TML Weekly noviembre 21, 2020 - No. 45
El 26 de noviembre, los trabajadores, agricultores y jóvenes de la India planean reunirse en Delhi en defensa de su dignidad, bienestar y derechos contra su posterior empobrecimiento por parte del Estado a favor de los ricos.
Ese día, y el 27 de noviembre, los agricultores, respondiendo al llamado del Comité de Coordinación de All India Kisan Sangharsh (AIKSCC) se reúnen en Delhi provenientes de muchos estados de la India. De acuerdo con los organizadores, los agricultores de los estados de la periferia de Delhi, incluidos Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan y Uttar Pradesh, llegarán a Delhi, la capital nacional, en sus tractores los días 26 y 27 de noviembre a través de cinco autopistas. Los agricultores de otros estados llevarán a cabo protestas en sus respectivos estados a nivel de distrito y aldea.
27 de octubre de 2020. Reunión del Comité de Coordinación de All India Kisan Sangharsh de organizaciones de agricultores de diferentes partes de la India.
Si el gobierno y la policía no permiten que los agricultores entren en Delhi, tal como están amenazando, utilizando la pandemia como pretexto, los agricultores prometen que llevarán a cabo su protesta dondequiera que sean detenidos, por un período indefinido. Los agricultores llevarán suministros para sostener esta acción por tres meses. Los representantes de las organizaciones de agricultores dicen que el gobierno no dudó en aprobar sus nuevas leyes agrícolas en medio del COVID-19 y, sin embargo, está tratando de impedir que los agricultores lleven a cabo esta manifestación en Delhi poniendo como justificación la pandemia. La policía de Delhi ha prohibido las protestas en la capital.
El 26 de noviembre, diez centrales sindicales emplazan a huelga general nacional de un día y también apoyan los dos días de acción de los agricultores. Las diez centrales sindicales son el Congreso Nacional Sindical Indio (INTUC), el Congreso Sindical de la India (AITUC), el Hind Mazdoor Sabha (HMS), el Centro de Sindicatos Indios (CITU), el All India United Trade Union Centre (AIUT OSUC), el Centro de Coordinación Sindical (TUCC), la Asociación de Mujeres Autónomas (SEWA), el Consejo Central de Sindicatos de la India (AICCTU), la Federación Progresista del Trabajo (LPF) y el Congreso Sindical Unido (UTUC). También se espera que los jóvenes se unan.
La principal demanda del día es la retirada inmediata de una serie de leyes draconianas contra los agricultores y obreros que fueron aprobadas a gran velocidad por el Parlamento Indio, sin debate y a pesar de la oposición generalizada de los trabajadores, los agricultores, los jóvenes y las personas de todos los ámbitos de la vida.
Los agricultores, en particular, han mantenido acciones masivas desde septiembre para que se deroguen las leyes agrícolas. En el estado septentrional de Punjab, los agricultores bloquearon carreteras, autopistas y vías férreas para respaldar su oposición a los proyectos de ley. En lugar de escuchar las preocupaciones de los agricultores, el gobierno central tomó represalias y canceló todos los trenes que transportaban mercancías a Punjab a partir del 24 de octubre, causando grandes dificultades para el pueblo. Los trabajadores han estado llevando a cabo manifestaciones en toda la India para oponerse a las políticas contra los obreros y campesinos. El hecho de que el Estado indio imponga estas leyes en medio del sufrimiento causado por la pandemia y la crisis económica ha aumentado la ira de la gente.
6 de octubre de 2020. Protesta de los agricultores en los territorios de Dussehra en la carretera Sirsa-Barnala en Haryana.
Leyes draconianas en contra de los campesinos
El empobrecimiento de los agricultores indios ya es extremo. Se estima que dos tercios de los 1.300 millones de personas de la India dependen de la agricultura para su sustento, pero el sector agrícola representa sólo alrededor del 17 por ciento de la producción económica total de la nación, alrededor de 2,3 billones de dólares. Alrededor del 80 por ciento de los agricultores indios se consideran marginales (menos de una hectárea) o pequeños agricultores (de una a dos hectáreas). Se ha informado que más de la mitad de los agricultores de la India están endeudados. Un gran problema es que el costo de las semillas, fertilizantes y otros insumos ha aumentado considerablemente. Mientras tanto, los precios que reciben los agricultores por sus cultivos ni siquiera son adecuados para cubrir sus costos y proporcionar un ingreso neto suficiente para mantener a sus familias. Mientras los ingresos de los agricultores disminuyen, la deuda que deben a los bancos y prestamistas sigue aumentando. La combinación de la caída de los ingresos y el aumento del endeudamiento lleva a miles de agricultores indios al suicidio cada año.
Los agricultores de todo el país han estado exigiendo que el estado se asegure de que sus cosechas se compren a un precio que sea al menos un 50 por ciento por encima de su costo total de producción. Esto nunca ha sucedido, ni a través de la limitada forma de apoyo público, ni de comerciantes privados que ni siquiera respetan los precios mínimos oficiales de apoyo establecidos por el Estado. Muchos agricultores terminan sin siquiera recuperar sus costos de producción.
Las organizaciones de agricultores estiman que los nuevos proyectos de ley aprobados por el parlamento indio sólo agravarán su situación. Estos proyectos de ley son el Proyecto de Ley de Mercado y Comercio de Productos Agrícolas (Promoción y Facilitación), 2020, el Acuerdo de Agricultores (Empoderamiento y Protección) sobre el Aseguramiento de Precios y Servicios Agrícolas, 2020 y el Proyecto de Ley de Productos Esenciales (Modificación).
Según los sindicatos de agricultores, los nuevos proyectos de ley dan rienda suelta a las empresas comerciales privadas para saquear a los pequeños agricultores. Las corporaciones privadas ahora pueden comprar productos agrícolas en cualquier área comercial, a cualquier precio. No tienen que comprar los productos al precio de mercado regulado ni pagar las tasas requeridas. No se mencionan los precios mínimos en la legislación.
El gobierno indio está promoviendo esta legislación sobre la base de que da a los agricultores "libertad" para vender sus productos en cualquier lugar y que el gobierno está abriendo opciones a los agricultores. La realidad es, de acuerdo con los sindicatos de agricultores, que el 86,2 por ciento de los agricultores indios poseen menos de dos hectáreas. Están bajo una fuerte presión para vender sus cosechas inmediatamente después de la cosecha con el fin de pagar sus deudas, comprar insumos para la próxima cosecha y satisfacer sus otras necesidades. Además, no tienen capacidad para almacenar cultivos o para el transporte (proporcionados por el estado) o para negociar por un mejor precio. No tienen más remedio que ir al “mandi” más cercano (patio de mercado), que está regulado por los gobiernos estatales.
Lo que va a suceder es que las corporaciones privadas ricas reemplazarán los precios mínimos establecidos y el apoyo público. Según los sindicatos de agricultores, esto significa que los agricultores serán sometidos a un control corporativo total, con poderosas élites rurales que actuarán como intermediarios para las corporaciones agrícolas multinacionales globales, lo que significa que tanto los insumos como los mercados de cultivos serán monopolizados por estas corporaciones privadas. Los proyectos de leyes agrícolas abren el camino para aumentar la dominación del comercio agrícola por parte de grandes corporaciones, tanto indias como extranjeras.
Con la desregulación, los agricultores perderán cualquier garantía y cualquier control sobre el precio que reciben por sus cultivos.
Códigos laborales
25 de septiembre de 2020. Agricultores y jóvenes organizan protestas en el Distrito de Balangir, Odisha.
El Parlamento aprobó tres proyectos de ley del código laboral el 23 de septiembre, cuando la oposición boicoteaba la sesión de monzones (julio a agosto/septiembre) sobre la cuestión agraria. Los tres proyectos de ley, el Código de Relaciones Industriales (IR), el Código de Seguridad, Salud y Condiciones de Trabajo (OSH)y el Código de la Seguridad Social, junto con el Código de Salarios anterior, 2019, amalgaman 44 leyes laborales. Esta legislación aborda los salarios, las relaciones laborales, la seguridad social, la seguridad y las condiciones de bienestar. Los proyectos de ley se aprobaron a pesar de que todos los sindicatos se opusieron en forma explícita.
Para dar algunos ejemplos del contenido de los proyectos de ley, el nuevo código que rige las relaciones laborales elimina el requisito anterior según el cual todas las empresas que emplean a 100 o más trabajadores necesitan la aprobación previa del gobierno para cerrar o despedir a los trabajadores de sus puestos de trabajo. El umbral de 100 se ha aumentado a 300. Alrededor del 45% de todos los trabajadores de fábricas trabajan en empresas con menos de 300 empleados. La nueva ley también establece que los gobiernos central y estatal pueden elevar el umbral de 300 empleados en cualquier momento.
Según la legislación anterior, todas las empresas que emplean a 100 o más trabajadores debían tener reglamentos formales sobre las condiciones de contratación, que son conocidas por los trabajadores y registradas en el departamento de trabajo, relativas a la clasificación de los trabajadores, la forma de informar a los trabajadores sobre las horas de trabajo, las vacaciones, los días de pago, las tasas salariales, la terminación del empleo y los mecanismos de reclamación o contratos colectivos. Los trabajadores de las empresas en las que se aplican estas reglamentaciones pueden utilizarlos para defender sus derechos frente a decisiones arbitrarias de los empleadores. El cambio privará a millones de trabajadores de este mecanismo para proteger sus derechos.
Tanto el Código de Relaciones Industriales como el Código de Seguridad, Salud y Condiciones de Trabajo, 2020, permiten al gobierno eximir a cualquier nuevo establecimiento industrial o clase de establecimientos de sus disposiciones si hacerlo es de "interés público". En cuanto a la seguridad en el trabajo, el código establece que se permiten exenciones en aras de "crear más actividad económica y empleo". Estas exenciones pueden concederse en relación con las horas de trabajo, las normas de seguridad, los procesos de recontratación, los derechos sindicales, el uso del trabajo en subcontratación, etc.
La lista de exenciones es vasta, todo lo que impone el Estado indio en nombre de intereses privados estrechos bajo el engaño de "flexibilidad", "reducción de la burocracia" y "creación de empleo".
Los Días de Acción de All India, el 26 y 27 de noviembre son acontecimientos importantes en la lucha de la clase trabajadora y del pueblo de la India por sus derechos, su dignidad como seres humanos y productores y su bienestar en oposición a una mayor empobrecimiento y violación de sus derechos por parte del Estado Indio en favor de los ricos, que es aún más atroz en medio de la pandemia y la crisis económica. Esta es una acción heroica que merece el pleno apoyo de todos los trabajadores canadienses y de los trabajadores de todo el mundo.