PETICIÓN AL GOBIERNO DEL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
ASOCIACIÓN CÍVICA MEXICANOS UNIDOS 20/06/2021
Ciudad de México, 20 de June de 2021
C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México está viviendo una época histórica de transformación, buscando dejar atrás el neoliberalismo, con toda la carga ideológica que supone y que significa anteponer los intereses del mercado a los Derechos Humanos y el respeto a la legalidad, y que tanto daño causó a nuestro país. Es por eso que, como líder de este proceso nacional, llamamos su atención sobre lo siguiente.
Hechos
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas emitió la resolución 181, en virtud de la cual se partió el territorio de Palestina para crear el estado de Israel en aproximadamente el 54% de ese territorio, en tanto que el 46% restante, en tres regiones discontinuas, para que los palestinos crearán su propio estado; en la votación de esa resolución, dignamente, México se abstuvo.
Ante esa imposición, pues no fueron consultados, los palestinos se resistieron, lo que derivó en una creciente ola de ataques terroristas contra su población, que culminó con una declaratoria de independencia de la población judía que había sido refugiada en las décadas previas y que anunciaba el nacimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, el ejército con el cual ya contaba Israel inició una guerra contra la inerme población palestina, capítulo de la historia que los palestinos conocen como Al Nakba, la catástrofe, que ocasionó la expulsión de más de setecientos cincuenta mil personas de sus aldeas y poblados, la destrucción de más de quinientas de ellas, y el asesinato de decenas de miles de personas, incluyendo ancianos, mujeres y niños, con gran saña y empleando todo tipo de armas, incluyendo lanzallamas. Al final de esa guerra que culminó en 1949, Israel se anexó no el 54% del territorio palestino que contemplaba la resolución 181, sino el 78%.
El 5 de junio de 1967 dio inicio la llamada Guerra de los Seis Días, en la cual Israel ocupó la totalidad de Palestina, así como los Altos del Golán sirios, extensiones al sur del Líbano y la Península del Sinaí, de Egipto. Tras un acuerdo alcanzado con Egipto, le devolvieron el Sinaí, pero los territorios ocupados libaneses, sirios y palestinos, continúan con ese estatus, salvo una parte recuperada por los libaneses.
Ante estos hechos, cuya enumeración resultaría muy extensa, la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad del mismo organismo, así como la Corte Penal Internacional, han emitido una larga lista de resoluciones, mismas que Israel se ha negado a respetar, destacando: la propia resolución 181, pues se han omitido los derechos de ciudadanía e igualdad jurídica, así como el carácter especial conferido a la ciudad de Jerusalem y se ha imposibilitado por todos los medios la conformación del estado palestino, contenida también en esa resolución; la resolución 194, en la que se destaca la afirmativa del derecho al retorno de los refugiados por la invasión de 1948; así como otras donde se hace un constante llamado al respeto de los derechos humanos y las leyes internacionales, evitando, por ejemplo, la construcción de asentamientos en los territorios ocupados; la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que exige la retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados, entre muchas más. Además de tomar territorio por medio de la guerra (contra un pueblo sin ejército), Israel ha implantado un sistema injusto que ya ha sido categóricamente señalado como Apartheid por Desmond Tutu y Nelson Mandela, en su momento, además de otras organizaciones como Human Right Watchers. Esto significa que el régimen impuesto en Israel contempla diferentes cuerpos de leyes para distintos grupos de personas, y no mencionamos ciudadanos, pues a la población palestina no se les reconoce ciudadanía. Este hecho nos llevó a enterar al Gobierno de la Ciudad de México de la improcedencia de la participación de una empresa en el proceso de licitación que realizaron para la adquisición de servicios e insumos para el mantenimiento de la línea 1 del STC Metro, y que fue debidamente atendida por el gobierno local, derivando en el retiro de tal empresa del mencionado proceso, toda vez que, de no hacerlo, el gobierno de la Ciudad de México y sus funcionarios caerían en los supuestos contemplados en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, del cual México es firmante, que significa, en pocas palabras, haber sido señalados por complicidad en la comisión de tal crimen, y por lo tanto, sujetos de persecución judicial en las cortes internacionales. Saludamos la justa decisión del gobierno a cargo de la Dra. Claudia Sheinbaum, quien instruyó oportunamente a los encargados de llevar adelante el proceso de adquisición para corregir la anomalía.
En las semanas recientes, Israel ha incrementado sus acciones de limpieza étnica en Jerusalem Este, capital de Palestina de conformidad con la resolución 181, ordenando el desplazamiento forzado de habitantes de los tradicionales barrios jerusalemitas de Sheikh Jarrah y Al Siwan, lo que derivó en manifestaciones de repudio. Estas manifestaciones fueron violentamente reprimidas, teniendo su clímax en el ataque de las fuerzas armadas sionistas a la mezquita de Al Aqsa. Estas acciones provocaron la reacción de la resistencia palestina en la franja de Gaza, que, en solidaridad con sus hermanos en Cisjordania, disparó unos misiles hacia posiciones israelíes, lo que a su vez sirvió de pretexto al régimen del hoy ex primer ministro Benjamín Netanyahu para emprender una nueva campaña de exterminio sobre esa sitiada extensión geográfica, la cual ha sido convertida en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, un auténtico campo de concentración. Esa campaña incluyó la destrucción del edificio que albergaba las instalaciones de importantes medios de comunicación, como AP y Al Jazeera, hospitales, incluyendo el único hospital Covid en la franja, el laboratorio de pruebas anti-covid, escuelas, mezquitas, librerías, y un sinnúmero de edificios de vivienda; todos objetivos civiles. La solidaridad internacional se manifestó masivamente en todo el mundo, incluyendo la muy digna y valiente manifestación de repudio a esas políticas genocidas israelíes por parte de grupos, desgraciadamente minoritarios, de ciudadanos judíos israelíes, pero también algunas marchas muy concurridas, en las cuales las comunidades judías de ciudades como Boston y Nueva York dejaron claro que tales políticas criminales no representan los valores del pueblo judío. Ante tal respuesta internacional, que también incluyó manifestaciones de repudio oficiales de la mayor parte de gobiernos del mundo, entre los cuales se encuentra el nuestro, el régimen israelí decidió pactar un alto al fuego. Sin embargo, ese alto al fuego es absolutamente insuficiente, pues solo cesó el bombardeo a la franja de Gaza, en tanto que se incrementó la represión contra los palestinos en la Palestina ocupada, y también en el propio Israel, donde han sido detenidos más de dos mil miembros de la comunidad palestina, a quienes despectivamente llaman “árabes”, como parte de una política negacionista. Sigue el hostigamiento en la explanada de las mezquitas en Jerusalem, el acoso en Sheikh Jarrah y Al Siwan, los ataques armados de “colonos judíos” en Cisjordania, que efectúan verdaderas acciones terroristas y se comportan a todas luces como bandas paramilitares, bajo la mirada cómplice de las fuerzas armadas israelíes que las “protegen” de las posibles respuestas con piedras de la población que sufre sus ataques, la práctica de disparar a los palestinos para provocarles mutilaciones o discapacidades, como a una puberta a quien dispararon por la espalda a la columna para dejarla parapléjica; los múltiples casos en que disparan con balas expansivas a las rodillas de hombres, niños o mujeres palestinos para causarles mutilación; el disparo de munición a los ojos para provocar la pérdida del globo ocular, o al cuello para provocar discapacidad motriz, como el caso citado de la niña, aunque ese fue por la espalda; o las prácticas que han empleado antes, de disparar al vientre de las mujeres embarazadas para matarlas a ellas y al producto. Así mismo, durante la campaña de bombardeos a Gaza se volvieron a utilizar sustancias prohibidas, como el fósforo blanco. Desde luego, continúan las amenazas y órdenes de desalojo en los ya citados barrios de Jerusalem y la demolición de viviendas y fábricas palestinas.
Consideraciones
Desde el año 2000, México mantiene un tratado de libre comercio con Israel, el cual incluye la contratación de servicios de asesoría y capacitación en materia de seguridad, así como la compra de software de aquel país para “vigilancia” y de armamento y equipamiento diverso. Este tratado conlleva una violación a la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, que México firmó y ratificó, y que contempla en su Artículo III:
Se considerarán criminalmente responsables en el plano internacional cualquiera que sea el móvil, los particulares, los miembros de las organizaciones e instituciones y los representantes del Estado, tanto si residen en el territorio del Estado en que se perpetran los actos como en cualquier otro Estado, que
a) Cometan los actos enumerados en el artículo II de la presente Convención, o que participen en su comisión, la inciten directamente o se confabulen para ella;
b) Alienten o estimulen directamente la comisión del crimen de apartheid o cooperen directamente en ella.
Los métodos de control social, eufemísticamente llamados de “seguridad” que Israel vende como asesoría, así como el software, armamento y otro equipamiento que forman parte de su comercio exterior, son promovidos como “probados en el terreno”, lo cual significa que han sido empleados para la represión del pueblo palestinos con fines de limpieza étnica y preservación del sistema de Apartheid, por lo que su adquisición equivale a estimular la continuidad de esas prácticas. Gran parte de los productos de exportación israelí son elaborados en territorios ocupados y utilizando mano de obra sujeta a una explotación racializada, por lo que su compra también es violatoria de la citada Convención.
Orgullosamente, nuestro país también adoptó la Carta de Argel, que se encuentra en perfecta sintonía con los principios y la tradicional práctica de las relaciones exteriores de México. Todos los derechos de los pueblos garantizados en ese instrumento son violentados por el régimen de ocupación al cual ha sido sometido el pueblo palestino. Pero en esa misma carta se establece:
Artículo 30. El restablecimiento de los derechos fundamentales de un pueblo, cuando son gravemente ignorados, es un deber que se impone a todos los miembros de la comunidad internacional.
Si nos apegamos a lo dispuesto en el Estatuto de Roma, firmado por nuestro país, encontramos las definiciones de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, de acuerdo con los artículos de dicho Estatuto. A partir de tales definiciones, afirmamos que el régimen israelí debe ser sometido a juicio en las cortes internacionales por la comisión de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, con el agravante, estos últimos, de que son cometidos en contra de una población civil carente de ejército.
Cabe resaltar que no es posible hablar de una guerra entre Israel y Palestina, puesto que mientras al primero se le ha permitido convertirse en una potencia nuclear a la que no se obliga, como a otros países, a ser sujeta de escrutinio de las respectivas comisiones internacionales, a los palestinos no se les permite armarse, resultando que apenas cuentan con una mínima resistencia pobremente armada mediante la adquisición clandestina de armamento que no es de ninguna manera comparable con el de Israel, y no cuenta con ningún tipo de vehículo militar. A pesar de ello, Israel comete casi todos los crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma, pero contra una población civil, lo cual, como ya citamos, es un agravante.
De manera similar, las continuas acciones de limpieza étnica y apartheid observada en Israel en contra del pueblo palestino viola los Convenios de Ginebra, en particular, el Cuarto Convenio de Ginebra que contempla la situación de la población civil en conflictos armados, reiterando que no se trata de un enfrentamiento entre dos ejércitos.
No omitimos recordar que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 implícitamente reconoce el derecho de rebelión con las siguientes palabras: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión (…)”.
En consecuencia nos dirigimos a usted para llamar la atención sobre la oportunidad que tiene México, bajo su conducción, de salvar las omisiones que hasta ahora ha cometido nuestra Nación, siendo una de las pocas en el continente que penosamente no reconoce al Estado Palestino y además contribuye a la consolidación del sistema de Apartheid y la comisión de los delitos, que de manera abreviada citamos en las líneas anteriores, mediante acciones que permiten normalizar la imagen del estado agresor, como si se tratara de uno respetuoso del estado de derecho, pero además beneficiándolo con una relación comercial que afecta directamente al pueblo palestino, pues contribuye a la continuidad de la opresión que condenamos. Cabe citar que en el pasado reciente, el estado opresor sudafricano, el cual impuso un sistema similar en contra de la población nativa, fue aislado de la comunidad internacional (con excepción de Israel y Estados Unidos, que siguieron fortaleciendo ese sistema) en lo político, militar, económico, cultural y deportivo, hasta que ese aislamiento y la creciente participación popular, sumado a la derrota del régimen sudafricano en la guerra que culminó con la independencia de Angola y Namibia, hicieron caer el régimen separatista y la liberación de Nelson Mandela quien sería el encargado de conducir una nueva etapa en la historia de aquel país.
Demandamos
En consecuencia, de los hechos descritos y las consideraciones en materia de los instrumentos jurídicos internacionales, demandamos
1. La rescisión del Tratado de Libre Comercio con Israel, toda vez que constituye una violación a la ya citada Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y convierte a nuestro país en cómplice de ese crimen de lesa humanidad.
2. La cancelación de todo acuerdo de cooperación en materia militar y de seguridad, en los tres niveles de gobierno, toda vez que las armas, los equipos y las técnicas que proporciona Israel por medio de tales acuerdos han sido utilizados para la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en los términos que lo señala el Estatuto de Roma, del cual también México es firmante.
3. La expulsión de los agentes de corporaciones de espionaje israelí, que cuentan incluso con oficinas propias, toda vez que su involucramiento en crímenes de guerra en diversos países del mundo ha sido repetidamente señalado y que son asociados a la formación de grupos contrainsurgentes en nuestro país durante los gobiernos de la etapa neoliberal.
4. El reconocimiento de Palestina como estado independiente, con sus fronteras existentes al 4 de junio de 1967, como han demandado los propios palestinos.
5. Un pronunciamiento contundente exigiendo el fin de la agresión militar israelí en la franja de Gaza, asumida como primera medida del nuevo gobierno de Naftali Bennet y la represión mediante paramilitares y fuerzas armadas en Cisjordania y en el territorio israelí, que están alcanzando extremos brutales, como el linchamiento y el ataque a los domicilios con bombas Molotov y que ha desplegado consignas brutales de tipo fascista, llamando al asesinato de los palestinos.
6. Exigir el fin inmediato del genocida bloqueo a la franja de Gaza.
Saludamos la digna postura de México en el seno de la ONU, al demandar el juicio a Israel por la comisión de crímenes de guerra y nos congratulamos por ello.
Ciudadano Presidente, atentamente le pedimos que, congruente con la actuación que ha tenido ante la ONU, y conforme a la política de relaciones internacionales establecida en la fracción X del artículo 89 Constitucional, inicie el procedimiento respectivo, para dar por terminado el Tratado de Libre Comercio celebrado con Israel y cualquier otro acto de comercio con el régimen sionista que oprime, reprime y asesina al pueblo de Palestina.