Pierre Soublière. Workers Forum. Num 52. 25 de septiembre 2023
Casi una cuarta parte de los 420,000 trabajadores del sector público, de todas las regiones de Quebec, se reunieron en Montreal el sábado 23 de septiembre. Los sindicatos del Frente Común estiman que más de 100.000 personas respondieron a su llamado a hacerse oír como una sola voz para exigir condiciones de trabajo humanas como parte integral de cambiar el rumbo y crear una red pública que defienda los derechos y la dignidad de todos.
Un aspecto sorprendente de la manifestación fue el número de jóvenes, la próxima generación, que expresaron su entusiasmo por redes públicas viables de atención médica y educación. Para muchos, esta fue la primera vez que participaron en una acción de este tipo. El hecho de estar juntos así con toda la energía que emana de ello fue un gran estímulo para las batallas que están en el horizonte, en un momento en que las votaciones de huelga ya han comenzado y continuarán en las próximas semanas. Los portavoces sindicales informan que en Îles-de-la-Madeleine, por ejemplo, ¡el voto a favor de una huelga es cercano al 100 por ciento!
La anfitriona del día, la comediante Rosalie Vaillancourt, dio la bienvenida a la gente cuando llegaron al Quartier des spectacles y reflejó muy bien el ambiente y los problemas. Expresó su aprecio personal por el trabajo de los trabajadores de la salud y la educación, al tiempo que afirmó que todos los trabajadores del sector público son los pilares de la sociedad y que la lucha actual es por el futuro del sector público y la sociedad misma. Ella dijo que lo que se necesitaba eran servicios que satisfagan las necesidades de las personas tal como existen hoy en día.
La presidenta de la Junta del Tesoro, Sonia Lebel, se ha mostrado a sí misma y a su gobierno totalmente insensibles al hecho de que las fuerzas motrices de la sociedad se han unido, a veces viajando largas distancias, para decir alto y claro que las mejoras son necesarias tanto en términos de salarios como de sus condiciones de trabajo por el bien de los servicios públicos. Los sindicatos del Frente Común argumentan que Lebel y su gobierno tienen una manera "desconectada y despectiva", insensible a las condiciones insostenibles de los trabajadores y al deterioro de los sistemas públicos. Lebel planteó una vez más que esperaba "flexibilidad", la posibilidad de organizar el trabajo en escuelas y hospitales "de una manera más eficiente", y agregó que nadie quiere que los servicios sean "interrumpidos".
Sobre este tema, los sindicatos plantean los ejemplos de más "flexibilidad" y "eficiencia" al servicio de los intereses privados por parte del gobierno de CAQ. Unos días antes de la manifestación, se presentó una solicitud de acción en el juzgado de Montreal con respecto a los brotes de COVID-19 que ocurrieron en los centros residenciales y de atención a largo plazo (CHSLD) de Quebec en la primavera de 2020. La acción inicialmente planteó solo el caso de los residentes de CHSLD Sainte-Dorothée, pero desde entonces se ha ampliado y ahora se refiere a todos los pacientes en CHSLD públicos en Quebec que experimentaron brotes durante la pandemia, involucrando a 25 establecimientos.
La demanda se basa en el derecho de los residentes de CHSLD a recibir atención médica y servicios sociales adecuados a niveles determinados sobre una base científica, con continuidad y de manera personalizada y segura, que defienda su derecho a la vida; la seguridad, integridad y libertad de su persona; y su dignidad.
En su solicitud de demanda colectiva, los demandantes argumentan que durante el período de marzo de 2020 a marzo de 2021, los residentes de CHSLD fueron tratados de manera ilícita, negligente e insegura por los demandados como parte de su respuesta a la pandemia de COVID-19. Entre las pruebas a este respecto, los demandantes plantean el hecho de que los demandados no adoptaron o actualizaron un plan regional para combatir una pandemia de gripe entre 2006 y 2020, la omisión de los demandados de medidas para preparar a los CHSLD bajo su responsabilidad por la pandemia en enero y febrero de 2020, y el hecho de no haber implementado de manera oportuna las medidas necesarias para proteger a los residentes de CHSLD cuando fueron identificados en enero de 2020 como parte de la población más vulnerable.
La solicitud de acción colectiva también está dirigida al Ministro de Salud y al Director Nacional de Salud Pública.