Por Mouris Salloum George (*)
En 2009, la sociedad mexicana fue asustada por el gobierno de Felipe Calderón con alertas sobre brotes de influenza potencialmente detonantes de una pandemia.
Hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó nota del asunto y lo magnificó advirtiendo que México no tenía producción de vacunas y la disponibilidad en el mercado internacional no sólo era limitada, sino cara.
Hemos denunciado con frecuencia, que el peor de los crímenes gubernamentales es aquél que se perpetra contra el Derecho a la Salud, en una sociedad cuya mayoría de las familias no puede pagar servicios de medicina privada y carece de Seguridad Social.
Para no variar, ahora se conoce otra hazaña urdida en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Para lo que han servido las asociaciones público-privadas
Con referencia a 2009: Para resolver el problema de falta de vacunas y medicamentos para atender la influenza, se tomó la decisión de formar una empresa bajo la figura de asociación pública-privada; esto es, con recursos del Estado.
El objeto de esa asociación sería instalar un gran laboratorio para producir la fórmula preventiva. Como suele ocurrir, el presupuesto originalmente previsto resultó insuficiente. Sin más, el gobierno de Peña Nieto canceló el proyecto.
(El dato de rigor: Una excusa de los gobiernos neoliberales supone que, para cualquier tipo de requerimiento interno, sale más barato comprar en el extranjero que producirlo en México. Al descubrirse recientemente el huachicoleo en la gestión de medicamentos para instituciones de Salud Pública, se concluyó que las decisiones corrieron a cargo de los laboratorios privados, la mayoría de capital extranjero.)
Por salud mental, no abundaremos en ese vergonzoso tema: Basta decir que, con el pretexto de la influenza se perdieron en la noche de los tiempos mil millones de pesos, etiquetados por el gobierno de Felipe Calderón para un gran laboratorio que nunca existió. Ni existirá.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.