Por Staff Códice Informativo el 25/03/2022
La campaña “Sélvame del tren” critica la construcción de la ruta del tramo 5 del Tren Maya, que atravesará por la selva y cenotes.
Ante las publicaciones de artistas y científicos que circulan en redes sociales para la campaña “Salvame del tren”, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuestionó “¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste de México?” mediante un comunicado.
En el documento, la dependencia federal afirmó que se ha difundido información errónea por parte de “pseudoambientalistas hacen creer a la población en general que el Gobierno de México promueve la devastación medioambiental en el sureste mexicano, se comparten algunas situaciones graves de los últimos 30 años que sí han dañado la riqueza natural de esa región y que no fueron dignas de levantar la voz de quienes hoy se ostentan como defensores del medio ambiente”.
La campaña “Sélvame del tren” critica la construcción de la ruta del tramo 5 del Tren Maya, que atravesará por la selva y cenotes.
Como respuesta, el Gobierno federal cuestionó que en administraciones pasadas se permitió el crecimiento “indiscriminado” de granjas porcícolas. Ejemplificó que en el estado de Yucatán la Asociación de Porcicultores local ha mencionado tener al menos 500 granjas en 50 municipios de la entidad, cuyas afectaciones a la salud humana y ambiental por deforestación, desequilibrio ecológico y contaminación de cenotes es innegable, y se acrecienta por las características cársticas de sus suelos.
“Se potenció y fomentó el uso de agroquímicos como el glifosato. Esto, incluso fomentado desde las autoridades y perjudicó a la salud humana y ambiental, ya que los cultivos de organismos genéticamente modificados (el maíz y la soya) se implementan con paquetes tecnológicos basados en agroquímicos”, expuso la dependencia en el comunicado.
El gobierno aseveró que anteriormente se omitió atender el problema de la deforestación y tala ilegal. Históricamente, argumentó, el sureste ha sufrido por la deforestación, y actualmente se ubica como la región más deforestada del país; de 2010 a 2017 la siembra de soya en el estado de Campeche pasó de 17 mil a más de 40 mil hectáreas.
Añadió que solo en el municipio de Hopelchén, la superficie destinada a ese cultivo creció de 7 mil a 28 mil hectáreas, es decir 400 por ciento. La tala ilegal de maderas preciosas tropicales se incrementó en los últimos años, de 2000 a 2018, impactando incluso la Reserva de la Biósfera de Calakmul, la más grande de América Latina.
“Se dieron permisos para la explotación minera sin considerar los daños al ambiente. La explotación de recursos minerales y pétreos se concedió sin consideración de los daños ambientales que ocasiona, permitiendo que se lleve a cabo también por debajo del manto freático y sus impactos son irreversibles, como sucedió con la empresa Calica, en Solidaridad, Quintana Roo. En 68 Áreas Naturales Protegidas (ANP) terrestres de nuestro país existen 1,862 concesiones mineras con una superficie total de traslape de 1.5 millones de hectáreas, como es el caso de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, en Chiapas”.
Asimismo, criticó que se permitió la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite. Se permitieron actividades económicas que contravienen las vocaciones naturales del sureste mexicano, como el cultivo de palma de aceite, el cual requiere de grandes cantidades de agua y un paquete tecnológico de agroquímicos, además de que provoca la compactación del suelo, lo que genera severas afectaciones ambientales.
En México la mayor producción de palma de aceite se realiza en el estado de Chiapas, donde se concentran más de 49 mil hectáreas sembradas, que representan el 43 por ciento de la superficie del cultivo a nivel nacional. Esta concentración se ubica en dos regiones del estado, Soconusco y Selva Lacandona, e incluso dentro del ANP La Encrucijada con 8 mil hectáreas y Benemérito de las Américas, con más de 8 mil hectáreas en región Selva Lacandona.
Se autorizaron megaproyectos y obras de infraestructura que dañaron severamente al medio ambiente. Se permitió, e incluso se fomentó, el crecimiento desordenado y exponencial de la infraestructura turística e inmobiliaria en el estado de Quintana Roo, sin ni siquiera plantear medidas de compensación que mitigaran los impactos al medio ambiente. Particularmente en Cancún, Tulum y Bacalar, donde las consecuencias han ido desde la contaminación y privatización de las playas del Caribe Mexicano y el deficiente manejo de residuos sólidos y aguas, hasta la explotación de la riqueza natural, incluso dentro de Áreas Naturales Protegidas.
Afirmó que con el inicio de la Cuarta Transformación “también empezó la remediación de este desastre socioambiental, por lo que hemos puesto en marcha acciones, estrategias y programas que permitan detener y contrarrestar las prácticas que atentan contra el medio ambiente y la población, ya que también fomentamos un turismo respetuoso de la naturaleza y de las comunidades que habitan estos lugares”.
La Semarnat destacó la implementación del Programa Sembrando Vida en el sureste mexicano, el cual ha sido identificado como el programa de reforestación más grande del mundo, puesto que en esa zona incluye más de medio millón de hectáreas que favorecen la retención y regeneración de suelos, la captación de agua y la absorción de bióxido de carbono. Asimismo, de la mano de prácticas agroecológicas, aunadas a la generación productiva y de ingresos, se favorece el desarrollo económico y sustentable de las comunidades.
Resaltó que, para combatir la tala ilegal, se implementó una estrategia interinstitucional e integral, que inició en el estado de Campeche y ha logrado la instalación de puntos de inspección y revisión en lugares estratégicos, lo que evita el transporte de maderas extraídas de forma ilícita, decomisos y el inicio de procesos judiciales, así como seguimiento a carpetas de investigación.
Por primera vez en la historia del país, afirmó, se acordó con la población menonita frenar la deforestación e iniciar la transición hacia una forma de producción agroecológica, que se complementa con el Decreto publicado el 31 de diciembre de 2020, que prohíbe gradualmente el uso del glifosato y maíz transgénico.
Reconocimiento a las comunidades que cuidan y conservan el medio ambiente. A través del Programa Pago por Servicios Ambientales se ha logrado conservar y proteger más de 200 mil hectáreas en el trayecto del Tren Maya, y se trabaja directamente con las comunidades para seguir creando corredores biológicos forestales.
“No se ha otorgado ninguna concesión de minería a cielo abierto. Se mantiene el compromiso de proteger el medio ambiente ante esta actividad, y se realiza una revisión de las concesiones otorgadas en Áreas Naturales Protegidas”.
Por último, señaló que las personas de la región quieren y ven en el Tren Maya un camino de esperanza para su bienestar y felicidad en sus propias comunidades, a diferencia de lo que en administraciones anteriores se hacía para perpetuar el beneficio de unos cuantos, por encima del bien común, las necesidades y el desarrollo de los habitantes del sureste, y los empujaba a migrar, aun cuando son las guardianas y guardianes históricos del territorio y los recursos naturales.