Bolivia, anáisis de coyuntura política

CELAG 26 mayo, 2026

Razones del hartazgo del campo popular

• Rodrigo Paz incumplió los compromisos electorales (como no privatizar ni endeudarse con el FMI) por los que una fracción importante del campo popular lo apoyó en la segunda vuelta electoral de 2025; ese respaldo en las urnas no fue un cheque en blanco, fue en buena parte la definición por el mal menor ante la posibilidad de que ‘Tuto’ Quiroga -la derecha más radical-, se convirtiera en presidente.

  
  

• También decepcionó a su electorado al distanciarse de su vicepresidente, Edman Lara, quien era percibido por buena parte del campo popular como el puente del Gobierno con ellos. Paz llegó a aprobar un decreto por el que se lo habilitaba para gobernar en remoto cuando se encontrase fuera del país y le recortó atribuciones constitucionales al vicepresidente. El campo popular lo recibió como una señal clara: Lara quedaba arrinconado por el Gobierno.

  
  

• Tras su victoria, se alió con las opciones electorales perdedoras de la contienda, como Samuel Doria Medina, o con quienes habían apoyado a Quiroga en la segunda vuelta, como el sector agroindustrial, el gran empresariado y tecnócratas de las finanzas. Su Gabinete, de hecho, está conformado por representantes de estos grupos de poder.

  
  

• Ello se vio reflejado en las primeras medidas que adoptó al llegar a la Presidencia, como la desaparición del impuesto a las grandes fortunas y la aprobación del decreto 5503 -por el cual se pretendía reinstalar el neoliberalismo en Bolivia-, o la más reciente Ley 1720, que pretendía la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana o empresarial, posibilitando la concentración de la propiedad de la tierra en Bolivia.

  
  

• Por otra parte, la ineficiencia gubernamental quedó en evidencia en un tema sensible a la población, como el de los combustibles. A pesar de que Paz se comprometió a restituir el normal fujo de combustible desde el primer día de su Gobierno, en estos seis meses no sólo se detectaron irregularidades en el precio de importación de diésel y gasolina, sino que la mala calidad de combustible destruyó los motores de miles de vehículos del transporte público, de particulares y pequeños transportistas privados, como los mototaxistas. Paz no ha cumplido hasta el momento su promesa de resarcimiento de daños.

  
  

• Las muestras de ineficiencia del Gobierno y de hechos que vinculan a varias de sus autoridades con la corrupción son muchas y minaron la credibilidad del Gobierno de forma acelerada. Entre ellas se destacan: i) el traslado irregular de 32 maletas desde EE. UU. en un charter por una exdiputada del partido de Luis Fernando Camacho (socio político de Paz). Este hecho es investigado por sospecha de tráfico de sustancias controladas y divisas, pues no hubo control aduanero; ii) la disposición de anular la validez de algunas series de billetes tras el accidente de un avión de la Fuerza Aérea boliviana que en su interior transportaba efectivo de moneda nacional. Este hecho afectó a quienes poseían billetes de dichas series, porque no pueden utilizarlos. Tampoco se conoce la cantidad de dinero que transportaba el avión o la cobertura de los seguros; iii) la desaparición del contenido de cajas fuertes incautadas al narcotraficante uruguayo Marset, luego de su detención en Bolivia y; iv) la detección en Chile de 68 toneladas de sustancias controladas impregnadas en madera que pertenecen a una empresa vinculada al ministro de Desarrollo Productivo.

  
  

Un Gobierno sin estructura política

• Paz llegó al Gobierno con una sigla prestada, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y desde el inicio de su mandato este espacio comenzó a resquebrajarse. Por ejemplo, la bancada en la Asamblea Plurinacional se dividió al menos en tres sectores: quienes responden a Paz, los leales a Lara y quienes son parte de la estructura del partido. A pesar de que pretendió, por medio de irregulares maniobras en el Tribunal Supremo Electoral, tener su propia estructura haciendo revivir al MIR (partido de su padre, Jaime Paz) después de casi 20 años de no participar en procesos electorales, no consiguió presentarse con esta sigla en las pasadas elecciones subnacionales.

  
  

• El presidente tampoco logró generar acuerdos en la Asamblea Legislativa con LIBRE, alianza que se autodefinió como oposición al Gobierno. A pesar de que tiene prácticamente un cogobierno con la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina y cercanía con Manfred Reyes Villa -quien tiene una bancada más reducida en el Legislativo-, el Gobierno no ha aprobado en la Asamblea ninguno de los proyectos anunciados. Por ejemplo, durante el “Gran Encuentro Nacional” organizado por el Gobierno en la ciudad de Cochabamba el 9 de mayo -en medio de la actual crisis política- Rodrigo Paz anunció un paquete de 10 leyes: ley de electricidad, ley de inversiones, ley de hidrocarburos, ley de minería, ley de la economía verde, ley del emprendedor boliviano, ley electoral, ley de reforma de la justicia, ley de seguridad nacional, ley de reducción del Estado y la burocracia.

  
  

• El presidente anunció, también en pleno desarrollo de la actual crisis política, la creación de una Comisión de la reforma constitucional. Para llevar adelante una reforma parcial de la Constitución se requiere la aprobación de dos tercios del Legislativo; Paz no puede alcanzar el apoyo de esta cantidad de parlamentarios sin un acuerdo con Tuto Quiroga.

  
  

• El Gobierno tomó la decisión política de presentar candidatos en las elecciones subnacionales, prescindiendo de la sigla que lo llevó a la Presidencia y manteniendo la distancia con sus opositores de derecha. Tenía la pretensión de transformar el triunfo fresco de las elecciones generales en control territorial. Sin embargo, lo que sucedió fue todo lo contrario. El Gobierno obtuvo un solo triunfo en las nueve gobernaciones del país, y el otro gobernador respaldado por Paz (Luis Revilla) que fue posesionado en el Departamento de La Paz, tiene en sus hombros una pesada carga de ilegitimidad porque no se realizó la segunda vuelta electoral en ese departamento. De los diez principales municipios del país logró el triunfo sólo en uno de ellos. Fruto de la confrontación electoral, el Gobierno postergó tanto la consolidación de alianzas que, en la actual crisis política, sus opositores de derecha toman una distancia notable, en unos casos exigiendo abiertamente que dicte Estado de sitio (Comité Cívico de Santa Cruz) y en otros pidiendo una restructuración profunda del Órgano Ejecutivo.

  
  

Los triunfos del campo popular a pesar de la proscripción electoral

• Entre diciembre del pasado año y enero de 2026 el campo popular, a partir de la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y la acción conjunta del sector indígena originario campesino, logró hacer derogar el decreto 5503. Esto significó ponerle un alto, a menos de dos meses del inicio de la gestión, a la reinstalación de políticas neoliberales recargadas. Si bien los movilizados aceptaron la necesidad del levantamiento parcial de la subvención a los combustibles, dejó claro que no acepta las privatizaciones de las empresas públicas ni el desfinanciamiento de la educación y la salud públicas. Pero, y esto es clave, fue el inicio de la construcción de una agenda común de resistencia por parte del campo popular.

  
  

• El pasado 10 de abril el Gobierno promulgó la ley 1720 de conversión de la pequeña propiedad agraria. Dos días antes partió una marcha compuesta por indígenas y campesinos de los departamentos de Beni y Pando hacia la ciudad de La Paz. Marcharon durante 29 días e hicieron vigilia en puertas de la Asamblea Legislativa por otros 15 días hasta lograr la abrogación de la norma. Con esta movilización se puso un freno a la reconcentración de la propiedad de la tierra en Bolivia, aunque la victoria no tiene carácter permanente puesto que, al momento de aceptar la abrogación de la Ley, los representantes del agronegocio (como Branko Marinkovic) en el Parlamento anunciaron que volverán a plantear una propuesta de ley en 60 días.

  
  

• La actual movilización en Bolivia tuvo como chispa inicial la promulgación de la ley 1720, pero también tuvo otras exigencias desde el inicio. En marzo, la Central Obrera Boliviana presentó su pliego petitorio 2026 al Gobierno, que incluye incremento salarial de 20% (a la par de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores), respeto a derechos adquiridos como los bonos, rechazo a cualquier proyecto de ley que penalice la protesta social y otras demandas sectoriales. Diez días después el Gobierno envió una respuesta a la COB, descartando el incremento salarial, argumentando que el decreto 5516 ya había generado un incremento al salario mínimo de 2750 a 3300 Bs. (algo más de 50 dólares al cambio paralelo actual).

  
  

• La COB, en un cabildo convocado el 1 de mayo en El Alto, decidió convocar a paro nacional indefinido, exigiendo que el 100% de los dólares provenientes de exportaciones de empresas privadas sean entregadas al Banco Central de Bolivia, que se apruebe un incremento salarial que reponga el valor adquisitivo de los trabajadores, no se implementen estrategias de privatización, no se apliquen recortes presupuestarios a las empresas estatales ni medidas de flexibilización laboral, no se dispongan medidas tributarias que afecten a pequeños comerciantes (bajo régimen simplificado), entre otras demandas. El Gobierno en lugar de convocar a mesas de trabajo a la COB, optó por intentar fragmentar a los trabajadores llevando adelante diálogos sectoriales, emitir órdenes de aprehensión contra el máximo dirigente de la COB (Mario Argollo) además de otros dirigentes campesinos y criminalizar la protesta social.

  
  

• La movilización que inició con mayor contundencia en el altiplano boliviano y tuvo como epicentro de arranque al Departamento de La Paz, fue irradiándose con un fuerte respaldo del sector campesino hasta llegar a más de 50 puntos de bloqueo en 7 de los 9 departamentos del país. El Gobierno respondió con represión de fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas, lo que generó más de 150 detenidos, decenas de heridos y al menos dos personas fallecidas fruto de la represión reportadas por las organizaciones sociales movilizadas. Simultáneamente, la exigencia empezó a ser la renuncia de Rodrigo Paz.

  
  

• Esta movilización ha tenido hasta el momento un logro central: la reorganización del campo popular, que construye las alianzas más importantes durante la lucha, no sólo en los periodos electorales. Esta movilización está retejiendo las alianzas entre los sectores indígenas Aymara y Quechua, entre obreros (mineros, fabriles), maestros, campesinos, jóvenes universitarios y una amplia gama de espacios, con la posibilidad de volver a consolidar un bloque popular unificado y sólido para retomar el horizonte histórico y evitar las privatizaciones, el saqueo de los recursos naturales y que el costo de la crisis la paguen los más pobres.