Presentarán la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas

Julio Cesar Ramirez. 25 de enero 2020. El Siglo de Torreón.


Ahora que la coordinadora nacional Agua para Todos anuncia que el 4 de febrero presentará la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados a las 9:30 de la mañana, útil es recordar que la actual Ley de Aguas Nacionales fue promulgada en 1992, de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) -renegociado ahora como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC-, y su función principal fue remplazar las complejas formas de tenencia del agua en el país con un sistema único de concesiones libremente transferibles, a ser otorgadas de manera masiva "en orden de solicitud" por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridad central sin mecanismos de revisión pública ni contrapesos.



Pedro Moctezuma y Elena Burns, investigadores, advierten que bajo la Ley de Aguas Nacionales (LAN), a lo largo de los años noventa, la Conagua otorgó masivamente concesiones a largo plazo -de 30 años para empresas y de 10 para pequeños productores- para todos los pozos y tomas existentes, bajo el supuesto de orden de solicitud, sin importar la existencia de 344 vedas de agua superficial y 146 de aguas subterráneas, ni la falta de disponibilidad o la prelación de usos, ni si los volúmenes solicitados correspondían a los realmente utilizados.


Funcionarios de la Conagua, desconcertados por éste proceso, comenzaron a referirse a los "pozos fantasma" de grandes empresas que especulaban con el agua. De inmediato surgió un vigoroso mercado de concesiones, el cual, según las intenciones de la LAN, iba a permitir que el agua quedara en manos de sectores y empresas más productivas y rentables.

El otorgamiento masivo de concesiones "en orden de solicitud" fue opaco, arbitrario y discriminatorio contra los pueblos y a favor de intereses más cercanos al régimen federal en turno. Los pueblos originarios no fueron informados del sistema de registro, y sin su consentimiento, sus fuentes históricas de agua fueron registradas en nombre del gobierno del municipio en donde se ubicaba la toma, o en nombre de alguna empresa o cacique. Cuando sí llegaron a solicitar el registro de sus fuentes, por lo común -en Oaxaca, Puebla, Estado de México, Baja California y Ciudad de México- utilizaron la existencia de una veda para negárselo.


Además de las concesiones, la Conagua asignó enormes volúmenes de agua a comisiones estatales y organismos municipales, empezando con 300 litros por día por habitante para zonas urbanas y 150 litros por día para zonas semiurbanas y rurales, con justificación de que los sistemas urbanos podían sufragar sus gastos con venta de agua potable a industrias. El 5 % de las aguas nacionales -80 % de fuentes subterráneas- fueron asignadas a la Comisión Federal de Electricidad para uso en generadores termoeléctricos.


Cuando la Conagua realizó sus primeros estudios de disponibilidad en 2003, descubrió que había otorgado concesiones en exceso a los volúmenes disponibles en 102 acuíferos y 100 cuencas. Para el año 2015, había otorgado 500 mil concesiones, incluyendo 5.6 trillones de litros anuales de aguas subterráneas y 17 trillones de litros anuales de aguas superficiales en exceso a su disponibilidad. Seis de cada diez mexicanos dependían por su agua de acuíferos sobreexplotados. Y gracias al libre mercado de concesiones, 70 % de las aguas nacionales concesionadas estaban en manos de sólo 7 % de los concesionarios.


La Ley de Aguas Nacionales, basada en mecanismos de mercado, ha quedado incongruente frente a la aparición e incipiente consolidación de un marco jurídico constitucional e internacional centrado en derechos humanos y de los pueblos, que reconoce y busca hacer respetar los límites de sustentabilidad.


Posterior a la aprobación de la LAN, la Constitución fue reformada para reconocer primacía de los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, así como derechos a la salud, a un medio ambiente sano, a la información, a la alimentación y a la participación ciudadana para lograr acceso equitativo y sustentable al agua.


El 4 de febrero, Agua para Todos entregará a la Cámara de Diputados la iniciativa ciudadana que exige una Ley General de Aguas que siente las bases para la coparticipación ciudadano-gubernamental, con el fin de lograr una transición planificada al acceso equitativo y sustentable al agua, en un marco de respeto a los derechos humanos y a la autodeterminación de los pueblos.


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