Andrés Peñaloza Méndez 14 de noviembre 2020
El año pasado la economía disminuyó -0.1% no obstante se generaron 342,077 empleos formales de acuerdo al número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, el salario mínimo se incrementó 16% y el cierre inflacionario fue de 2.83%, con lo cual se derrumbaron muchos de los mitos que justificaron la contención salarial.
En los primeros dos meses del año en curso se crearon más de 192 mil nuevos empleos. Sin embargo, la pandemia nos alcanzó. Sus estragos empiezan a mostrarse desde marzo; pero es en abril y mayo donde se produce el 81% de los despidos reportados a lo largo de cinco meses. La cesantía acumulaba más de un millón 117 mil, la caída libre en materia de empleo se detiene en agosto y, de entonces a octubre, se recuperan casi 407 mil empleos de los cuales prácticamente la mitad se registran en el décimo mes del año.
Con los 200 mil 641 empleos generados al 31 de octubre se alcanzan 19 millones 902 mil 833 registros laborales ante el IMSS de los cuales el 85.8% son permanentes y el 14.2% eventuales. Todavía hay un déficit de 518 mil 609 plazas de trabajo para recuperar lo perdido. En términos anuales el desafío es mayor: la disminución es de 824 mil 591 puestos.
En octubre el salario base de cotización promedio de los afiliados al IMSS fue de 401.8 pesos. Destaca el 7.7% como el aumento anual nominal, el más alto para el mismo mes de la última década y superior a los crecimientos anuales nominales del salario base de cotización que desde enero han estado por encima del 6.0%.
Por sectores económicos el repunte de trabajo en términos anuales se dio en electricidad, 1.4%; agropecuario, 0.8% y, servicios sociales y comunales, 0.5%. Variaciones positivas se reportan en tres estados: Baja California, Tabasco y Chihuahua. En las últimas entidades la tendencia puede cambiar en razón de las inundaciones y de las nuevas restricciones para enfrentar la pandemia durante noviembre.
Si bien los datos reportados son alentadores viene el cierre del año donde suelen registrarse descensos laborales pronunciados, particularmente en diciembre. El año pasado la caída representó 382 mil 210 puestos menos, originados por la llamada pandemia de la subcontratación o terciarización sucia. El problema es más extenso pues se estima que una quinta parte de la fuerza de trabajo está contratada bajo el esquema de la subcontratación.
No es de extrañar, en consecuencia, que este jueves 12 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmará la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Esta iniciativa involucra seis ordenamientos jurídicos, de su indicativa de las diversas aristas laborales, de seguridad social, fiscales y penales imbricadas en el llamado outsourcing.
La propuesta presidencial pretende propiciar un entorno empresarial competitivo concomitante al fortalecimiento del empleo eliminando prácticas lesivas a los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras. También reducir la evasión y elusión fiscal.
La prohibición a la subcontratación, figura establecida el 30 de noviembre de 2012 en la Ley Federal del Trabajo y antes, en la reforma a la Ley del Seguro Social de 2009, se orienta a erradicar prácticas dañinas en lo fiscal y laboral. Empero, se salvaguarda la contratación de aquellos servicios u obras de carácter especializado, ajenas o que no forman parte del objeto social ni de las actividades económicas predominantes pero que son necesarias en los esquemas de producción y prestación de servicios de muchas empresas.
La evidencia revela que el llamado outsourcing reforzó la precariedad salarial extrema y perforó derechos laborales. Con bajos salarios y escamoteando el pago de impuestos y aportaciones a la seguridad social las ganancias de las empresas subcontratistas subían como espuma a la par de extender sus redes de contratación basura. Se ha estimado que en la actualidad hay 4 millones 600 mil personas trabajando en esquemas de subcontratación. Esta cantidad puede ser mayor, 11 millones 70 mil si nos atenemos, como se indica en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicativos de que una quinta parte de las personas trabajadoras están contratadas bajo la figura de subcontratación o terciarización.
La reforma propuesta va en línea con la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se prescribe que las políticas nacionales incluyan, entre otras medidas aquellas tendentes a determinar eficazmente la existencia de una relación de trabajo y sobre la distinción entre trabajadores asalariados y trabajadores independientes (en México de 2005 y 2019 los trabajadores independientes pasó de representar el 21.3% al 27.4% del total de la población ocupada). También se enuncia la obligación de combatir las relaciones de trabajo encubiertas. Entendiéndose con ello cuando con malicia un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, para ocultar su verdadera condición jurídica, privandolo de la protección a la que tienen derecho.
Es de celebrarse la decisión del presidente López Obrador para atender una inveterada demanda nacional e internacional de múltiples organizaciones sindicales, movimientos sociales e incluso, de no pocos empleadores que enfrentan condiciones de competencia desventajosa.
Un botón de muestra, de la infinidad de discusiones y acciones contra la subcontratación simulada, algunas de ellas pioneras en el tratamiento del tema, fue el foro: Las reformas estructurales del G-20 y de la mafia política y económica mexicana, que inició el 8 de octubre de 2012, con el tema La patronal reforma laboral, realizado en la casona donde viviera el célebre escritor Manuel Payno, Tacuba 53, Centro Histórico de la Ciudad de México y convocado por Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C. junto con la Asociación Mexicana de Mujeres Líderes y Microempresarias, A.C.; la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación; el Barzón Jurídico Nacional; el Centro de Reflexión y Acción Laboral; Fronteras Comunes, A.C.; Comercio Justo, A.C.; el Grupo Tacuba; Jóvenes frente al G-20; la Red Nacional Género y Economía; la Sabrosa Tradición, Sociedad Cooperativa; el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras; el Sindicato Mexicano de Electricistas; Otros Mundos-Chiapas; la Unión Popular Valle Gómez; Vanética, entre otras organizaciones de la sociedad civil.
Esperemos que los legisladores otorguen la prioridad debida a la iniciativa presidencial. No caben más dilaciones, el interés general debe prevalecer frente a los intereses de aquellos que se han beneficiado de este ilegal esquema de subcontratación. No se puede desaprovechar la oportunidad para completar pendientes deliberadamente excluidos en la reforma laboral publicada el 1 de mayo de 2019.