En Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Comunidades Mayas Marchan en Defensa del Territorio y contra la Criminalización

* Cientos de personas toman las calles de Mérida con las comunidades de Ixil, Dzitnup, Kinchil, Molas, Santa María Chí, Caucel Pueblo, Chuburná Puerto, Dzoyilá y Gran Calzada

* Denuncian devastación ambiental, desopojo, criminalización, corrupción de políticos y funcionarios, y uso de la Fiscalía General del Estado y del poder judicial de Yucatán para silenciar y criminalizar la defensa de derechos

* Marcha concluye frente a Palacio de Gobierno, donde hacen entrega de pliego petitorio exigiendo que las instituciones trabajen para el bien común en lugar de para intereses privados y familias poderosas

Mérida, 9 de agosto de 2026

Desafiando el calor enardecido por la deforestación y el crecimiento urbano desenfrenado, representantes de los Consejos Mayas de Ixil, Dzitnup, Kinchil, Molas, Santa María Chí y Caucel Pueblo, los Comisarios Municipales de Dzitnup y Santa María Chí, y representantes de las comunidades de Chuburná Puerto, Dzoyilá y Gran Calzada tomaron las calles de Mérida para protestar contra las violaciones de derechos colectivos, la destrucción del medio ambiente y la corrupción de las instituciones del poder ejecutivo y judicial de Yucatán. Se les unieron miembros de colectivos como Salvemos las Dunas, medios independientes, organizaciones de derechos humanos y ambientalistas.

La marcha comenzó con palabras de rechazo de Fátima Gamboa al vergonzante monumento dedicado al genocida y etnocida Francisco de Montejo, y recorrió las calles del centro mientras se unían viandantes y algunas personas que estaban participando en la biciruta. Al llegar al Palacio de Gobierno, hablaron representantes de todas las comunidades presentes, señalando que no había nada que celebrar en esa fecha y mucho por lo que protestar. Doña Brígida Moo Poot, del Consejo Indígena de Dzitnup, leyó un pliego petitorio que fue entregado en Palacio de Gobierno por una comitiva compuesta por ella misma, Wilberth Nahuat (Comisario de Santa María Chí), Gregoria Dzul (defensora del territorio de Kinchil) y Peregrina Cutz (Consejo Comunitario Ixil). El pliego, adjunto a este comunicado, denuncia la corrupción del poder, los tribunales y la Fiscalía de Yucatán, y demanda una serie de medidas para terminar con los despojos, la criminalización y el mal uso de las instituciones en apoyo de intereses particulares. Tras entregar el pliego, regresaron a sus comunidades con la intención de fortalecer la defensa de territorios y derechos, y de ampliar las alianzas con otras comunidades y organizaciones.

PLIEGO PETITORIO

Al Gobierno del Estado, Poder Judicial y Fiscalía General del Estado de Yucatán

Las comunidades mayas, acompañadas por personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, declaramos hoy, 9 de agosto de 2026, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nuestro rechazo al uso de las instituciones de gobierno y del sistema de justicia en Yucatán para perseguirnos, intimidarnos y criminalizarnos por defender nuestro territorio y derechos colectivos.

Cuando las comunidades denunciamos a intereses económicos y políticos por despojo, amenazas, daño ambiental, violencia, corrupción y violaciones a derechos fundamentales, las autoridades estatales jamás responden. Pero cuando nos organizamos, protestamos pacíficamente o ejercemos nuestros derechos colectivos, la Fiscalía Estatal, el Poder Judicial estatal y la SSP atienden inmediatamente denuncias sin fundamento para hostigarnos, criminalizarnos y desgastarnos.

La corrupción del Poder Judicial del Estado de Yucatán quedó muy clara cuando emitió un comunicado afirmando que la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez “actuó en estricto apego a derecho, garantizando en todo momento el debido proceso” cuando vinculó a proceso a tres personas para satisfacer a dos poderosas familias que quieren despojar tierras comunitarias en Ixil. El Poder Judicial emitió este comunicado al día siguiente de la audiencia, dentro del plazo para la presentación de una apelación, violando las garantías procesales de las personas vinculadas a proceso. ¿Qué credibilidad puede tener un Poder Judicial que favorece a los poderosos de forma tan descarada?

Casos como este dejan claro que el Poder Judicial y las instituciones yucatecas están al servicio de intereses privados, y que les favorecen a costa de la vida, el territorio y los derechos colectivos de comunidades mayas. Exigimos que las instituciones defiendan el interés común, los derechos humanos y colectivos, en lugar de los intereses de élites corruptas. Si no es así, el malestar seguirá creciendo en las comunidades mayas y en el resto de la sociedad yucateca, hasta llegar a una explosión social.

Por ello, exigimos:

1.    Que cese la criminalización, el hostigamiento, la intimidación y la persecución judicial de personas defensoras de derechos humanos, activistas, autoridades comunitarias y pueblos indígenas.

2.    El respeto al derecho a la libre determinación, autonomía, integridad territorial y formas propias de organización y autogobierno de comunidades y pueblos indígenas, conforme a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos.

3.    Que no se firme ningún convenio, ni se otorguen autorizaciones, licencias o permisos que puedan afectar a comunidades mayas. Que todas las instituciones respeten el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, con suficiente tiempo para deliberar y sin simulaciones ni procesos amañados.

4.    Que todas las investigaciones y procesos judiciales se conduzcan con perspectiva de derechos humanos, garantizando el debido proceso, la no discriminación y el reconocimiento de la labor de defensa social y comunitaria. Que en actuaciones relacionadas con personas indígenas, se garantice un enfoque de justicia intercultural y el respeto a nuestros sistemas normativos.

5.    El reconocimiento de comunidades, personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente como parte fundamental de la vida democrática. Defendemos el bien común, y rechazamos el intentos de desacreditarnos o tratarnos como amenaza.

6.    Investigaciones imparciales y efectivas de denuncias presentadas por comunidades y personas defensoras contra actores económicos, políticos o empresariales por afectaciones ambientales, violencia, amenazas, despojo o corrupción.

7.    Que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Yucatán actúen con autonomía y sin sesgos políticos o económicos, y tomen medidas contra el uso de procesos penales como forma de persecución, presión, desgaste o venganza contra quienes defendemos derechos y territorios.

8.    Garantías para la defensa del territorio, el agua, el medio ambiente y los derechos colectivos, respetando el derecho a la libre manifestación, organización y participación comunitaria.

9.    La creación de un mecanismo estatal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, diseñado conjuntamente con comunidades y organizaciones sociales.

10.   El cierre inmediato de las carpetas de investigación, procesos judiciales y actos de persecución contra personas defensoras, activistas y autoridades comunitarias que respondan a denuncias sin fundamento puestas por intereses políticos, económicos o particulares. Justicia y compensación de daño psicológico y otras afectaciones para quienes han sufrido persecución judicial infundada por parte de empresas porcícolas, inmobiliarias y de otro tipo, con el fin de intimidar, desgastar y obstaculizar la labor legítima de las personas defensoras del territorio, del agua, del medio ambiente y de los derechos colectivos de los pueblos mayas.

11.   Una investigación independiente sobre la emisión del comunicado difundido por el Poder Judicial de Yucatán sobre el proceso penal seguido contra personas defensoras de las tierras comunitarias de Ixil, y la separación del cargo de quienes hayan autorizado o emitido dicho comunicado . ⁠Que el Poder Judicial del Estado no emita comunicados que respalden decisiones jurisdiccionales sujetas a revisión mediante recursos legales previstos por la ley.

12.   El fin de la simulación institucional, mediante la cual se protege a grupos de poder económico y político mientras se persigue, desgasta y castiga a quienes denuncian injusticias, defienden los bienes comunes y ejercen legítimamente sus derechos colectivos.

Las personas defensoras no somos enemigas del Estado.

Defender la tierra, el agua, el monte, la biodiversidad y la vida no constituye un delito; es un derecho humano reconocido por la Constitución y por el derecho internacional.

Delito es utilizar las instituciones públicas, el sistema penal y el aparato de justicia para proteger privilegios, favorecer intereses particulares y silenciar, perseguir o reprimir a los pueblos mayas organizados y a quienes acompañan su legítima defensa desde la sociedad civil.

¡Alto a la criminalización!

¡Tierra, agua y libertad para todo Yucatán!