Héctor Torres Gonzalez
El gobierno, el sector empresarial y el sector laboral anunciaron en 20% el
incremento nominal al salario mínimo general para el año 2023 y será de 207.44
pesos diarios; con ello estiman que se beneficiarán 6.4 millones de trabajadores
del sector formal de la economía y se habrá recuperado 90% de su poder
adquisitivo.
Todo lo que contribuya a incrementar los salarios de los trabajadores y mejorar sus
condiciones de vida brutalmente dañadas por el capitalismo es altamente loable y
más aún cuando los gobiernos anteriores saquearon al país y hundieron el salario
mínimo de tal modo que perdiera casi tres cuartas partes de su valor; sin embargo,
se debe situar en sus justos términos este incremento al salario mínimo y a cuantos
trabajadores realmente beneficia.
Con este aumento del 20% el salario mínimo real estará aún 53% por abajo del
nivel que tenía en 1976 (gráfica 1). Esto significa que se sigue perdiendo más de
la mitad de su poder adquisitivo y además con ese salario mínimo no se mantienen
dos personas y mucho menos que una familia con hijos tenga una vida decorosa.
El artículo 123 Constitucional estipula: “Los salarios mínimos generales deberán
ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el
orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los
hijos”. Actualmente el ingreso de una persona para superar la linea de pobreza es
de 4,200 pesos mensuales y con el aumento al mínimo para 2023 el salario mensual
será de 6,223, si la familia del obrero es de cuatro persona en promedio ese salario
mínimo sigue siendo de miseria y no le alcanza para vivir.
Los gobiernos burgueses derrumbaron el salario mínimo haciéndolo perder el 73%
de su poder de compra desde 1976 al 2018. Luis Echevarría Álvarez aumentó el
salario mínimo real a su máximo nivel en 1976 como una forma de controlar a los
trabajadores y mediatizar sus luchas, pero con López Portillo (1976-982) se empezó
a deteriorar, y en su sexenio se cae en 17% a causa de la crisis económica
capitalista y el gran endeudamiento. Posteriormente a partir de 1982 los gobiernos
neoliberales continuaron su ofensiva contra el salario mínimo, con Miguel de la
Madrid este pierde otro 44%, con Salinas de Gortari disminuye 9% en términos
reales y con Zedillo se reduce un 7%. FOX y Calderón lo mantuvieron al más bajo
nivel y con Peña Nieto solo aumenta en un mísero 3%. Los estragos del
neoliberalismo en materia salarial han sido inmensos y el revertirlos mediante un
plan de recuperación es urgente. El neoliberalismo ha significado una atroz ofensiva
del capital sobre el trabajo para sobreexplotarlo y así favorecer la acumulación
capitalista salvaje.
A partir de 2019 el salario mínimo real comienza a recuperarse y los aumentos han
sido muy importantes y en términos reales aumentará 20 puntos porcentuales de
2018 a 2023, pero estos incrementos son aún insuficientes y limitados porque falta
aún un gran trecho para apenas recuperar lo perdido. Los empresarios buscan que
el salario mínimo cubra el nivel de la línea de la pobreza, cuando lo que realmente
falta es atenerse al precepto constitucional sobre el salario mínimo, de tener un
salario digno que cubra las necesidades normales de una familia.
Además, los aumentos al salario mínimo se están utilizando para que los salarios
contractuales no crezcan al mismo porcentaje. La resolución de la CONASAMI dice
que el aumento de los salarios mínimos generales se integra a partir del salario
mínimo vigente en 2022, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación
(MIR) de 23.67 pesos para la ZLFN y de 15.72 pesos para el resto del país, y un
incremento por fijación de 10%. Y a continuación subraya que: “El MIR, que se
aplicó por primera vez en la fijación de los salarios mínimos vigentes en 2017, es un
mecanismo cuya única finalidad es la recuperación del poder adquisitivo de los
salarios mínimos, y es una cantidad absoluta en pesos, que no debe ser utilizada
como referente para fijar otros salarios vigentes como los contractuales,
federales, estatales, ni municipales”.
Así, el aumento del 20% aplica sólo para los salarios mínimos generales y no para
cualquier otro salario y por tanto no opera para los contractuales. Por tal razón los
salarios contractuales reales aumentaron en apenas 1.7% en 2019 y 1.03% en 2020, y se reducen -0.87% en 2021 y en -2.09% en los primeros diez meses de 2022, de tal manera que los salarios contractuales reales, en 2022, se encuentran por debajo de 2018, y con respecto a 1982 han perdido el 56% de su poder de compra. El deterioro de los salarios contractuales en las empresas públicas es todavía mayor: en 2019 casi no aumentaron con 0.1%, en 2020 se caen en -0.46%, en 2021 la reducción es de -2.21% y en los primeros 10 meses de la caída es de - 4.30%. También las remuneraciones medias reales de los trabajadores en la industria de las manufacturas han visto perder su poder de compra y su pérdida real es del 34% de 1982 a 2022 (gráfica 2).
La brecha salarial entre los trabajadores de Estados Unidos y México sigue creciendo. En 2012 el salario por hora en la industria manufacturera en México era de 2.7 dólares y en Estados Unidos de 19.1 dólares y para septiembre de 2022 en México aumenta a 2.9 dólares y en Estados Unidos a 23.8 dólares. En estos últimos 10 años los salarios en México crecen en apenas 2 centavos de dólar la hora, y esta es una de las razones de la llegada de inversión extranjera y del crecimiento de las empresas maquiladoras para explotar la mano de obre barata con el llamado nearshoring.
El presidente López Obrador en su informe del 27 de noviembre pasado señaló que
el aumento al salario mínimo junto con los programas de bienestar y el reparto de
utilidades son nuevos y eficaces medios para la distribución más justa de la riqueza.
Pero si comparamos la participación de los salarios en la riqueza producida entre
2018 y 2022 encontramos lo siguiente: en el cuarto trimestre de 2018 los salarios
representaban el 26.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y en el segundo trimestre
de 2022 fue del 26.1%, mientras que la participación de las ganancias empresariales
en el PIB aumentaron del 48.1% al 49.2% en el mismo lapso. La distribución de la
riqueza se hizo más injusta de 2018 a 2022, y ello nos muestra que los aumentos al
salario mínimo fueron tan cortos e insuficientes que los capitalistas no sufrieron
ninguna merma en sus ganancias sino que las aumentaron (gráfica 3). Esto quiere
decir que no ha habido ningún sacrificio de los empresarios durante la pandemia y
ahora con la inflación, por lo que ellos pueden proporcionar mucho más del 20%
para 2023. Por eso afirmamos que ese aumento es totalmente insuficiente y que
tampoco ayudará a una más justa distribución de la riqueza y menos cuando se
combina con la caída de los salarios contractuales y de las remuneraciones en las
manufacturas.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y la STPS informaron
que el incremento para 2023 al salario mínimo va a beneficiar a 6.4 millones de
trabajadores del sector formal de la economía. Pero, según la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo de octubre de 2022, la población ocupada que gana un
salario mínimo es de 18.8 millones (de un total de 58.4 millones de la llamada
Población Económicamente Activa), repartidos en 4 millones en el sector formal y
14.8 millones en el empleo informal. Y de esta población ocupada son 11.8 millones
trabajadores asalariados los que perciben un salario mínimo, de un total de 39.8
millones. El aumento de los salarios mínimos debería beneficiar cuando menos a
estos 11.8 millones de trabajadores asalariados, pero la CONASAMI y la STPS los
reducen a 6.4 millones de personas y solo del sector formal, dejando fuera a los del
sector informal.
Pero los trabajadores asalariados formales son los que están inscritos o registrados
en el IMSS o en el ISSSTE o en las fuerzas armadas. En el IMSS están registrados
la gran mayoría de los empleos formales, con más de 21.6 millones. Para el mes
de octubre de 2022 en el IMSS solo estaban registrados 163,317 trabajadores que
ganan un salario mínimo de 172.87 pesos por día, en donde 47,284 son
trabajadores permanentes y eventuales, por aseguramiento obligatorio, y 116,033
son trabajadores sujetos a las modalidades de aseguramiento voluntario con
convenio a 1 salario mínimo (Modalidad 30. Productores de caña de azúcar.
Modalidad 35. Patrones personas físicas con trabajadores a su servicio. Modalidad
43. Incorporación voluntaria del campo al Régimen Obligatorio. Modalidad 44.
Trabajadores independientes). Por tanto, la cifra de 6.4 millones de trabajadores del
sector formal que se beneficiaran por el incremento al salario mínimo es difícil saber
dónde están y como se beneficiaran.
Los trabajadores afiliados en el IMSS que ganan un salario mínimo representan el
0.8% del total de trabajadores asegurados y en la frontera norte la cantidad es
menor. Los trabajadores que ganan un salario mínimo conforman una pequeñísima
parte del total de trabajadores del sector formal. Las cifras del IMSS muestran que
de 2018 a 2022 los trabajadores con un salario mínimo sin convenio promedian 50
mil trabajadores. Es decir en 2019, 2020, 2021 y 2022 los beneficiados por el
aumento salarial en el sector formal inscritos en el IMSS nunca rebasaron los 80 mil
trabajadores (gráfica 4).
Y aquí surge el gran problema: ¿Como se beneficiarán los trabajadores que ganan
un salario mínimo, que están en el sector informal y que según las cifras oficiales
son 11.8 millones de asalariados y que ni la CONASAMI ni la STPS se refirieron a
ellos? Este uno de los grandes y graves problemas nacionales a resolver y está
vinculado a la gran urgencia de generar empleos formales, con prestaciones y
seguridad social.
La absoluta mayoría de los trabajadores que ganan un salario mínimo están en la
informalidad, sin contratos, sin prestaciones, sin seguridad social, y ocupados en
las micro y pequeñas empresas, son empleos precarios sin control ni vigilancia al
margen de la Constitución.
Crear empleos formales es la mejor vía para ir reduciendo la informalidad. La
informalidad crece porque no se crean los suficientes empleos formales. En lo que
va de este sexenio y al mes de octubre de 2022 se han creado un millón 159 mil
empleos formales (trabajadores inscritos en el IMSS) cuando la fuerza de trabajo
creció en 3.9 millones de personas, y así 2.8 millones de personas ingresaron a la
economía informal, al desempleo o emigraron a Estados Unidos. Por tanto debe
crearse un Plan Nacional de Empleo Digno y ello solo es posible impulsarlo con
grandes inversiones públicas, con un gran y fuerte apoyo al campo, al sector social
de la economía y a la micro, pequeña y mediana empresa y tomando en cuenta la
opinión de las organizaciones sindicales, campesina y populares. Los recursos
financieros para este plan solo pueden provenir de dos formas: no pagando el costo
financiero de la deuda pública y estableciendo una reforma fiscal, gravando a las
grandes fortunas.
El aumento del salario mínimo del 20% equivale a 34.57 pesos diarios de
incremento al pasar de 172.87 a 207.44 pesos por día; y si suponemos que
beneficia a 6.4 millones de trabajadores, en un año serian 79 mil millones de pesos
el total del aumento salarial para todos los trabajadores beneficiados. Pero
comparado con el costo financiero de la deuda pública para 2023 de más de un
billón de pesos, este monto de incremento al salario mínimo significa apenas el 8%;
y así una suma pequeña de la riqueza producida se destinará al salario mientras
que los grandes capitalistas financieros y los verdaderos dueños del dinero
obtendrán la mayor tajada por la vía de la deuda pública.
Por tanto deben aumentarse los salarios mínimos y establecerse un plan salarial
multianual para recuperar lo más pronto posible todo lo que han perdido desde
1976. Igualmente se debe hacer un plan de recuperación de los salarios
contractuales y de las demás categorías salariales rompiendo los topes salariales,
estableciendo aumentos emergentes. De no hacerlo crecerá la brecha de la
desigualdad entre salarios y ganancias empresariales, y la relación entre capital y
trabajo seguirá siendo más injusta y acrecentándose el dominio del capital sobre el
trabajo.
No pagar el costo financiero de la deuda pública y renegociar la deuda pública
permitirán que nuestro país disponga de una gran fuente de financiamiento para
crear empleos con salarios dignos y el gobierno tendrá mayores recursos para
proporcionar mejores salarios a los trabajadores de las empresas públicas, a los
maestros de educación básica, a los que laboran en las instituciones de educación
media y superior y en las instituciones estatales y así poder transitar hacia una patria
libre, democrática justa. Los sindicatos y centrales controlados por los charros y
dirigentes burocráticos son un impedimento para romper los topes salariales; la
experiencia muestra como los trabajadores de General Motors y de otros sindicatos
democráticos se liberaron de los charros y lograron romper esos topes. Construir
sindicatos y centrales democráticas es el camino para reconstruir la unidad de clase
para la lucha emancipadora.
En el año de Ricardo Flores Magón, y en el centenario de su muerte, la mejor
manera de honrarlo es hacer realidad sus grandes ideales: “Lo que el pueblo
necesita para gozar de libertades es su emancipación económica, base
inconmovible de la verdadera libertd”.
Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública
Diciembre de 2022
https://nomasdeudapublica.org