Prevén poner fin a la compra-venta de concesiones y extracciones ilícitas de agua, lograr el reconocimiento constitucional del derecho humano a este líquido e impulsar la gestión integral de cuencas
Ciudad de México. Ante la crisis hídrica acentuada por una política de sobreexplotación, contaminación y acaparamiento, activistas de 19 regiones del país instalaron la Contraloría Nacional Autónoma del Agua cuyo principal objetivo es ser un contrapeso contra la corrupción y los intereses privados que persisten sobre la administración del agua.
La Contraloría quedó instalada con integrantes de la “Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida” que desde hace 12 años promueve una iniciativa ciudadana de Ley de Aguas Nacionales y en la que participan académicos, representantes de comunidades y pueblos originarios así como organizaciones sociales y ambientales.
Entre las principales funciones que tendrá la Contraloría está poner fin a la compra-venta de concesiones y extracciones ilícitas de agua, lograr el reconocimiento constitucional del derecho humano a este líquido e impulsar la gestión integral de cuencas, bosques, acuíferos y otras fuentes hídricas.
Además, prevé impulsar el reemplazo de la actual Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Aguas centrada en la sustentabilidad, la equidad y la participación desde una perspectiva de derechos.
Reunión de Integrantes de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
También se propone eliminar las fugas de agua en las ciudades y cambiar el modelo para que se base en la regeneración de las aguas pluviales y tratadas, en vez de la sobreexplotación y los trasvases.
“Consideramos que es necesario construir un contrapeso contra la corrupción y el control ejercido históricamente por los grandes intereses privados sobre las instituciones a cargo del agua”, señalaron los integrantes de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
La Contraloría quedó instalada con grupos representantes de la Contraloría que tienen presencia en 19 entidades del país y que durante años han padecido la escasez hídrica.
Cada grupo tendrá como prioridad denunciar las violaciones a la ley de aguas y a la legislación ambiental, realizar propuestas para una mejor gestión hídrica, impulsar la participación pública de las decisiones gubernamentales sobre la administración del agua.
Serán grupos vigilantes frente a megaproyectos, el fracking y la minería tóxica, pero al mismo tiempo, impulsarán garantías de seguridad y acceso a la justicia para los defensores del agua y el territorio.
“Tengo siete años sin agua en mi casa”
Centro,Tabasco. La desesperación de no tener agua en su domicilio llevó a José Jiménez Rivera a construir, con sus propias manos, un pozo en el patio de su casa. Lo hizo de manera artesanal y sabiendo que el agua que pudiera almacenar aquí no serviría para consumo de él y su familia. Tampoco para preparar alimentos. Pero no le importó, lo construyó como una forma de proveerse agua que le sirviera otros usos.
“Yo estoy a siete kilómetros de la ciudad de Centro en Tabasco y tengo siete años que no tengo agua en mi casa, ni un día tengo agua aquí. Siete años sin agua en mi casa, yo tuve que abrir un pozo artesanal que es el que me abastece mi agüita pero esa agua no se puede tomar porque está envenenada con esos cementerios tóxicos que nos hecho aquí. Esa agua solo sirve para bañarse o para lavar la ropa pero agua potable no tenemos, la tenemos que comprar y cada garrafón cuesta 30 pesos ¿se imagina cuánto estamos pagando de agua?”, cuestiona en entrevista con Evlyn.Online
José Jiménez Rivera construyendo un pozo de agua. Crédito: Especial
Don Chepe como lo conocen en la localidad de La Isla perteneciente a este municipio tabasqueño es un defensor del agua, desde hace años forma parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida y recientemente fue nombrado representante de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua en esta región que se caracteriza por estar rodeada de predios donde se almacenan residuos de las actividades petroleras que contaminan los mantos freáticos.
En esta localidad es común ver a los habitantes cargando garrafones de agua y rellenándolos en expendios que tienen a la venta agua potable. La gente se forma a esperar su turno, mete unas monedas y de manera autónoma, llena uno, dos o los garrafones que sean necesarios. Es su forma de proveerse agua.
“Están privatizando el agua en todo el país y aquí no es la excepción”, reprocha.
A pesar de que la localidad cuenta con la infraestructura para abastecerse agua potable, dice, las autoridades se niegan a entregarles agua porque privilegian el abasto a las empresas.
“Para el uso doméstico no hay agua, pero para las empresas sí hay. Los gobiernos han hecho caso omiso. Yo me he sentado con Conagua, con el gobierno estatal y hemos estado en mesas de trabajo, tuvimos tres reuniones y nunca más nos volvieron a convocar porque en una de esas reuniones les saqué todas las concesiones que tenemos en Tabasco y ya no les gustó que les denunciamos con nombre y apellido 2 mil 756 concesiones que las tienen los empresarios”, señala.
Aunque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano y pese a que Tabasco cuenta con el 35 por ciento del agua dulce disponible en el país, siendo la cuenca Grijalva-Usumacinta la fuente de abasto más importante, para los habitantes de La Isla, no hay agua.
“Está la infraestructura porque antes sí había agua, pero ya no. El agua es derecho que tenemos nosotros, nosotros tenemos que tener agua potable en nuestras casas”, enfatiza.
Como parte de su trabajo en la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, José trabaja en la integración de un grupo de académicos y expertos de esta región para documentar los impactos que tiene entre la población la escasez hídrica.