasta que finalmente se logre cumplir plenamente con el vital mandato Constitucional.
El acceso al agua de calidad para todas y todos los mexicanos, es un derecho llave para gozar de salud, alimentación y ecosistemas sanos. Pongamos en nuestras manos la tarea de lograrlo.
Pedro Moctezuma Barragán es Coordinador General del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs. Agua para la Vida.