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El plan Made-in-Canada garantiza la seguridad energética de Estados Unidos y sus fuerzas armadas

– Fernand Deschamps –TML Monthly Núm 2, marzo de 2024


Construcción de plantas de componentes y ensamblaje de baterías para vehículos eléctricos


Un asunto que preocupa seriamente a los canadienses y a los quebequenses son los planes de pago a los ricos en los que participan los gobiernos a nivel federal y provincial. Están entregando dinero a manos llenas de intereses privados estrechos en la minería y la manufactura, además de los de la salud y otros sectores públicos, el transporte, la energía y las comunicaciones. Los fondos públicos se entregan a intereses privados estrechos, en su mayoría supranacionales de propiedad estadounidense, en nombre de una economía verde, la prosperidad y la seguridad nacional, a pesar de la evidencia de que se hacen a instancias de la administración estadounidense y sirven a la economía de guerra de Estados Unidos, de la que Canadá se ha convertido en un apéndice.


Los esquemas de pagar a los ricos integran aún más a Canadá en la economía y la maquinaria de guerra de los EE.UU., en contra del deseo más fundamental de los canadienses y quebequenses que quieren que Canadá sea una Zona de Paz.


El presupuesto federal del gobierno de Trudeau para 2023 anunció que el papel de Canadá es "convertirse en una superpotencia de electricidad limpia con una red eléctrica transcanadiense que sea más sostenible, más segura y más asequible. También debe aportar minerales esenciales. "Desde los trabajadores de recursos que extraen minerales críticos o proporcionan energía limpia al mundo, hasta los ingenieros que diseñan baterías de próxima generación, hasta los trabajadores automotrices que ensamblan los vehículos eléctricos que la gente quiere comprar, podemos asegurarnos de que los canadienses produzcan los bienes y recursos que Canadá y nuestros aliados necesitarán para las generaciones venideras", dijo la promoción del presupuesto.[1]


Viceministro de Hacienda en Puerta Giratoria Público-Privada


Curiosamente, el presupuesto federal para 2023 presentado por la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, a finales de marzo había sido elaborado por un equipo que incluía a Michael Sabia, nombrado viceministro de Finanzas en el gobierno de Trudeau en diciembre de 2020. Según Le Devoir, "tuvo sus manos en la creación del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), fue a su vez Secretario Adjunto del Gabinete en la Oficina del Consejo Privado, número dos en Canadian National, jefe de Bell Canada y Presidente de la Caisse de dépôt et placement du Québec" y hasta el 13 de diciembre de 2020,  ocupaba "el cargo de Presidente de la Junta del Banco de Infraestructura de Canadá". "Desde febrero de 2020, Michael Sabia también ha sido director de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto". La Escuela Munk es un grupo de expertos cofundado por Janice Gross Stein, quien en 2022 copresidió el Comité Asesor del Indo-Pacífico de Canadá, que tiene como objetivo, entre otras cosas, apuntar a China y participar en ejercicios militares para provocar a China.[2]


Michael Sabia fue nombrado director general de Hydro-Québec el 1 de agosto de 2023 por el gobierno de François Legault para suceder a Sophie Brochu, que dejó su cargo el 11 de abril de 2023. En una entrevista radiofónica el 12 de octubre de 2022, dijo abiertamente que no quiere que Hydro-Quebec se convierta en el "Dollarama" de la electricidad para los grandes intereses privados cuyos ojos están clavados en Quebec porque Hydro-Québec también puede generar lo que califica como "energía verde sostenible". Dijo: "Lo que no deberíamos estar haciendo es atraer un número indebido de kilovatios-hora industriales que quieren pagar tarifas baratas, y después de eso decirnos a nosotros mismos: tendremos que construir represas para alimentarlos porque nos falta energía".


Uno de los mandatos confiados a Michael Sabia es encontrar electricidad "limpia" para alimentar todas las futuras plantas que se están instalando en Quebec para la producción de componentes de baterías (ánodos y cátodos) y su ensamblaje en un producto final que tendrá aplicaciones tanto civiles como militares.


La prueba del dominio absoluto de los intereses privados sobre los gobiernos se ilustra en términos concretos con el elemento más importante del presupuesto federal: 80.000 millones de dólares en subsidios a las grandes corporaciones y sus empresas privadas para que inviertan como mejor les parezca en "electricidad baja en carbono, manufactura y otros elementos de una economía limpia". Las empresas privadas podrán acceder a los fondos públicos federales, que representan hasta el 40 por ciento del gasto del gobierno federal, como mejor les parezca. El presupuesto establece que "el enfoque no pretende sustituir al sector privado por el gobierno, ni suplantar la toma de decisiones basada en el mercado". En resumen, el pueblo paga, pero "el mercado" decide. Apenas pasa una semana sin que los funcionarios del gobierno anuncien, de una forma u otra, subsidios a las empresas privadas.


Anuncios de la construcción de una planta de ensamblaje de componentes y baterías en Ontario y Quebec


Los anuncios en 2022 y 2023 de que el Grupo Stellantis y LG construirán plantas de fabricación de baterías en Windsor, y Volkswagen en St. Thomas, Ontario, fueron acompañados por miles de millones de dólares de planes de pago a los ricos para construir las plantas y producir las baterías.


Se espera que las instalaciones de Windsor Stellantis/LG, por ejemplo, fabriquen 400.000 baterías al año, según un informe del Toronto Star. Este conglomerado supranacional, en caso de que se le pague la menor cantidad de subsidio por batería producida (3.600 dólares), recibirá aproximadamente 1.440 millones de dólares en fondos públicos por año.

Volkswagen ha dicho que su planta en St. Thomas producirá 1 millón de baterías al año cuando esté en pleno funcionamiento para 2027. Volkswagen recibiría un total de 3.600 millones de dólares al año en fondos públicos si se le pagaran subsidios en el extremo más bajo del rango, y 6.000 millones de dólares en el más alto. El gobierno federal se ha comprometido públicamente a pagar alrededor de 13.200 millones de dólares a Volkswagen durante 10 años.


Según Pierre Fitzgibbon, ministro de Economía, Innovación y Energía de Quebec, este es "el precio a pagar" por cumplir con las condiciones impuestas por Estados Unidos. Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), adoptada por la administración Biden en 2022. La IRA proporciona un marco legal para los muchos esquemas de pago a los ricos a las empresas que fabrican todo lo que Estados Unidos considera parte de la llamada "industria verde". Las empresas supranacionales de América del Norte y Europa exigen ahora este tipo de esquemas dondequiera que se establezcan.


De marzo a septiembre de este año, los fabricantes de automóviles estadounidenses GM y Ford, flanqueados por fabricantes de componentes de baterías de Corea del Sur (POSCO Chemical, ECOPRO BM, SK y Volta Energy Solutions) y suecos (Northvolt), llegaron a Quebec para anunciar la construcción de plantas en Bécancour, Granby y McMasterville para fabricar componentes de ánodos y cátodos de baterías y ensamblar estos componentes en baterías tanto para vehículos eléctricos como para vehículos eléctricos.  eventualmente, otras aplicaciones civiles, incluido el almacenamiento de energía. A todos ellos se les han ofrecido generosos préstamos y subsidios por parte de los gobiernos federal y de Quebec para construir las plantas y producir las baterías.


En la conferencia de prensa del 17 de agosto de 2023 en la que se anunció la llegada de Ford a Bécancour, el primer ministro Legault declaró, entre otras cosas. "Mi objetivo en política es crear empleos mejor pagados. Lo que quiero es que nuestros jóvenes tengan desafíos aquí y no tengan que exiliarse para tener trabajos emocionantes y bien remunerados". El gobierno y sus socios están trabajando para crear una escuela de oficios para la transición energética. El objetivo de las fiestas es que sus puertas estén abiertas en septiembre de 2024. Ofrecerán educación en los niveles secundario (DEP), terciario (técnico) y universitario. Participan los ocho consejos escolares de las regiones de Mauricie y Centre-du-Québec, así como los cuatro cégeps regionales y la Université du Québec à Trois-Rivières.

El sindicato Unifor representa actualmente a 39.000 trabajadores de las plantas de montaje de Ford, GM y Stellantis y de los fabricantes de equipos como motores, transmisiones y ruedas en Ontario. Emitió una declaración en agosto pasado en la que la presidenta nacional de Unifor, Laura Payne, declaró: "El anuncio de inversión de Ford en Bécancour es un paso importante hacia el restablecimiento de una industria automotriz más fuerte y sostenible en Quebec y Canadá. Cada trabajo a lo largo de la cadena de suministro automotriz tiene la oportunidad de traducir un beneficio económico significativo no solo para los trabajadores y sus familias, sino también para la región circundante y nuestro país". Para demostrar que quiere una tajada del pastel, Unifor anunció el 6 de octubre de 2023 que establecerá una oficina en Bécancour con un equipo de reclutamiento. Ya hay 1.000 trabajadores sindicalizados en el parque industrial de Bécancour afiliados a Unifor.


Juego de manos para eludir las normas medioambientales


En la primavera de 2023, el gobierno de Quebec modificó la normativa existente relativa a los requisitos para una evaluación ambiental a través de la Oficina de Audiencias Públicas sobre el Medio Ambiente (BAPE). El reglamento exige que todo proyecto que implique una producción de productos químicos industriales superior a 50.000 toneladas anuales esté sujeto a una evaluación ambiental en forma de consultas públicas. El umbral se ha elevado ahora a 60.000 toneladas. Muchos han dicho que este cambio se hizo para acomodar a Northvolt, que planea producir hasta 56.000 toneladas de productos químicos al año en su futura planta de McMasterville.


El interés de los imperialistas estadounidenses en asegurar la cadena de suministro para el ejército estadounidense


Los medios de comunicación monopólicos a menudo afirman que se están produciendo baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, pero rara vez se mencionan aplicaciones militares. Según el grupo de expertos estadounidense American Security Project, "mientras que el gobierno federal es el mayor consumidor de energía en los Estados Unidos, el Departamento de Defensa (DoD) representa aproximadamente el 76 por ciento de los gastos energéticos del gobierno. La mayor parte de los gastos energéticos del Departamento de Defensa provienen de los combustibles fósiles. Los combustibles a base de petróleo alimentan equipos, bases expedicionarias, vehículos tácticos, aviones, buques de guerra y otras plataformas. [...] La vulnerabilidad de los suministros derivados del petróleo sigue aumentando tanto los riesgos como los costos para el Departamento de Defensa. Sin embargo, el Departamento de Defensa se está convirtiendo en un importante inversor en nuevas fuentes de energía. [el subrayado es nuestro]. Las nuevas inversiones en combustibles alternativos y energías renovables pueden tener beneficios a largo plazo para la seguridad energética al proporcionar una alternativa al petróleo. Estas inversiones también desempeñarán un papel vital en la lucha contra el cambio climático al reducir la huella de carbono del Departamento de Defensa".[3]


El Proyecto de Seguridad Estadounidense cita al general retirado David Petraeus, quien dirigió las fuerzas estadounidenses en Afganistán y fue director de la CIA durante la presidencia de Barack Obama, para insistir en su punto: "La energía es el alma de nuestras capacidades de combate".


El embajador de Estados Unidos en Canadá, David Cohen, reiteró este punto a su manera en un discurso ante el Club Canadiense de Ottawa el 31 de octubre de 2023, centrándose en "Canadá-Estados Unidos. relaciones y socios globales en una economía y un mundo cambiantes". Recordó que Canadá y Estados Unidos están "unidos por su defensa continental y, por supuesto, por la OTAN". Hizo hincapié en que el cambio climático es un desafío para "la seguridad económica y energética mundial". Hizo hincapié en la necesidad de "desarrollar nuevas tecnologías y fuentes de energía limpias". Agregó que los "minerales críticos" están en el corazón de la "transición energética" y que todas las etapas de la cadena de suministro son esenciales, comenzando con la extracción, el procesamiento y la fabricación, donde Estados Unidos, Canadá y lo que él llama "países democráticos de ideas afines" deben colaborar.[4] Excluye a China de estos países sin más explicaciones, aparte de decir que el procesamiento y la producción chinos de minerales críticos son tales que amenazan la hegemonía de Estados Unidos a escala mundial.


Para ilustrar su punto sobre la necesidad de "profundizar nuestra integración económica", Cohen dijo que las empresas canadienses también se están beneficiando de oportunidades de financiamiento e inversión gracias a la IRA y la Ley de Infraestructura Bipartidista de 2021. Citó el ejemplo de la empresa canadiense de exploración minera Graphite One, que recibió 37,5 millones de dólares del Departamento de Defensa de Estados Unidos en virtud de la Ley de Producción de Defensa para apoyar el desarrollo de su mina de grafito en Alaska. El proyecto Graphite One se propone como una empresa integrada verticalmente para extraer, procesar y fabricar materiales de ánodo principalmente para el mercado de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. 


Garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos y sus fuerzas armadas es fundamental, y el papel que desempeñarán Canadá y Quebec para asegurar una cadena de suministro de minerales críticos y baterías como nuevas fuentes de energía es parte de esos planes.


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