– Christine Dandenault –TML Monthly Núm 23. 28 de marzo 2024
El uso de una definición espuria de lo que constituye "odio" como instrumento de control estatal en el espacio público y político de Quebec es motivo de gran preocupación. Este no es un tema nuevo.
Un caso infame tuvo lugar en 2015, cuando el gobierno liberal de Couillard en ese momento elaboró un plan de acción para combatir la radicalización que conduce a la violencia para justificar el aumento de los poderes policiales.
Con el título Radicalización en Quebec: actuar, prevenir, detectar y vivir juntos, las medidas, entre otras cosas, se tradujeron en una fuerte presencia policial en algunos cégeps con grandes poblaciones árabes. Pidieron a los "denunciantes" que denunciaran a los miembros de la política a la policía si consideraban que no eran moderados o que eran sospechosos.
Legitimaron acusaciones infundadas de incitación al odio e incitación a la violencia. Un día, cuatro estudiantes musulmanes que el Estado declaró que eran "jóvenes radicalizados que iban a unirse a ISIS" fueron arrestados cuando intentaban salir del país de vacaciones. Más tarde se supo que los jóvenes, chiítas y suníes por igual, estaban tratando de marcharse en contra de los deseos de aquellos que no querían que chiítas y suníes se mezclaran. Nada que ver con ISIS. Nada que ver con el extremismo violento.
Los musulmanes quedaron atrapados bajo el paraguas de declaraciones infundadas de que iban a luchar junto a la yihad en Siria. Hubo un revuelo en los medios de comunicación sobre los peligros de que los jóvenes se radicalizaran, acompañado de una intervención del liberal Denis Coderre, alcalde de Montreal en ese momento, que había trabajado con el gobierno federal, las fuerzas policiales y la RCMP para establecer el Centro para la Prevención de la Radicalización que Conduce a la Violencia, dirigido directamente a los jóvenes.
En noviembre de 2023, la Dirección General de Elecciones de Quebec (DGEQ) lanzó una consulta sobre la modernización de la Ley Electoral de Quebec, basada en un documento titulado Por una nueva visión de la Ley Electoral de Quebec. El documento retoma las propuestas del gobierno liberal de Canadá, y de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países europeos, sobre la prohibición de "entidades que inciten al odio o a la violencia". Busca retomar estas propuestas desde el ángulo de "garantizar que la Ley de Elecciones refleje los valores de nuestra sociedad".
El documento señala que, si bien "la desinformación, la intimidación, el acoso y las amenazas han aumentado" en Canadá y Quebec, "los informes de discurso de odio y delitos de odio han aumentado de manera significativa desde 2017". Advierte que "cuanto más se concreten este tipo de comentarios y actos en el espacio público, más probable es que se reflejen en el entorno político". "El odio", se lee en el documento de consulta, "margina, excluye y deshumaniza".
La DGEQ continúa diciendo que los privilegios que conlleva la autorización de un partido político "no deben utilizarse para amplificar el discurso de odio". Propone la adición de criterios relacionados con el nombre, los objetivos, el discurso y las actividades de un partido que podrían llevar a la retirada de su autorización. Cita ejemplos de leyes en Europa que permiten la prohibición y disolución de un partido político sobre esta base.
Prohibir un partido político por incitación al odio o a la violencia, o porque se considera extremista, es un gran problema en una sociedad que se llama a sí misma democrática. Una vez que se abre esta puerta, la libertad de expresión, el derecho de asociación y el derecho a la conciencia son atacados. Esto es aún más grave cuando reconocemos la importancia del ejercicio de estos derechos en la expresión de la voluntad popular y en la creación de la opinión pública, especialmente cuando quienes actualmente tienen acceso al poder y al privilegio están dispuestos a hacer cualquier cosa para repeler lo que consideren que amenaza sus posiciones.
El problema con todas estas prohibiciones, aplicadas a individuos y organizaciones y aplicadas por los poderes policiales, es precisamente que no investigan cuál es la fuente de tal acto, ni tienen en cuenta quién tiene el poder de decidir sobre estos asuntos. ¿Quién decide lo que es odioso, violento y extremista a la hora de la verdad, y según qué definición? Especialmente cuando se hace en nombre de los "valores de la sociedad quebequense" que simplemente se proclaman como fácilmente definidos.
El primer ministro de Quebec, François Legault, se entrega regularmente a discursos que podrían describirse como incitadores al odio y la violencia contra los inmigrantes, migrantes y refugiados. Y lo hace precisamente en nombre de lo que él llama valores quebequenses. He aquí un ejemplo, pero cualquiera que siga la actualidad en Quebec sabe que no se trata de un caso aislado:
Hablando sobre los desafíos de la integración de los inmigrantes, el primer ministro François Legault dijo: "Los quebequenses son pacíficos, no les gustan las disputas, no les gustan los extremistas, no les gusta la violencia, así que tenemos que asegurarnos de mantenerlo como está ahora", "Sin embargo, tenemos valores y hemos hablado mucho sobre laicidad en los últimos años; Ese es uno de los valores, así como el respeto. Aquí hay una forma de vida y queremos mantenerla". (Reportado por Radio-Canada el 7 de septiembre de 2022. Traducción TML). Todo esto sugiere que los valores de Quebec son civilizados y, a menos que se tomen medidas para protegerlos, se ven amenazados por los recién llegados.
Se han establecido códigos de buena conducta en la Asamblea Nacional, donde también se ha creado una lista de palabras que deben evitarse. El Comisionado de Ética y Conducta Profesional está facultado para supervisar la buena conducta de los miembros de la legislatura, todo ello con el fin de proteger los "valores quebequenses". Sin embargo, el gobierno de Legault se ha negado una y otra vez a condenar al gobierno de Israel por el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino con impunidad, y a exigir un alto el fuego. Esto no se considera una aprobación de la promoción del odio en las circunstancias actuales, ni tampoco lo es su negativa a cerrar la misión de Quebec en Israel a pesar de cerrar la oficina de Quebec en Cuba bajo el engaño de la falta de fondos para mantenerla. Tampoco se consideran las constantes acusaciones del gobierno de Legault de que los trabajadores del sector público están causando la crisis en el sistema de salud, que tienen como objetivo incitar la oposición de la población a ellos, una forma de incitación al odio y a la división del sistema político.
Al promover por sí mismos divisiones de la política sobre todas las bases imaginables y acusar a otros de "odio" y "extremismo", el gobierno y sus compañeros de viaje buscan desviar la atención del hecho de que representan una franja política que adopta posiciones extremistas pagando a los ricos, destripando programas sociales, privatizando programas sociales, la administración pública, las fuerzas policiales y similares. La élite gobernante trabaja incansablemente para desviar la atención del creciente descontento, desconfianza y oposición de la población al sistema dominado por los partidos llamado democracia representativa.
Otra forma de abordar el tema de la lucha contra el discurso que incita al odio y la violencia es que algunos dicen que Internet y las redes sociales son "incubadoras" para este tipo de discurso. Esto llega en un momento en que se puede demostrar que el proceso de "incubación" es inseminado por el Estado, sus agencias de inteligencia y sus intereses privados contratados. La DGEQ dice que el advenimiento de las plataformas digitales ha traído "desafíos complejos, particularmente en términos de confiabilidad, calidad e igualdad de la información" que recibe el electorado. Pide medidas para circunscribir la libertad de expresión en las redes sociales pero, de nuevo, no tiene nada que decir sobre los intereses privados que hay detrás de los problemas.
En las redes sociales, hay muy poca rendición de cuentas. Puedes usar un nombre falso, puedes escribir cosas que no dirías en persona y lo que dices puede interpretarse de muchas maneras diferentes porque el contexto y las referencias no siempre son obvias. Esto es lo que sucede cuando se permite a los gobiernos y a los partidos de los cárteles rebajar el nivel del discurso político para desmenuzar la política, que incluye la promoción del discurso de odio y la incitación a la violencia, con la que se salen con la suya con impunidad. Esto es parte de la realidad que viene con esta nueva tecnología, esta nueva herramienta de comunicación que debemos dominar, y no se puede dejar fuera de la ecuación cuando se discuten las medidas a tomar contra el discurso de odio y el extremismo violento. La clase dominante ha creado un ambiente basado en la anarquía y la violencia que vomita odio contra aquellos a los que no puede controlar.
Las generaciones más jóvenes están tomando medidas concertadas para humanizar el entorno natural y social a fin de adaptarlo a los seres humanos y a todas las especies de flora, fauna y vida misma. Aquellos que tienen un objetivo en la vida son muy capaces de separar el trigo de la paja, educarse unos a otros, apoyarse mutuamente y establecer reglas que favorezcan el tipo de mundo que se esfuerzan por crear.
La ilusión creada es que el problema en el espacio político es el comportamiento de individuos maliciosos y corruptos entre nosotros, no de los propios gobernantes corruptos y egoístas que respaldan un sistema político que preserva sus posiciones de poder y privilegio. Estas élites aplican la misma lógica egoísta cuando se trata de eliminar la corrupción. Durante la Comisión Charbonneau en Quebec, lanzada a la corrupción en la industria de la construcción, no fueron las mega empresas de corrupción las que fueron acusadas de corrupción, sino algunos individuos humildes a los que indujeron a aceptar sobornos en su nombre. El Partido Marxista-Leninista escribió en ese momento: "Hoy, el problema es que la élite dominante está corrompiendo todos los órganos del poder estatal atacando a la autoridad pública, dejando solo los poderes policiales. Todo esto sirve a los intereses monopólicos privados, no a los intereses de los ciudadanos".
Esto demuestra que lo que se requiere es la politización de la política, que permita resolver estos problemas de una manera que afirme el derecho de todos a hablar y organizarse. La multiplicación de las medidas de censura es muy costosa y, en última instancia, conduce a la creación de un estado policial. Es el discurso oficial el que sigue siendo la fuente principal de la incitación al odio y la violencia, no los individuos al azar o sus organizaciones.
Mientras los ciudadanos no estén en el centro de la solución de los problemas que les conciernen, sobre la base de su propia experiencia y la de sus colectivos y la sociedad en su conjunto, los problemas aumentarán y los peligros con ellos.