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El pacto de silencio y la destrucción de archivos, aún vigentes 

ZÓSIMO CAMACHO, @ZOSIMO_CONTRA 

OCTUBRE 3. REVISTA CONTRALÍNEA


La impunidad de la mayoría de los crímenes cometidos en el pasado (y el día de hoy) por servidores públicos se finca en el pacto de silencio, es decir, en el acuerdo entre los perpetradores para protegerse entre ellos a cambio de ventajas económicas o de otra índole. Y este pacto de silencio es posible porque hay la posibilidad de destruir y traficar archivos de la administración pública. 


La pandemia se convirtió en el pretexto fácil de varias dependencias de los tres niveles de gobierno, y de los tres Poderes, para no cumplir con las obligaciones que tienen frente a la sociedad. Una de ellas está relacionada con la organización, sistematización, preservación y custodia de los archivos que deben generar.

Para nada estamos ante un asunto menor. Estamos ante la posibilidad de evitar crímenes y de que, si se cometen, no queden en la impunidad: que los perpetradores sean identificados y sancionados. Que no haya tráfico ilícito de los documentos que luego sirven para extorsionar o cometer más delitos. Por supuesto, no es ésa la única finalidad de la preservación de la memoria histórica pero el ejemplo nos sirve para destacar la importancia del tema. 

La semana pasada conmemoramos dos hechos muy dolorosos, crímenes de la humanidad cometidos, principalmente, contra estudiantes de distintas generaciones en hechos con 46 años de distancia entre ellos: la masacre del 2 de Octubre de 1968, en la plaza de la Tres Culturas de la Ciudad de México; y la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 

La impunidad de ambos hechos está sustentada, claro, en la complicidad entre los perpetradores, funcionarios públicos y en su pacto de silencio. Pero este pacto es posible porque no hubo registro documental de sus acciones. Y si lo hubiera, fue fácilmente sustraído y eliminado. 

“La impunidad se sustenta en el pacto de silencio, y éste en la posibilidad de destruir archivos” 

¿Tendremos claro como sociedad que un destino muy distinto hubieran tenido los hechos del 2 de octubre y del 26 de septiembre si se hubieran preservado los documentos de comunicación entre las dependencias involucradas y las instrucciones que se giraron para tratar l