Respuesta de la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
16 de noviembre de 2022
El pasado 4 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Dirección General de Deuda Pública, da respuesta a la cuarta Carta que la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública envió al presidente López Obrador el pasado 24 de octubre.
Ante ello la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública expresa lo siguiente:
Antes que nada, agradecemos la atención de la Dirección General de Deuda Pública a nuestro derecho constitucional al dar respuesta a las peticiones que planteamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador
La Dirección General de Deuda Pública expresa que “durante este gobierno se ha mantenido una política fiscal responsable, orientada a que la deuda pública como porcentaje del PIB mantenga una tendencia constante”, que “se ha logrado mantener la deuda de México en niveles que se comparan favorablemente con otras economías, tanto avanzadas como emergentes” y que “en los Criterios Generales de Política Económica para 2023 se estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), medida más amplia de la deuda, se estabilizará a un nivel de 49.4% a partir de 2023”.
El criterio de que la deuda pública como porcentaje del PIB mantenga una tendencia constante no parece ser un buen criterio para definir una política fiscal responsable. En primer lugar, porque se contradice con la idea original de “aplicar una política de cero endeudamiento” establecido en el Proyecto de Nación 2018-2024 planteada por el presidente López Obrador. Mantener una tendencia constante de la deuda con respecto al PIB significa que la deuda pública aumenta junto con el PIB y por tanto siempre habrá mayor endeudamiento.
En segundo lugar, porque los gobiernos neoliberales anteriores endeudaron y empobrecieron al país y mantuvieron esa relación deuda/PIB a menores niveles que actualmente y eso no fue garantía de que ejercieran una política responsable; más bien fueron gobiernos irresponsables porque aumentaron la deuda a niveles insoportables y sin control. En todos los informes de esos gobierno neoliberales a los diputados, desde Zedillo, se decía que “cabe resaltar que en el plano internacional el nivel de la deuda del sector público de México medido con respecto al producto (PIB), continuó comparándose favorablemente” (1999).
Año con año, y mientras esa relación deuda/PIB crecía, siempre se decía lo mismo: “el nivel de la deuda del sector público de México continúa comparándose favorablemente en el contexto internacional. En particular, la relación de deuda pública a PIB de nuestro país es significativamente menor a la registrada en la mayor parte de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, (2000). Durante todo este siglo la deuda pública bruta con respecto al PIB creció del 29% al 50%. Es muy cierto que otros países tienen mas deuda con respecto al PIB que México, pero esos países no tienen la pobreza y la desigualdad que impera en el nuestro.
En tercer lugar, dadas las condiciones adversas, impuestas primero por la pandemia y luego por la inflación, en donde se desacelera la economía y puede entrar en recesión, no puede ser correcto ni justo que se estén destinando mayores recursos financieros en pagar los intereses y comisiones de la deuda pública que en los programas sociales y proyectos prioritarios del gobierno y que, además, en el presupuesto para 2023, el aumento por el pago de intereses de la deuda sea de un monto mayor que el aumento de cualquier secretaria o dependencia del gobierno.
En el gobierno que preside el presidente López Obrador, a pesar de afirmarse que no se ha endeudado, las cifras oficiales de la SHCP nos dicen que de 2018 a septiembre de 2022 la deuda ha crecido en 2.9 billones de pesos y que se han pagado por interese y comisiones la suma de 2.7 billones de pesos. Para 2023 el costo financiero de la deuda será de un billón 79 mil millones de pesos con un techo de endeudamiento de 1 billón de pesos. La deuda pública al mes de septiembre de 2022 ya es cercana a los 13.5 billones de pesos y con visos de aumentar otro billón más en 2023 con su consecuente aumento de intereses.
Este costo financiero de la deuda para 2023 equivale al 3.4 % del PIB, cifra mayor a lo que se espera que crezca la economía nacional que es de apenas 2%. Así se destinarán más recursos financieros al pago de la deuda que para impulsar la producción nacional. Si no se pagaran los intereses de la deuda la economía crecería a más del 5%.
Y aquí llegamos al principal criterio que debe regirse en materia de deuda pública: el pago de intereses de la deuda debería de sujetarse en atender primero las necesidades y carencias del pueblo mexicano y luego cumplir con los compromisos con los acreedores o dueños del dinero. La pandemia y ahora la inflación han golpeado las condiciones de vida de los mexicanos, tenemos casi la mitad de la población mexicana en la pobreza y México sigue siendo uno de los países más desiguales de la OCDE y del mundo.
El pago de los intereses y comisiones de la deuda pública desangra las finanzas nacionales, las ponen en crisis y agobia a la nación. Durante las tres grandes trasformaciones en la historia del pueblo mexicano, la Independencia, la Reforma y la Revolución, los gobiernos progresistas suspendieron el pago de la deuda pública para atender las necesidades del pueblo. Nuestra historia nos alecciona sobre como tratar la deuda pública.
La situación que impera en el mundo pone en el orden del día el asunto de la deuda pública de los países pobres y/o en desarrollo. El Fondo Monetario Internacional, durante la pandemia, acordó que los países pobres no pagaran la deuda y más de cincuenta países se acogieron a esa medida para poder atender las necesidades de salud. Recientemente en la Reunión del Grupo de los 20 (G-20) efectuada en Bali, Indonesia, el presidente chino, Xi Jinping conminó a las instituciones financieras internacionales y acreedores comerciales, que son los principales acreedores de los países en desarrollo, a participar en la reducción y suspensión de deuda para los países en desarrollo porque la economía mundial se acerca a una recesión o a una baja del crecimiento y los más afectados serán los países pobres y/o en desarrollo.
La renegociación o reestructuración de las deudas públicas se han realizado en nuestro país y en otras naciones. Y en el caso de México debe evaluarse la capacidad de pago de la deuda, es decir, evaluar que el presupuesto para el pago de la deuda no sea un obstáculo o un impedimento para que México atienda su desarrollo económico y social. Y actualmente, por la crisis que padecemos, el pago de los intereses de la deuda si es un gran obstáculo para el progreso material y espiritual de los mexicanos. Si no utilizamos los recursos financieros que se destinan al pago de intereses y comisiones de la deuda para invertirlos en nuestro país se corre el riesgo de que la producción nacional per cápita sea menor en 2024 que en 2018 y tengamos un sexenio perdido. México necesita con urgencia crecer a tasas suficientes para crear los empleos dignos que demanda el pueblo.
Es verdad que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos corresponde, en última instancia, a los diputados aprobarlos, pero también es verdad que es el presidente quién envía el llamado paquete económico y tiene la capacidad de tomar iniciativas con respecto a la deuda y su costo financiero y, también, puede promover iniciativas junto con otras naciones crear un frente común para renegociar y reestructurar las deudas públicas para lograr quitas y/o cancelaciones puesto que su pago impide cumplir con los derechos humanos y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU para 2030 para erradicar la pobreza y para que todas las personas puedan disfrutar la prosperidad y la paz.
Vivimos tiempos excepcionales que requieren de medidas extraordinarias para atender las necesidades urgentes de nuestro pueblo.
La creación de una comisión auditora ciudadana no significa duplicar funciones con la Auditoria Superior de la Nación (ASF), sino que más bien la reforzaría, puesto que sería exclusivamente para auditar la deuda pública, para indagar a fondo en donde se invirtieron los cuantiosos prestamos contraídos por los gobiernos neoliberales y poder fincar responsabilidades. Hasta ahora la ASF en sus auditorias no ha encontrado responsabilidades y deja la impresión de que todas las deudas contraídas fueron legales y legitimas, pero nosotros estamos seguros de que no es así, porque en todo el periodo neoliberal, desde 1982, los gobiernos neoliberales endeudaron a México y lo sometieron al yugo del capital financiero y nuestro país nunca creció, y en cambio aumentaron la pobreza, el desempleo y se hizo más injusto y desigual. Entonces no se sabe por qué y para qué hubo tanta deuda, y, con seguridad, el régimen neoliberal se valió de las deudas para saquear la nación y fueron una gran fuente de corrupción.
Además, tenemos la certeza de que el Fobaproa-IPAB es una deuda inmoral, ilegitima, ilegal
y odiosa, que constituye un gran robo descarado a la nación. Incluso el presidente Andrés
López Obrador en múltiples ocasiones ha expresado que es un fraude y un gran robo
histórico, él escribió un libro al respecto y estuvo a favor de que se cancelara porque fue
una deuda privada que se convirtió en deuda pública, beneficiando a una minoría en
perjuicio de la mayoría. Por tanto, debe investigarse y que los que se beneficiaron de este
gran atraco nacional rindan cuentas y devuelvan lo robado. Hoy el presidente cuenta con la
fuerza del pueblo para cancelar esta deuda odiosa del Fobaproa y la Promotora hace suyo
el reclamo de que se cancele. Una comisión auditora ciudadana integrada por funcionarios
públicos de diversas dependencias, junto con representantes de la academia y de
organizaciones sociales es de una gran utilidad para que la deuda pública se audite
integralmente, se transparente y se encuentren alternativas para el logro de una
reestructuración exitosa para el pueblo mexicano.
La SHCP dice que “la estrategia de la administración del IPAB se ha enfocado a que esta
deuda no aumente en términos reales” … y que “a medida que la economía crece la
proporción de la deuda del IPAB con respecto al PIB disminuye”. Pero en 1995 esa deuda
del Fobaproa, hoy IPAB, era de 552 mil millones de pesos, y en septiembre de 2022 es ya
de un billón 27 mil millones de pesos, y se han pagado de intereses 608 mil millones de
pesos; o sea, ¡ya se pagó la deuda y debemos casi el doble! Y si la economía no crece, la
relación deuda del IPAB con relación al PIB aumentaría, y en última instancia todo depende
del curso incierto de la economía. Ya van para 27 años pagándose una deuda ilegítima y lo
que se requiere no es reducirla o que no aumente en términos reales, sino cancelarla
porque para 2023 están presupuestados cuantiosos recursos, 54 mil millones de pesos de
intereses del IPAB, cuando en 2022 fueron 38.6 mil millones de pesos, que equivalen a un
aumento del 40%.
Por tanto, seguimos insistiendo en que es necesario suspender el pago de intereses de la
deuda pública cuando menos dos años, reestructurar o renegociar la deuda pública para
obtener cancelaciones y/quitas, abolir la deuda del Fobaproa-IPAB, crear una comisión
auditora ciudadana y destinar los recursos del pago de los intereses de la deuda para un
programa emergente democrático popular para México. ¡Páguese primero la deuda social
y luego la deuda pública!
Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública
