El campo, la soberanía alimentaria y la deuda impagable

Héctor Torres

16 de mayo del 2022


La situación del campo es trágica. En 1960 la producción agropecuaria representaba el 16% de la producción nacional, para 1994, en que empieza el Tratado de Libre Comercio (TLC) fue del 7% y en 2021 es ya del 4%.


Del total de la producción agropecuaria, el 63% es producción agrícola, el 32% producción pecuaria y el resto producción pesquera y forestal. De 1994 a 2021 la producción agropecuaria, pesquera y forestal crece en 2.4% en promedio anual, pero la población crece en 1.7% anual, de manera que la producción en el campo per cápita es de apenas del 0.7% anual, un crecimiento a todas luces mediocre e insuficiente para lograr la soberanía alimentaria. Al igual que la producción nacional no creció a tasas suficientes para generar empleos con salarios dignos, lo mismo sucede en el campo, pero con peores consecuencias.

El capitalismo neoliberal arruinó a la economía nacional y empobreció a los trabajadores, pero al sector rural lo condujo a una mayor miseria y desigualdad. Hay que saldar la deuda del campo.


En el campo laboran 5.4 millones de agricultores, más de casi 900 mil ganaderos y 145 mil pescadores y acuicultores. Pero el 55% de la población rural vive en la pobreza y el 16.4% padece de extrema pobreza.

Junto a una gran agroindustria exportadora monopolizada que hace que México ocupe el lugar 14 en la producción de alimentos y el número 8 como exportador a nivel mundial, existe una gran mayoría de pequeños productores rurales en la pobreza y en una economía de autoconsumo y de subsistencia que los obliga a emigrar al país del norte. Las deportaciones de mexicanos por Estados Unidos rompieron récord en 2021. En el sur del país es donde el 85% de las unidades de producción rural son de autoconsumo y de subsistencia.

Con el TLC México ha perdido soberanía alimentaria, aunque desde los 60´s ya la venía perdiendo y el campo ya estaba en crisis crónica. Los principales productos alimenticios, los granos básicos, han visto crecer de manera descomunal las importaciones con la liberación del mercado debido al TLC y por el abandono de los gobiernos al campo en donde los apoyos y subsidios a los productores desaparecieron.

Maíz. En 2020 el 37% del consumo nacional de maíz fue importado, sobre todo maíz amarillo, ´porque en maíz blanco para consumo humano México es autosuficiente. Y es a partir de la firma del TLC en que se disparan las importaciones de maíz. Las mayores importaciones provienen de Estados Unidos.


Arroz. El 82% del consumo de arroz es importado, de USA, Tailandia y Argentina. México fue autosuficiente hasta 1990.


Trigo. El 60% es importado. Con el neoliberalismo a principios de los 80´s la producción de trigo decrece y las importaciones aumentan, pero con Calderón y Peña Nieto las importaciones superan la producción nacional y provienen de USA, Canadá y Rusia.


Soya. El 96% del consumo de soya es importado. El 85% de Estados Unidos y el resto de Brasil.


El frijol. México es autosuficiente en frijol, pero la producción se ha estancado y el consumo por cabeza va a la baja. Es decir, se consume menos frijol por habitante.


Productos pecuarios. La dependencia alimentaria en productos básicos pecuarios es alta. El 38% del consumo de productos porcinos es importado, el 21% del consumo de aves es de importación, así como el 23% de la leche.

La producción agrícola concentrada. En 2020 el valor de la producción agropecuaria fue de 631 mil millones de pesos. Siete entidades del país concentran el 61.3% del valor de la producción agrícola: Michoacán (por el aguacate), Jalisco, Sinaloa (con el tomate), Sonora, Veracruz, Chihuahua y Guanajuato (hortalizas).


Pero en los estados del sur del país, y en donde está concentrada la mayor pobreza, el valor de la producción agrícola es extremadamente reducido y por ello la pobreza ancestral.

Los pequeños productores del campo requieren de subsidios y apoyos sustanciales para incrementar la producción y elevar sus ingresos. Y los apoyos que reciben son insuficientes y limitados. E incluso el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural desde 2014 cada vez más decrece.

En 2020 el pago de intereses de la deuda pública fue de 686 mil millones de pesos. Todo el valor de la producción agrícola de ese mismo año (631 mil millones de pesos) se destinó al pago del costo financiero de la deuda. El pago de los intereses de la deuda es ya una sangría enorme de recursos. Y con el aumento de las tasas de interés, supuestamente para abatir la inflación, ese costo será mayor y la deuda se tornará más impagable. El apoyo al campo requiere de estos recursos que se destinan al pago de la deuda. El presupuesto del SADER fue de 48 mil millones de pesos en 2020, pero el pago de los intereses de la deuda fue 14 veces mayor.

Apoyar con suficientes recursos financieros al sector social de la economía en el medio rural es una ya necesidad impostergable para aumentar la producción de manera sustentable, para garantizar la soberanía alimentaria, para bajar los precios de los alimentos y atacar la inflación y la carestía. Con la suspensión del pago de la deuda pública, y su reestructuración aboliendo las deudas ilegítimas como el Fobaproa, se garantiza el fortalecimiento y modernización del sector social de la economía en el medio rural, para así crear un nuevo modelo de desarrollo económico humano, solidario y colectivo que conduzca a la justicia social y a la democracia económica.


Promotora Nacional por l a Suspensión del Pago de la Deuda Publica