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Ayotzinapa: no habrá justicia sin castigo a los perpetradores

Zósimo Camacho 28 de julio 2023. Revista Contralínea


Nunca se ha resuelto un crimen de Estado en México. Todos se encuentran en la oscuridad y los perpetradores gozan de impunidad. Por mencionar apenas algunos, podemos citar la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez (2007); las masacres de El Charco (1998), El Bosque (1998), Acteal (1997), Aguas Blancas (1995); el asesinato del periodista Manuel Buendía (1984); la tierra arrasada de Guerrero (1973-1975); la irrupción del grupo paramilitar de Los Halcones (1971); la matanza de Tlatelolco (1968); la ejecución extrajudicial de Rubén Jaramillo y su familia (1962)…


Justo es reconocer que en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa las investigaciones han avanzado más que en cualquier otro. Hasta el momento, van 112 personas detenidas relacionadas con los hechos, entre ellas, dos generales y se esperan más detenciones entre integrantes de las Fuerzas Armadas. Está tras las rejas el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam y se gestiona la extradición desde Israel del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio.


Dicho lo anterior, también es necesario señalar claramente que la justicia está muy lejos aún.


Un video entregado por la propia Secretaría de Marina (Semar) al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –contenido en el quinto informe de trabajo– da cuenta de marinos vaciando el contenido de costales en el basurero de Cocula. Los hechos, unos cuantos días posteriores a la desaparición de los 43. Entre material orgánico de diverso origen, tales costales contenían restos de un estudiante. La institución militar nunca ha informado cómo obtuvieron sus elementos esos restos.


En esa parte de la fabricación de una versión falsa de los hechos acontecidos en la noche y madrugada del 14-15 de septiembre de 2014 –que buscó imponerse como “la verdad histórica”–, también aparecen efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acordonando la zona; agentes del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) atestiguando los hechos y la cúpula de la PGR como coordinadora del teatro. Toda una operación de Estado.



Y en uno de los informes que el año pasado presentó el subsecretario de Derechos Humanos de la actual administración, Alejandro Encinas, se acreditó que seis estudiantes que sobrevivieron a la noche de Iguala fueron mantenidos con vida por sus captores hasta el 30 de septiembre de ese año. Finalmente, se les asesinó y desapareció… por órdenes del coronel José Rodríguez Pérez, ascendido a general meses después de los hechos.


En parte, la publicación de estas informaciones y los avances, en general, de las investigaciones se deben a la entrega de documentación en posesión de la Sedena y la Semar. Pero se advierte algo.


Fluyen los documentos a cuentagotas con la intención de que se desmonte esa versión falsa de los hechos –indignante, por lo demás– que Murillo Karam llamó “la verdad histórica”. Y también fluyen los datos para dar con los lugares a los que fueron llevados los 43, todo indica que en grupos separados. Muy probablemente se sabrá qué pasó con los normalistas. Lo que no fluye es aquella información que revelaría responsabilidades de los más altos mandos civiles, militares y policiacos del pasado gobierno.


Porque, con un operativo que involucró a mandos medios y bajos de, al menos, tres secretarías de Estado, la PGR y el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, ¿no supieron nada el entonces presidente Enrique Peña Nieto; el que fuera titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos; el de la Semar, Vidal Soberón; el de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el del Cisen, Eugenio Ímaz? ¿O acaso quienes aparecen en el video fabricando la “verdad histórica” del basurero de Cocula se organizaron solos?


Será importante que se sepa adónde se llevaron a los 43 y el destino que tuvieron. Pero la justicia pasa por que los más altos mandos que participaron en este crimen de Estado sean llevados ante la justicia. El número de implicados –tanto civiles como militares– y sus rangos podrían constituir la principal razón de que Sedena y Semar suelten la información a cuentagotas y, en algunos casos, de plano no la entreguen.


“¡Nunca Más!”, no es sólo una consigna. Es acción. Es llevar ante la justicia a los asesinos y sus encubridores.

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