Corte avala decreto sobre Lago de Texcoco como área protegida; Frente de Pueblos celebra fallo

Imágen. Por unanimidad en distintas votaciones, se aprobaron los proyectos de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Iván Evair Saldaña 1 La Jornada 6 de abril de 2026 

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el decreto del 22 de marzo de 2022 que estableció al Lago de Texcoco como Área de Protección de Recursos Naturales, al negar dos amparos promovidos por los ejidos de Santa Isabel Ixtapan y Nexquipayac del municipio de Atenco. El tribunal concluyó que el Gobierno federal no vulneró su derecho de audiencia ni su derecho de propiedad social.

El fallo fue celebrado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), encabezado por Ignacio del Valle, cuyos integrantes acudieron a la sesión en respaldo al decreto emitido por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y a la negativa del amparo a ejidos que, señalaron, vendieron sus tierras al gobierno de Vicente Fox para el fallido aeropuerto de Texcoco.

Del Valle destacó que la resolución abre la puerta no solo a la recuperación ambiental, sino también a la reconciliación social en Atenco, tras la división provocada por la venta de tierras.

De acuerdo con información gubernamental las áreas de Protección de Recursos Naturales son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales. Están permitidas las actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la investigación, recreación, turismo y educación ecológica.

Unanimidad

Por unanimidad, en distintas votaciones, el Pleno aprobó este jueves con cambios los proyectos de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en los que se validó el decreto que protege más de 14 mil hectáreas. El área abarca territorio de los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, incluidas tierras ejidales que promovieron los amparos en abril y mayo de 2022.

El ponente señaló que el ejido fue notificado del proyecto de decreto y del estudio justificativo, además de haber tenido oportunidad de presentar pruebas y alegatos, incluso mediante una asamblea general. Añadió que hubo reuniones informativas con sus representantes, donde se atendieron dudas y se aclaró que podían continuar con actividades agrícolas de forma sustentable.

“A mí me parece que la decisión que se tomó de establecer un área natural protegida en diálogo con las comunidades fue la mejor decisión, y marca un precedente importante en el país… Celebro que el Ejecutivo haya hecho esto. Felicito al Ejecutivo”, dijo.

Sin embargo, el proyecto de Hugo Aguilar tuvo que ser modificado porque una mayoría de sus compañeros pidió que se ajustara a precedentes en los fallos de los amparos en revisión 239 y 241, ambos de 2024, en los que se determinó que los decretos que declaran Área Natural Protegida (ANP) no están sujetos al derecho de audiencia previa, porque el Ejecutivo federal tiene la facultad constitucional de imponer a la propiedad las modalidades necesarias para conservar el equilibrio ecológico y los recursos naturales.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que el derecho de audiencia puede cumplirse posteriormente a la emisión de los decretos que crean ANP, conforme al artículo 27 constitucional, y que basta con las notificaciones previstas en la ley ambiental.

“En cambio, en el proyecto que ahora se pone a nuestra consideración, se sostiene la postura opuesta, tal como se afirma, por ejemplo, en los párrafos 86 y 89, en cuanto sostiene que los ejidos deben ser escuchados previo a la emisión de los decretos que crean áreas naturales protegidas, lo cual es contradictorio con los precedentes aprobados”, señaló.

Frente de Pueblos celebra fallo

El asunto se discutió con integrantes del FPDT presentes en el salón del Pleno. Al inicio de la sesión, se pusieron de pie y, en silencio, levantaron el puño izquierdo, gesto que acompañó el arranque del debate. Al concluir, tras resolverse los amparos sobre el Lago de Texcoco, los ejidatarios señalaron ante medios que la Corte privilegió el derecho al medio ambiente, al agua y al territorio.

Ignacio del Valle expresó que la lucha del Frente ha sido en defensa del territorio y el bienestar común, no por intereses económicos. Señaló que el proyecto del aeropuerto rompió la armonía de las comunidades entre quienes sí vendieron sus tierras y quienes no. Llamó a quienes se oponen a la reserva a dialogar y trabajar juntos por el bien de las comunidades, con el compromiso de mantener la defensa del territorio.

“El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra surge como una necesidad en ese tiempo, y que hoy el Frente, desde luego, ha respetado las decisiones de los pueblos, y seguirá respetando, convocándolos a que nos juntemos, a que juntos transformemos lo que ha sido en daño de nuestras comunidades”, dijo.

El abogado Sandino Rivero, representante legal del FPDT, destacó que no se hubiera llegado al fallo de hoy en el máximo tribunal si el Frente de Pueblos no hubiera dado esa batalla desde el año 2001, cuando el decreto de Vicente Fox expropió las tierras.

“El amparo no se otorgó a ciertos núcleos ejidales que en su momento habían vendido ya la tierra para que se construyera el aeropuerto, y que fueron los que presentaron el amparo en contra del decreto de área natural protegida”, dijo.

Jesús Adán Espinoza Rojas, integrante del FPDT, señaló que el área natural protegida beneficia no solo a sus comunidades, sino a millones de habitantes del Valle de México, al funcionar como un pulmón y un filtro natural que recarga los mantos acuíferos y garantiza el acceso al agua. Advirtió que la desaparición del lago provocó la caída de los niveles hídricos, afectando a las comunidades. Además, criticó el proyecto del aeropuerto por la expropiación de miles de hectáreas a bajo costo, al considerarla un despojo.

“Ese aeropuerto nomás necesitaba 3 mil hectáreas. ¿Para qué Fox expropió 15 mil hectáreas? Y lo peor, la burla, a 7 pesos con 20 centavos el metro cuadrado. Por lo tanto, eso es un despojo y una mala, pues, su proceder de ese presidente, de despojo y de… ya ni le quiero decir lo demás”, destacó.