Trump, elecciones y un proceso político disfuncional

Sobre el desarrollo de los eventos en los Estados Unidos.

Kathleen Chandler USMLO agosto 11, 2020

Carta del senador Warren contra los despliegues federales de las fuerzas policiales y respuestas al tuit de Trump sobre el retraso de las elecciones


La senadora Elizabeth Warren, senadora democrática de Massachusetts, envió el 28 de julio una carta a los jefes de los Departamentos de Defensa, Justicia, Seguridad Nacional y el Interior pidiéndoles que no desplegaran a las fuerzas militares y a varias fuerzas federales bajo su control contra los manifestantes que protestaban por los asesinatos racistas de la policía y exigen igualdad, justicia y paz. No sólo expresó la preocupación de muchos entre la élite gobernante sobre el despliegue de fuerzas federales por parte de Trump en Portland, Oregón y otras ciudades, sino que también expresó específicamente preocupaciones sobre las elecciones presidenciales de 2020 y la continua negativa de Trump a "asegurar al país que él cumpliría la voluntad de los votantes" y dejaría el cargo pacíficamente si es votado. Resultará en "una prueba sin precedentes de la democracia estadounidense", dijo Warren. Citó un artículo del Washington Post con el título: "El asalto de Trump a las fuerzas electorales cuestiona: ¿Qué pasaría si se negara a aceptar una pérdida?"


El asunto ha causado mucha especulación de la prensa, entre profesores y grupos de reflexión, preocupados por un posible estallido de una guerra civil. 


La carta de Warren en su conjunto y el hecho de que ella incluyera a los militares en su llamado muestran la desesperación y la impotencia en la que la clase dominante de Estados Unidos está enredada y su total humillación. Equivale a pedir a los militares que se nieguen a seguir las órdenes del Comandante en Jefe en caso de que se llame a actuar durante las elecciones. La perspectiva ya es un asunto que preocupa gravemente dado el antecedente de la división abierta entre las fuerzas militares durante las anteriores elecciones, con algunos hablando públicamente a favor de Clinton y otros a favor de Trump, a pesar del hecho de que se supone que los militares deben permanecer totalmente neutrales y servir a todos y cada uno de los presidentes sin importar qué partido dicen representar.


Después de la carta de Warren, Trump aumentó la alerta por sus posibles acciones frente a una campaña o resultados electorales que no considera que lo beneficien. Tuiteó: "Con voto universal por correo (no Voto Ausente, lo cual es bueno), 2020 será la elección más INEXACTA Y FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para los EE. UU. ¿Retrasar la elección hasta que la gente pueda votar de manera adecuada, y segura???"


La demanda de Trump de retrasar las elecciones recibió una rápida respuesta de funcionarios electos, abogados constitucionales y otros, diciendo que Trump no podía retrasar legalmente las elecciones federales. Sería inconstitucional, ya que sólo el Congreso tiene ese poder, no el presidente. [1]


En este sentido, la propuesta de Trump - o amenaza - de retrasar la elección puede ser vista como una provocación deliberada para medir la respuesta. Probar las aguas es una forma de averiguar cómo puede sobrepasar las limitaciones internas y externas de quienes ejercen el poder.


Incluso el profesor de derecho constitucional Steven Calabresi de la conservadora Sociedad Federalista, considerado un aliado cercano de Trump, escribió un editorial en el New York Times que dijo que las elecciones no podían retrasarse. Representando los puntos de vista de muchos Calabresi escribió: "El presidente Trump necesita ser informado por cada republicano en el Congreso que no puede posponer las elecciones federales. Hacerlo sería ilegal, inconstitucional y sin precedentes en la historia de Estados Unidos". Calabresi agregó: "Cualquiera que diga lo contrario nunca debería ser electo de nueva cuenta para el Congreso". Y pidió el impeachment de Trump y su destitución del cargo, algo a lo que se opuso antes.


Mientras que la mayoría está diciendo que Trump no puede retrasar las elecciones porque sería "ilegal, inconstitucional y sin precedentes", las preguntas más relevantes son: Si lo hace, ¿quién lo detendrá? ¿Y con qué fuerzas armadas? ¿Qué fuerzas armadas podrían lograr Trump que lo respalde en una acción para retrasar las elecciones o para oponerse a los resultados electorales que hayan sido anunciados? ¿Qué condiciones habría para lanzarse a desencadenar una salida de este tipo? Y ¿Cuál será el pretexto?


A pesar de que Trump se hace llamar presidente de ley y orden, su presidencia ha dejado claro repetidamente que el gobierno actual no respeta el estado de derecho, ni dentro de su país ni en el extranjero. El gobierno de Trump opera únicamente sobre la base de los poderes policiales que comanda la presidencia, y que se están usando con desenfreno debido a la impotencia del Congreso y de los tribunales para mantener bajo control los poderes presidenciales. Usar el ejército contra el pueblo estadounidense es como se define la tiranía, y eso no "ley y orden". Se supone que la Constitución de los Estados Unidos y el conjunto de sus instituciones están diseñadas para asegurar que no podría instalarse una tiranía. La gente de costa a costa se opone valientemente a esta tiranía, día tras día. Merecen una explicación de lo que está ocurriendo actualmente.

Lo que está sucediendo se explica por el hecho de que la forma de tomar decisiones ya no concuerda con la Constitución. 

El poder de decisión en los Estados Unidos, a todos los niveles, ha sido usurpado por estrechos intereses privados que se han apoderado directamente de las riendas del poder. Al mismo tiempo están involucrados en agrias peleas entre ellos por el control de todos los recursos en el país y en el extranjero y para ponerle fin a la rebelión de la gente que exige un cambio ya. Su desesperación por asegurarse de que la crisis económica de Estados Unidos se aborde de una manera que les favorezca también busca asegurarse de que no pierdan el estatus de "nación indispensable" en el extranjero.


Pero mientras se busque el control a través del despliegue de los poderes policiales, cada uno de sus movimientos no puede sino profundizar la anarquía y la violencia y la destrucción de las fuerzas productivas. Los peligros para los pueblos en Estados Unidos y en el extranjero requieren de la gente su plena atención, vigilancia y respuesta que esté basado en lo que las propias personas identifiquen como sus propios intereses.

Prevalece un estado de anarquía por el cual ninguno de estos poderosos intereses privados estrechos acepta ninguna toma de decisiones por encima de la suya. Han formado oligopolios que funcionan como coaliciones y cárteles. Estos estrechos intereses privados han controlado la Oficina del presidente y exigen que el presidente pueda actuar impunemente. Para servir a sus intereses, quieren el poder de actuar sin tener en cuenta la ley y las disposiciones constitucionales existentes. Trump fue elegido presidente como alguien que no era parte de los acuerdos establecidos y prometió romper los lazos de los viejos acuerdos con impunidad. Los estrechos intereses privados no aceptan limitaciones a su poder para actuar con prontitud, alegando que esto es bueno para la economía y ese tipo de cosas.


Las acciones de Trump en la frontera sur, incluyendo la separación de familias y la detención de niños, las relativas a las prohibiciones contra musulmanes y el derecho de asilo, el desalojo de la Plaza Lafayette el 1 de junio, los actuales despliegues de fuerzas federales para reprimir la resistencia, son considerados por muchos como inconstitucionales y contra la ley. La propia senadora Warren pide conocer la base legal para lanzar los despliegues de fuerzas federales que tienen lugar.


Sin embargo, si bien es el caso de que tales acciones son inconstitucionales y contra la ley, lo que la situación muestra es que la propia Constitución no es capaz de contener los intereses privados que tienen poder usurpado en este momento. Estos estrechos intereses privados no negocian, no están interesados en soluciones que frenan sus poderes. Hacen una matanza golpeando mientras el hierro está caliente dentro de la anarquía y el caos que ellos crean. Así es cómo y por qué la fortuna de los más ricos de los ricos se ha multiplicado durante la pandemia.

Carta de Warren sobre las implementaciones federales

Refiriéndose al ejercicio de los poderes policiales en el despliegue de fuerzas federales por parte de Trump en varias ciudades, Warren expresa la preocupación entre sectores de los gobernantes de que las acciones de Trump no están suprimiendo la resistencia del pueblo, sino que están dividiendo aún más, en lugar de unir a la burocracia militar y a las agencias policiales. Dado que el presidente tiene el trabajo específico de preservarlas unidas para mantener al pueblo reprimido y fuera del poder, estos fracasos son un grave problema para los gobernantes.


Warren, al apelar a los jefes de gabinete y al incluir a los militares, está tratando de unir a estas fuerzas para rechazar los despliegues federales y, por inferencia, rechazar la "ley y el orden" de Trump y el uso de la fuerza como una salida a la crisis.

"Cada uno es responsable del mando de las tropas militares o civiles y del personal interno de las fuerzas del orden en sus agencias. Les insto a que no permitan que este personal bajo su mando o supervisión se utilice en futuras acciones internas contra personas que ejerzan su derecho a protestar", afirmó.


El peligro inherente es que cualquier negativa de los jefes de gabinete de las agencias policiales masivas y/o de los militares que rechace abiertamente las órdenes del Comandante en Jefe también podría desencadenar una guerra civil abierta y violenta. Este es precisamente el resultado que la clase dominante en su conjunto quiere evitar.

Muestra que el peligro de una guerra civil sigue latente a pesar de los llamamientos para defender la Constitución y no utilizar el ejército en el país, lo que constituye una tiranía, y no desplegar fuerzas federales en jurisdicciones no federales sin el permiso de las autoridades estatales y locales. También muestra que el actual proceso democrático y las instituciones están agotados. Se supone que deben proporcionar los medios a través de los cuales las contradicciones dentro de las filas de los intereses privados pueden ser ordenadas mientras se unen para imponer su gobierno sobre el pueblo.


Se necesita una constitución moderna y un proceso democrático. Esto sólo puede ser logrado por el pueblo unido en la acción por su propio empoderamiento. Tal constitución consagrará derechos definidos por el pueblo, no por los ricos. Codificará los procesos democráticos de toma de decisiones, que, en buen estado en su lucha por la justicia, los derechos y la paz. Con ello se pondrá fin a las disposiciones actuales que protegen la propiedad privada, la esclavitud salarial, el trabajo endeudado, el trabajo penitenciario y la esclavización absoluta de los pueblos de todas partes y definen los derechos sobre esa base.


La carta de Warren se centra en los conflictos adicionales con las fuerzas estatales y locales, diciendo que el despliegue federal se está haciendo a pesar de la "clara oposición de gobernadores, alcaldes y ciudadanos que están ejerciendo sus derechos de La Primera Enmienda". Habla de la violación de los derechos como resultado del uso de gases lacrimógenos, apuntando a periodistas, etc. y luego plantea las elecciones:

"Estos ataques - en los que el presidente parece estar utilizando las fuerzas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como su "escuadrón de gobierno", en palabras de un exdirector interino de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos- vienen aproximadamente 100 días antes de las elecciones..." 

"El uso partidista de las fuerzas policiales federales nacionales paramilitares... provoca alarmas sobre el respeto del presidente a la ley y los precedentes, y si tomará medidas adicionales, más peligrosas e indignantes para enfrentar a las fuerzas federales contra su propio pueblo en los meses y días previos a las elecciones presidenciales de 2020.”

"El potencial del presidente Trump de activar a las fuerzas domésticas como su 'milicia personal' (como dijo el ex Secretario de Seguridad Nacional Tom Ridge) es aún más inquietante dada su continua negativa a” "asegurar al país que acataría la voluntad de los votantes" y dejar pacíficamente el cargo... Por lo tanto, escribo para buscar sus garantías de que no permitirá que las fuerzas militares o civiles bajo su control sean utilizadas por el presidente para reprimir la disidencia y la democracia".

Ella escribe: "El despliegue de fuerzas paramilitares federales contra civiles es una vergüenza histórica para nuestra nación, y daña la posición de los Estados Unidos en el mundo".


Su conclusión no es, sin embargo, racional dada la realidad existente de que existe un gobierno de poderes policiales que por definición no sigue las reglas de participación de ningún tipo [2] y que instituciones cruciales como el Congreso, los tribunales y las elecciones son disfuncionales en cuanto a resolver cualquier problema que enfrenta la clase dominante.

Warren pide a los jefes del gabinete que "identifiquen a las autoridades legales y reglamentarias específicas que autorizan a esa agencia o unidad" para hacer arrestos, usar la fuerza, llevar a cabo el control de multitudes, etc. Luego pregunta de nuevo: "¿Se comprometerá a negarse a desplegar las fuerzas del orden militares o federales bajo su control a nivel nacional contra los manifestantes pacíficos o de otra manera contra los estadounidenses antes de las elecciones de noviembre, y se negará a desplegar de una manera destinada a intimidar a los votantes el 3 de noviembre? En caso de que el presidente Trump pierda las elecciones y no deje pacíficamente el cargo, ¿se negará a desplegar las fuerzas militares o federales bajo su control en apoyo de su desafío a la voluntad de los votantes?" Cierra: "Este es un asunto urgente para la democracia estadounidense y para la seguridad de los estadounidenses que protestan pacíficamente en sus comunidades, y por lo tanto les pido que me proporcionen compromisos por escrito a más tardar el 3 de agosto".


Queda por ver si va a tener o a recibir alguna respuesta. Como senadora no tiene poderes de hacer cumplir las solicitudes y poca capacidad para convocar una audiencia en el Congreso. En la actualidad, tanto el Fiscal General William Barr, que dirige el Departamento de Justicia, y Chad Wolf, que dirige el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se dice que están preparados para implementar las acciones de Trump contra el pueblo. Barr es especialmente partidario de aumentar aún más los poderes del presidente. Pero el FBI, los alguaciles de los Estados Unidos y los jefes de las numerosas agencias dentro del DHS, como la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, pueden no estar tan alineados en el contexto de una elección disputada y profundizar la crisis total. Ya, muchos empleados del DHS se han opuesto al despliegue actual contra los manifestantes en muchas ciudades, calificandolo de "despreocupadamente inconstitucional", un "descenso a la anarquía", y diciendo que sirve para profundizar la desconfianza pública hacia el DHS.


Lo mismo puede decirse de muchos de los Guardias Nacionales llamados por los gobernadores para reprimir a los manifestantes. Un buen número se negó rotundamente, mientras que otros expresaron su oposición. De hecho, el mayor Adam DeMarco, responsable de la Guardia Nacional en Lafayette Square el 1 de junio, testificó ante el Congreso diciendo: "Desde mi observación, esos manifestantes -nuestros conciudadanos ciudadanos estadounidenses- se dedicaban a la expresión pacífica de sus derechos de la Primera Enmienda. Sin embargo, fueron sometidos a una escalada de violencia no provocada y al uso excesivo de la fuerza", algo que dijo que le pareció muy perturbador.


Debe tenerse en cuenta que los despliegues de fuerzas federales por parte de Trump, incluidas varias agencias policiales, es en parte un ejercicio de entrenamiento para las diversas fuerzas para llevar a cabo un uso brutal e ilegal de la fuerza contra las personas que defendían derechos. La significativa disidencia entre ellos es un motivo de preocupación para los gobernantes y un factor positivo para la resistencia. El jefe del DHS Chad Wolf ha dicho que anticipan que habrá "disturbios" hasta noviembre.


El potencial de aumento de la guerra civil

Después de que Trump amenazaba con usar el ejército, además de la policía militar y la Guardia Nacional presente en Washington, DC, incluyendo en Lafayette Square, el Secretario de Defensa Mark Esper a principios de junio también tenía 1.600 soldados de la 82.a Aerotransportada del Ejército en espera en bases cercanas. Al mismo tiempo, el 3 de junio, expresó su preocupación por el uso de las fuerzas armadas para fines domésticos. Cuando Trump amenazó con usar la Ley de Insurrección para justificar tal acción, Esper dijo públicamente:

"La opción de utilizar fuerzas de servicio activo en un papel de aplicación de la ley sólo debe utilizarse como una cuestión de último recurso y sólo en las situaciones más urgentes y terribles.”

"No estamos en una de esas situaciones ahora. No apoyo invocar la Ley de Insurrección".

¿Debemos suponer que un retraso de las elecciones, o la disputa del resultado, constituyen una "situación terrible"? ¿O Esper se unirá a personas como el exsecretario general de Defensa James Mattis para oponerse a Trump?

Mientras tanto, Trump no está solo en indicar el posible uso de las fuerzas armadas. Joe Biden, que busca la nominación demócrata a la presidencia, también está sugiriendo que la fuerza militar podría ser utilizada. En junio Biden dijo que sí Trump pierde y se niega a dejar el cargo está "absolutamente convencido" de que los militares "lo escoltarán desde la Casa Blanca con un gran despacho". "Mi mayor preocupación", dijo también Biden, es que "este presidente va a tratar de robar esta elección. Este es un tipo que dijo que todas las papeletas por correo son fraudulentas".

Es evidente entonces que todo sobre el proceso electoral actual es una cuestión de disputas que están allanando el camino para los resultados controvertidos. Lejos de que una elección sea un proceso que ordene quién gobernará durante el próximo mandato presidencial, el proceso en sí está en crisis. El expresidente Obama llegó a utilizar una parte de su elogio para el senador fallecido John Lewis para exigir todo tipo de cambios en la forma en que se llevan a cabo las elecciones, a tres meses de distancia. [3]

El llamamiento abierto del senador Warren para el desafío por parte de los jefes de gabinete y los militares, los muchos conflictos públicos entre y dentro de la presidencia, el ejército, el Congreso y las fuerzas estatales y locales y los comentarios repetidos sobre una "prueba sin precedentes" de la democracia estadounidense son indicios de que una violenta guerra civil y/u otra invasión extranjera podría acompañar la campaña o el resultado electorales.

A medida que la resistencia del pueblo en los Estados Unidos se fortalece y se profundiza, la conciencia que crece entre el pueblo, es que ya no les funciona la democracia de las instituciones y la Constitución no les sirve -- algo que ha sido bien conocido desde hace mucho tiempo- y que además estas son inútiles para ellos. No se puede confiar en ellos para resolver las contradicciones dentro de las filas de los gobernantes o entre los gobernantes y las personas que están exigiendo modernos acuerdos coherentes con los tiempos actuales y sus necesidades.

La negativa del pueblo a ser desviada por los gobernantes y el hecho de que se adhiera a sus objetivos de lograr justicia, igualdad, seguridad y paz sobre la base de sus propios esfuerzos inspira confianza y sigue mostrando el camino a seguir.

Notas

1. El artículo II de la Constitución faculta al Congreso para elegir el calendario de las elecciones generales. Una ley federal de 1845 fijó la fecha como el primer martes después del primer lunes de noviembre.


Se necesitaría un cambio en la ley federal para mover esa fecha. Eso significaría la legislación promulgada por el Congreso, firmada por el presidente y sujeta a impugnación en los tribunales.


Además, la Constitución establece que el nuevo Congreso debe ser juramentado el 3 de enero, y que el mandato del nuevo presidente debe comenzar el 20 de enero. Esas fechas no pueden ser modificadas por la aprobación de la legislación normal.


2. Las normas de combate son: una directiva emitida por una autoridad militar que especifica las circunstancias y limitaciones bajo las cuales las fuerzas participarán en combate con el enemigo.


3. Transcripción del elogio del presidente Barack Obama para John Lewis, Iglesia Bautista Ebenezer, Atlanta, Georgia, 30 de julio de 2020.

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