ARGENTIA: Río Negro: condenan a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu a penas de hasta dos años y medio de prisión en suspenso
- Mexteki
- 29 may
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ANRed. 26 de mayo de 2025
Machi Betiana Colhuán y su madre María Nahuel, de la Lof Lafken Winkul Mapu. Foto: Denali DeGraf (@denali.degraf)
El Tribunal Federal de General Roca, provincia de Río Negro, condenó este lunes a seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por el supuesto delito de usurpación de un predio de Parques Nacionales. Las penas fueron las siguientes: dos años y seis meses de prisión en suspenso a Matías Santana y Yessica Fernanda Bonnefoi; dos años y cuatro meses de prisión en suspenso a Martha Luciana Jaramillo; dos años y dos meses de prisión en suspenso a Romina Rosas y la machi Betiana Colhuan; y un año de prisión en suspenso a María Celeste Ardaiz Guenumil. Como para algunos miembros de la comunidad sería ya la segunda condena similar, en caso de quedar firme la medida, podrían ser de cumplimiento efectivo. «Aunque encarcelen nuestros cuerpos, nuestros espíritus van a seguir siendo libres», expresó la machi Betiana Colhuan. En 2017, la comunidad mapuche, de la zona de Villa Mascardi (a 28 kilómetros de Bariloche), comenzó un proceso de recuperación y defensa del territorio. Desde ese momento, sufre repetidos episodios de represión y persecución judicial. Por ANRed.
Este lunes 26 de mayo por la tarde, el Tribunal Federal Oral de General Roca (Fiske Menuco), Río Negro, los condenó a seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu a penas de hasta dos años y seis meses de ejecución en suspenso por considerarles coautores de los delitos de usurpación de un predio de Parques Nacionales en Villa Mascardi y dos propiedades privadas.
Las penas fueron las siguientes:
Dos años y seis meses de prisión en suspenso a Matías Santana y Yessica Fernanda Bonnefoi. En el caso de Santana, el juez dispuso, en el mismo acto, ordenar su libertad y concluir la prisión domiciliaria que pesaba sobre él.
Dos años y cuatro meses de prisión en suspenso a Martha Luciana Jaramillo.
Dos años y dos meses de prisión en suspenso a Romina Rosas y la machi Betiana Colhuan.
Un año de prisión en suspenso a María Celeste Ardaiz Guenumil.
Para algunos de los miembros de la comunidad, se trata de la segunda condena similar, por lo que, en caso de quedar firme la medida, podrían ser de cumplimiento efectivo.
Tras conocerse la sentencia, la machi Betiana Colhuan, remarcó: «aunque encarcelen nuestros cuerpos, nuestros espíritus van a seguir siendo libres».
Canal Abierto informó que antes de conocerse la sentencia, quienes estaban acusados/as de la comunidad tuvieron la posibilidad de dar a conocer sus últimas palabras. En esa instancia, Luciana Jaramillo expresó: «señor juez, tiene en sus manos la posibilidad de darnos un poco de paz, de tranquilidad y la esperanza de que algún día podamos convivir con la sociedad no mapuche, entendiendo que podemos construir una sociedad basada en el respeto mutuo, donde sean reconocidos nuestros derechos y que podamos seguir existiendo como pueblo. Si hay una condena, será una condena política, no en base a argumentos y pruebas judiciales. Vamos a seguir luchando, lejos de victimizarnos nosotros hemos venido a contar nuestra verdad, hemos venido a contar lo que nos ha sucedido como parte de la historia que estamos reconstruyendo de nuestro pueblo».
Por su parte, en un comunicado titulado «La enorme tarea del poder judicial en sostener una farsa y evitar hacer Justicia«, la Confederación Mapuche de Neuquén apuntó: «el Tribunal Oral en lo Criminal Federal instalado en Fiske Menuko, conducido por el Juez Silva, hoy dictó sentencia, ante lo que ellos consideran delitos. Una vez más un poder judicial, que a todas luces obedece y es funcional a los sectores económicos y políticos de poder, deja tranquilo a quienes sacan provecho de este escenario de represión. Una vez más pierden la oportunidad de ocupar el lugar trascendente que debería ser buscar y aplicar justicia. Orientar al gobierno represor a resolver un conflicto histórico que no acabará con ninguna sentencia que se aplique y va resurgir una y otra vez porque está en juego la supervivencia como Pueblo Nación«.
En la misma línea, la confederación agregó: «el Estado debe asumir su responsabilidad histórica, que fue instalarse y constituir una república sobre un territorio usurpado y en base a la búsqueda de un exterminio, como fue el objetivo del genocidio organizado por el Ejército Argentino. Al ser un delito de lesa humanidad, ese hecho no prescribe y requiere del Estado asumir esa responsabilidad y generar las políticas de reparación correspondiente. La legislación argentina e internacional reconoce el derecho del pueblo mapuche a la reparación a través de la restitución de tierras y recursos, un derecho fundamental para su proyección y desarrollo desde su identidad y cosmovisión. Pu lamgen, sometidas a torturas y vejámenes, esperaban disculpas públicas y reparación del sistema judicial decadente. ¡Y el poder judicial solo defendió la farsa que sostiene su existencia, condenando! Poder injusto y decadente alejado de toda justicia! ¡Mariciwew! ¡La lucha sigue y sigue!», culmina el comunicado.
La comunidad mapuche Winkul Mapu es de la zona de Villa Mascardi, a 28 kilómetros de Bariloche (Río Negro). En 2017 inició en proceso de recuperación y defensa del territorio. Desde ese momento, sufre repetidos episodios de violencia, represión y persecución judicial.
En 2017 sufrió el primer operativo de represión estatal, impulsado por el Ministerio de Seguridad, en ese momento también a cargo de Patricia Bullrich, ahora actual ministra de Seguridad de Javier Milei. En ese operativo fue asesinado por agentes de la Prefectura Naval Argentina el joven mapuche Rafael Nahuel.
En 2022, la comunidad sufrió un nuevo operativo, a cargo del Comando Unificado de Seguridad Villa Mascardi creado por el gobierno de Alberto Fernández, tras el cual las mujeres que ahora fueron condenadas pasaron ocho meses privadas de su libertad y liberadas por la Justicia tras la firma, en 2024, de un acuerdo con el Estado, que el gobierno actual desconoció.
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