Los gobiernos no se pueden ocultar de su responsabilidad de abandonar las relaciones coloniales y actuar con respeto de los derechos indígenas.
Barbara Billyl TML / marzo 14, 2020 número 8
Desde las pláticas de los jefes Wet'suwet'en y algunos otros con los ministros provinciales y federales que concluyeron el primero de marzo, las discusiones han tenido lugar en la nación Wet'suwet'en con el objetivo de llegar a un acuerdo tentativo. Este acuerdo no incluye la presencia de Coastal Gas Link en el territorio tradicional, la cual no tiene el consentimiento de los jefes hereditarios ni tampoco incluye las acciones y presencia ilegal de la RCMP (Policía Montada de Canadá). La policía montada repetidamente ha amenazado, acosado e intimidado a los defensores de la Tierra Wet'suwet'en, con dos asaltos mayores en enero de 2019 y en febrero 6 al 10 en las que por lo menos 20 personas fueron arrestadas.
El Premier de Columbia Británica Horgan y otros voceros del Gobierno de Columbia Británica se han deslindado en repetidas ocasiones de las acciones de la policía montada implicando que ya que la esta depende de la fuerza policiaca de la provincia su presencia y actividades en el territorio Wet'suwet'en son de algún modo “rutinarios”, “normales” y no tienen nada que ver con la posición política del gobierno de Horgan sobre la construcción del gasoducto y que su gobierno no ha dado ninguna directiva a la policía.
Esta posición de que no habido una directiva política hacia la policía montada fue expuesta como una medida descarada el 6 de marzo cuando los jefes hereditarios Wet'suwet'en, las asociaciones por las libertades civiles en Columbia Británica y la Unión de Jefes indios de Columbia Británica hicieron pública una carta enviada el 27 de enero del Ministro de Seguridad Pública de Columbia Británica y Fiscal General del Estado Mike Farnworth a la Diputada Comisionada de la RCMP Jennifer Strachan. En la nota de prensa, las tres organizaciones declaran que “en la carta de Farnworth declara una “emergencia” provincial bajo el Acuerdo de Servicio de la Policía Provincial que explícitamente autoriza la redistribución interna de los recursos dentro del Servicio Policiaco Provincial”. El artículo 9 del Acuerdo de Servicios de la Policía Provincial estipula que si, en la opinión del Ministro Provincial existe una emergencia en el Área Provincial de Responsabilidad, el Servicio de la Policía Provincial puede ser redistribuido mediante una solicitud por escrito del Ministro Provincial y la Provincia pagará el costo de la redistribución.
La hipocresía de los gobiernos de Canadá y Columbia británica parece que no tiene límites. Hubo muchas intervenciones al respecto durante las pláticas entre febrero 27 y el primero de marzo que dieron lugar a la tentativa de un acuerdo, pero las acciones hablan más alto que las palabras. Lo que sucedió durante este periodo, mientras se llevaron a cabo las discusiones en la nación Wet'suwet'en, muestra la clase de respeto qué muestran los representantes de Canadá y Columbia Británica hacia la nación Wet'suwet'en y hacia las mismas pláticas. Han hecho esfuerzos para continuar desacreditando a los líderes hereditarios y presentar el tema como una disputa interna. Se le ha dado mucha cobertura mediática a los apoyadores de la nación Wet'suwet'en, del gasoducto costero particularmente a Teresa Tait-Day, quién habla por la Coalición Matrilineal de los Wet'suwet'en (CMW). El 10 de marzo, ante una invitación de una de las partes que la presentó como “una experta indígena”, Tait-Day se presentó ante el Comité Permanente de Asuntos Indígenas y del Norte en Ottawa, donde dijo que como líderes comunitarios femeninos y miembros femeninos de la nación Wet'suwet'en querían ser escuchadas. Tait-Day dijo “muchos de los jefes hereditarios masculinos están actuando a partir de la opresión histórica internalizada. Estamos enfrentándonos a la dominación patriarcal.”
El 11 de marzo el Martlet, un periódico de los estudiantes en la universidad de Victoria publicó un artículo llamado “La Coalición Matriarcal de la Nación Wet'suwet'en ha sido creada por Coastal GasLink para ‘dividir y vencer’.” El Martlet Reporta la CMW no es y nunca será un cuerpo independiente indígena o estructura de gobierno. Más bien es un grupo fundado por el gobierno de Columbia Británica y Coastal GasLink para influir en la opinión publica en en favor de la construcción del gasoducto, de acuerdo a unos documentos obtenidos en 2017 por una solicitud de información por transparencia.
En 2015 la CMW se se fundó como una corporación sin consultar con los jefes hereditarios Wet'suwet'en. Documentos obtenidos del gobierno de Columbia británica muestran que la sociedad era un proyecto conjunto entre la Coastal GasLink, el Ministerio de Asuntos Indígenas y Reconciliación y los tres miembros fundadoras Gloria George, Darlene Glaim, and Tait-Day.
En una carta de renuncia de Glaim, ella dice que “el grupo fue formado con el la intención de negociar un acuerdo beneficioso para los miembros de Clan/House con Coastal GasLink” y en 2017 los jefes hereditarios explícitamente llamaron a la CMW, una estrategia utilizada por el gobierno y Coastal GasLink para desunir a su gente.
El artículo posteriormente revela que el gobierno de Columbia británica y el Coastal GasLink, cada uno donó $60000 a la CMW para llevar a cabo talleres en los que se presentarían los beneficios económicos de la línea de gasoducto y además de promocionar el gasoducto existe un “acuerdo entre el gobierno y la CMW en la que se establece el objetivo de traer a la comunidad India para discutir los procesos de toma de decisiones para el desarrollo de las oportunidades económicas, especialmente en el desarrollo del gas natural el cual fue identificado como un hueco en el proceso de toma de decisiones” En otras palabras para minimizar la autoridad de los jefes hereditarios que han sido obstáculo para el progreso suave del gasoducto.
Mientras más se revela la traición de aquellos que están en el poder, más claro es que hoy el problema no es el de apoyar u oponerse al proyecto o la confusión de quien tiene autoridad sobre qué cosa sino más bien el hecho de que los nuevos acuerdos que se lleven a cabo con los derechos hereditarios de los indígenas sean consagrados en una constitución moderna, un asunto que compete a todos los canadienses.