Pandemia, Corporaciones y Salud Pública

Pablo Moctezuma Barragán.

La pandemia ha ocasionado en el mundo casi 5 millones de muertes, y 241 millones de infectados, de los cuales millones siguen con secuelas derivadas de la infección de Covid-19. Esta crisis encontró a la humanidad desprotegida, dado que los sistemas de salud en todo el mundo están por lo general desmantelados y privatizados.


No obstante, la pandemia ha sido un gran negocio, la Organización Mundial de Comercio, informó el 18 de octubre que había fracasado su propuesta de suspender de manera temporal las patentes para facilitar la autosuficiencia en vacunas en todos los países, pues los gobiernos de las potencias, controlados por las corporaciones se han negado rotundamente. Para ello lo que cuenta es la acumulación de ganancias, no el bienestar de las personas.

La salud se ha vuelto un negocio de las corporaciones. Los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, promovieron el endeudamiento de los países y luego impusieron reformas para recortar el gasto público en salud y educación para privatizarlos paulatinamente.

La pandemia fue su gran oportunidad de disparar ganancias, a lo largo de la pandemia las empresas farmacéuticas acumulan una ganancia de más de 200,000 millones de dólares, lucran con las necesidades básicas y no solo no ayudan cuando existe una emergencia sanitaria, sino que afectan la salud de toda la población, la población mexicana en una situación de desnutrición acompañada de obesidad y de diabetes causada por los alimentos chatarra que venden y promueven las corporaciones, que tienen dos negocios: enfermar a la gente produciendo alimentos nocivos y ya con enfermedades crónicas medicarlos toda su vida.

Los refrescos y la comida chatarra debilitan el sistema inmune, destruyen los dientes, dañan los huesos, provocan diabetes, alteran los nervios, producen insomnio, deshidratan y daña al estómago por exceso de azúcar y químicos. Prevenir enfermedades es lo más importante, pero recordemos como recientemente corporaciones alimenticias cabildean para echar atrás la reforma del nuevo etiquetado de advertencia, no les interesa promover una alimentación sana. Coca-Cola, Pepsi, Bimbo y Nestlé, estuvieron entre las empresas que pidieron que se retrase la ley de etiquetado a alimentos procesados. Aún con el etiquetado usan todos los mecanismos de comercialización para vender sus productos sin importar las consecuencias.

Además, como lo ha denunciado el ganador del Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts, las grandes farmacéuticas operan dentro del sistema capitalista, anteponiendo los beneficios económicos a la salud y deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades porque curar no es tan rentable como la cronicidad. A su vez ha denunciado como las grandes compañías farmacéuticas en Estados Unidos gastan cientos de millones de dólares al año pagando a doctores para que éstos promuevan sus medicamentos.

La medicina tradicional les ha estorbado y todas las prácticas relacionadas con la salud comunitaria y los saberes ancestrales. Durante miles de años en nuestras tierras se buscó curar a las personas con hierbas, frutas, alimentos naturales, pero eso no es negocio y por todos medios buscan que los gobiernos prohíban los medicamentos naturales y la medicina alternativa que les “quita mercado”.

Richard J. Roberts también ha señalado que los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas, una persona sana no es negocio, en cambio sí lo es desarrollar medicamentos cronificadores que sean consumidos de por vida. No investigan, ni promueven y hasta ocultan medicinas que pueden curar totalmente al paciente. Pero la salud es un derecho, no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un medio para ganar dinero.

Así mismo usan los poderosos medios de comunicación y redes sociales que controlan para promover un modo de vida poco sano y no buscan la prevención, que es lo básico para la salud y el bienestar, induciendo hábitos y prácticas nocivas y el consumo en exceso de productos dañinos. Y por último casi no pagan impuestos, buscando subsidios públicos a toda costa.

En México comienzan a verse acciones, después de 25 años la Procuraduría Federal del Consumidor hizo justicia denunciando y prohibiendo comercialización de quesos falsos, beneficiar a la salud de los mexicanos, también se han retirado para siempre del mercado sopas instantáneas como Maruchan, Otogi y otras.

Y está el tema del Glifosato y los transgénicos. Las Corporaciones afirman que el maíz transgénico “no hace daño” y que además es resistente a plagas y herbicidas. Pero lo que no dicen es "que tiene sustancias químicas necesarias para su cultivo que son peligrosas para la salud". Ni cuenta con las sustancias anticancerígenas del maíz. La transnacional Bayer-Monsanto, el Consejo Nacional Agropecuario, el Grupo Xacur, Velsimex y asociaciones civiles financiadas por agroindustriales estuvieron detrás de los 26 amparos que buscaron echar abajo el decreto presidencial que ordena la paulatina suspensión de importaciones del carcinógeno que además produce encefalopatías, autismo, parkinsonismo y malformaciones según ha informado puntualmente Zósimo Camacho en Contra línea. Afortunadamente en este mes de octubre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo impulsado por trasnacionales agroalimentarias, y ratificó la prohibición de la siembra y comercialización de transgénicos y la prohibición paulatina de importar a México el herbicida glifosato, tal como lo establece el decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020. Las empresas impulsoras del amparo indirecto fueron: Monsanto, Syngenta Agro, Dow AgroSciences y PHI México, filial de Dupont. Luchan con todo a favor de sus intereses y de espaldas al interés de la gente.

Uno de los principales problemas para la salud popular y la sana alimentación es la falta de agua que es acaparada por las grandes empresas mineras, refresqueras, lecheras, cerveceras, por los poderosos consorcios inmobiliarios que han cabildeado para que no se apruebe la Nueva Ley de Aguas que está pendiente desde 2013 y que incluso la 64 legislatura (2018-2021) no quiso aprobar. Además de las afectaciones a las comunidades por megaproyectos y sus políticas que despojan territorios enteros e implementan políticas urbanas y rurales que evitan la recarga de los mantos acuíferos, contaminando los cuerpos de agua, así como aire y tierra. Notablemente la minería tóxica es responsable de serios daños a la salud. Y hablando de contaminación, la industria automotriz y su enorme crecimiento, ha sido una de las principales causantes del calentamiento global y del deterioro ambiental en el mundo, desplazando a los transportes menos contaminantes como el tren, el trolebús eléctrico y la bicicleta. Hoy se pagan las facturas por el extractivismo, la explotación irracional de los recursos naturales y humanos, por parte de las corporaciones capitalistas, que tienen como otro gran negocio la industria bélica. No hace falta decir que la guerra y el armamentismo dañan al extremo la vida humana y a la naturaleza.

El FMI responsable de los recortes en salud durante décadas, ahora ha insistido para que todos los países se endeuden aún más, incluso ha presionado a México a qué nos endeudamos más, y si bien en gran medida no se ha contratado deuda adicional en este sexenio la deuda sigue creciendo sin parar, por el usurero costo financiero de la deuda heredada del pasado, llegando a 12 billones 561 mil 967 millones de pesos en agosto pasado. En lo que va del sexenio actual la deuda se ha incrementado en 2 billones 10 mil 249 millones de pesos. Y tan solo el pago de intereses continúa, para el mes de agosto del presente año, sumó la cantidad de 422,431 millones de pesos.

En la pandemia, no solo sigue engordando la oligarquía financiera, sino que en general los grandes magnates se han enriquecido como nunca. En marzo de 2020 la riqueza de los multimillonarios de Estados Unidos ascendía a unos 3 billones de dólares y ahora en octubre de 2021 se estima en unos 5 billones de dólares, según la Revista Forbes.

Para este mes de Octubre, un grupo de 13 empresarios mexicanos, encabezado por Carlos Slim Helú y familia, amasa una enorme fortuna de 136 mil 300 millones de dólares en 2021, cantidad que superó 35 por ciento a la que poseían antes de la pandemia.

Además, no quieren perder privilegios ni pagar impuestos o servicios y buscan obtener subsidios del gobierno. Esto se ve claro en la reacción y la campaña de las corporaciones extranjeras y nacionales que se oponen a la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador. En lo que va del año la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha perdido más de 400 mil millones de pesos por el esquema al cual fue obligada a operar después de la reforma energética impulsada en el sexenio de Peña Nieto, dijo Rocío Nahle García, Secretaria de Energía (Sener). La participación de corporaciones en el sector eléctrico, por la reforma energética de 2013, creó un mercado eléctrico paralelo, defraudación fiscal y pagos millonarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a empresas, como ha informado Rocío Nahle, Secretaría de Energía. Tal es el caso de Oxxo, Walmart, Soriana, Peñoles, Cinépolis, Kimberly Clark, Grupo Salinas, y otras que pagan precios muy bajos por la electricidad que consumen, simulando ser socias de Iberdrola, de Enel Energía, American Light & Power que no pagan la luz. Y todas estas son empresas que de formas variadas afectan la salud por los productos que promueven y ofrecen.

Llegó la hora en la que prevalezca el interés público, el cuidado de la salud y el desarrollo económico y de entender que ese es el deber de un Estado al servicio de la población. Hacen falta recursos y estos se obtendrán suspendiendo el pago de la deuda pública, auditar y renegociarla. Es momento de cobrar impuestos a las grandes fortunas y de implementar una Reforma Fiscal Progresiva, porque hace falta que los recursos se utilicen prioritariamente para superar la crisis de salud y económica que ha producido la pandemia y no es justo que las corporaciones y sus dueños lucren como nunca en los trágicos tiempos de pandemia. Ha llegado el momento de cambiar el modelo económico, para que esté en el centro el interés del ser humano y no la acumulación de ganancias en unos cuantos, y de entender que esta es la responsabilidad del Estado, aunque las corporaciones lo confronten como es ahora el caso ante la aprobación de la Reforma Eléctrica.