Comunidades de Montaña Baja de Guerrero denuncian “guerra de exterminio” y exigen detener violencia

Asamblea de este sábado en Alcozacán, Guerrero, una de las comunidades que ha sido atacada por Los Ardillos. Foto La Jornada

Con un llamado al pueblo de México y al mundo, las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron la "guerra de exterminio" en su contra y exigieron el cese inmediato a la violencia, el despojo y la simulación oficial tras los recientes ataques armados perpetrados por el grupo criminal Los ardillos en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, municipio de Chilapa de Álvarez, entre el 6 y el 12 de mayo.

Las agresiones contra los pobladores, afirmaron, incluyeron bombardeos con drones y el uso de armamento de uso exclusivo del Ejército que provocaron el desplazamiento forzado de más de 2 mil personas.

Organizados en el Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria (CRAC-PC)-Pueblos Fundadores, los pueblos originarios expusieron su hartazgo y emitieron un pliego petitorio con base en sus derechos constitucionales a la libre determinación y la autonomía para garantizar la vida y el futuro de la región.

Exigieron la desarticulación de Los ardillos y que se investigue a las autoridades de municipios como Chilapa, Juan R. Escudero, Quechultenango, Atlixtac, Tixtla, Chilpancingo, José Joaquín de Herrera, Acatepec de la Montaña, Zitlala, Tecoapanapa, Acapulco, Zapotitlán Tablas, Mochitlán y Ahuacuotzingo, “donde opera con total impunidad”.

Rechazaron la imposición de cuarteles militares dentro de los espacios de asamblea y recreación de Alcozacán; en su lugar, solicitaron la instalación concertada de cinco Bases de Operaciones Interinstitucionales en puntos estratégicos para resguardar los caminos y frenar las agresiones armadas.

Solicitaron que la entrega de recursos del Ramo 33 sea de manera directa a las comunidades indígenas, pues las autoridades municipales desvían el presupuesto hacia zonas bajo control criminal.

Pidieron la construcción de un Centro de Salud ampliado, un bachillerato con personal docente completo y el establecimiento de un mercado interno comunitario que lleva cuatro años postergado.

También, la instalación de un Banco del Bienestar en su comunidad para evitar los traslados de alto riesgo hacia Chilapa, pues en el trayecto son víctimas de agresiones.

Reclamaron la entrega de apoyos y reparación para las familias de las 81 personas asesinadas y 25 desaparecidas en la región, la restitución total de las medidas del Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos, y la inscripción en la Comisión Nacional de Vivienda para la construcción de hogares en sus comunidades.

De igual forma solicitaron la dotación de torres de transmisión para su radio comunitaria y 80 equipos de radio de comunicación para mantener la red de alerta y resguardo civil.

Finalmente, las autoridades comunitarias desmintieron las versiones oficiales que aseguran un retorno total de la población desplazada, reportando que comunidades como Tula de Guerrero permanecen desiertas y devastadas.

Frente al panorama de abandono, los pueblos de la Montaña Baja reafirmaron que mantendrán la resistencia organizada en defensa de su territorio, sus infancias y la dignidad de sus abuelos.