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En Nayarit, para jubilarse les echaron quince años adicionales de trabajo

Andrés Peñaloza. Sic.mx.  1º de julio 2024


El pasado lunes 24 de junio abordamos a Mario Alejandro García Gutiérrez, Secretario General del Sindicato de Unidad para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Nayarit (SUTSEN), quien en medio de carpas instaladas afuera del Juzgado Segundo Auxiliar del Poder Judicial, en San Lázaro, ciudad de México, nos indicó incrédulo que en dichas carpas depositaron miles de amparos interpuestos a inicios de este año por parte de empleados públicos nayaritas, ante la zozobra generada por la nueva ley de pensiones, denominada “Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y Trabajadores del Estado Libre y Soberano de Nayarit”, cuyo objeto es establecer un régimen previsional para los empleados de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado; de los poderes Legislativo y Judicial; de los organismos constitucionales autónomos; de los Ayuntamientos, así como de sus organismos descentralizados; trabajadores de entidades privadas patronales y trabajadores independientes, que mediante convenios se adhieran al régimen previsional establecido en esa Ley y en los estatutos del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las trabajadoras y trabajadores de Nayarit.


Luego de que los juzgados federales en materia de trabajo en Nayarit, recibieran más de siete mil amparos, mismos que se distribuyeron en forma gradual conforme se iban presentando, admitiéndolos a trámite y concediendo la suspensión en todos ellos, los entes públicos se vieron en la necesidad de no aplicar la nueva ley de pensiones y regresar a los trabajadores de manera provisional al régimen anterior, en tanto se resuelven en definitiva los amparos.


El incremento extraordinario de amparos interpuestos en los Juzgados, pero sobre todo, por la presión política de las autoridades morenistas del Estado los cuatro jueces optaron por dar a conocer la situación al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, mismo que ordenó a través del Acuerdo General 04/2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 2024, remitir todos los asuntos relativos a la “Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y Trabajadores del Estado Libre y Soberano de Nayarit” a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Sede en la Ciudad de México.


Al escuchar al sindicalista y también maestro en administración pública, quien viajó 777 kilómetros con la esperanza de encontrar noticias favorables en la atención de los amparos promovidos, afloró en su semblante la aflicción provocada por la relegación de sus expedientes los cuales no han sido tramitados por la nueva autoridad competente, dejando de lado la garantía de acceso a la justicia.


Sin embargo, con la firmeza de un comprometido y buen dirigente sindical, Mario García, es tajante: «no importa al lugar que manden los expedientes, siempre estaremos defendiendo los derechos de nuestros afiliados, aunque ello implique recorrer todo el país».


Asegura el dirigente del SUTSEN: «se está creando una franja entre los primeros amparos presentados y los demás, pues aun cuando al día de hoy, todos están bajo esa carpa, los primeros amparos a los que sí se les dio tramite en Nayarit, lograron por medio de las suspensiones, que se regresara a muchos trabajadores al régimen anterior, lo cual no pasó con los segundos, misma situación que ha causado una diferencia entre unos y otros, lo cual trae consigo un posible acto de discriminación»


Su reacción me remitió a un pasaje de la novela Maira del antropólogo, educador y político brasileño Darcy Ribeiro (Minas Gerais, 1922 – Brasilia, 1997), cuando describe la añeja práctica de autoridades y juzgadores para dilatar o diluir la impartición de justicia.


¿Y para qué diablos vino a hacer la denuncia justamente aquí, sobre mí?

Lo que tenemos es largar esto, doctor. Lo mejor es hacer un traslado de la denuncia, poner un oficio de envío y que siga adelante (…) Yo sólo quiero ver cómo va a acabar esto. Lo que no podemos es quedarnos con la brasa en la mano.


En Nayarit, es notorio el rezago en la solución de conflictos laborales y los dos órganos jurisdiccionales existentes en esa materia son insuficientes. De 2020 a 2023 se abrieron 1,608 expedientes en materia laboral; únicamente 416 se han solventado (26 %); 836 están en proceso de solución y 356 el órgano jurisdiccional se declaró incompetente y, en consecuencia, no se admitió la demanda[1].


Échales quince años adicionales de trabajo

 

El 16 de marzo de 2023, se promulgó una nueva ley de pensiones en Nayarit, abrogando la Ley del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, de 1997. «Los sindicatos y muchos trabajadores en lo individual presentamos amparos por su inicio de vigencia puesto que la diferencia es abismal, por que mientras la ley abrogada establece que a partir de los 48 años en caso de las mujeres y 50 para los hombres puedes pensionarte, en la nueva Ley es necesario tener al menos 65 años, por lo que muchos trabajadores con más de 10, 15, 20 o más años de servicio, están experimentando un cambio de régimen sin que exista certeza del destino de sus aportaciones realizadas en el régimen anterior», nos dice el entrevistado, quien añade «aun cuando la nueva Ley se promulgó en marzo de 2023, no fue hasta el 31 de enero y 15 de febrero de 2024, que se vio reflejada su aplicación en las nóminas de los trabajadores, motivo por el cual se vieron en la necesidad de presentar amparos en lo individual para contrarrestar esta nueva norma».


Agrega muerte a los años y privatiza la vida

En 1997 y en 2007, bajo los gobiernos de Ernesto Zedillo (PRI) y Felipe Calderón (PAN), se reformaron las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), transformando el sistema pensionario de carácter solidario a uno de cuentas individuales manejadas por Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), es decir, en el dominio del capital financiero.


Además de aumentar las semanas de cotización las pensiones se circunscribieron al ahorro individual. Las aportaciones de las personas trabajadoras se merman por onerosas comisiones de las AFORES, los magros salarios e intermitencias laborales, resultando en pensiones ínfimas de una cuantía distantes al último salario percibido. Para rematar se extiende a 65 años la edad mínima de jubilación.


La problemática nayarita en materia de pensiones, es extensivo a muchas entidades federativas, refleja la generalizada crisis del sistema de pensiones. Los cambios legislativos propuestos a nivel federal y en los estados se antojan insuficientes; incluso regresivos, como el de Nayarit, en varios aspectos.


En rigor, tarde o temprano, tendrá que revertirse la privatización del sistema de pensiones y retomar el carácter universal y solidario de un sistema concentrador de cuantiosos recursos[2] invertidos mayormente en mercados financieros en lugar de servir para inversiones públicas seguras y de alta rentabilidad, como las oportunidades presentes en la esfera energética y de infraestructura del país.


En consecuencia, es imprescindible sumar y robustecer las luchas proletarias, para terminar con el régimen de cuentas individuales y la reducción de años para jubilarse, como acertadamente la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) ha demandado.


SIC mx


[1] Fuente: INEGI. RALAB, sexto bimestre de 2020 al 31 de diciembre de 2023.


[2] Los recursos totales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) sumaron un monto de 6,113,064 millones de pesos (mdp) al cierre de marzo de 2024, lo que representó 19.2% del PIB. Informe trimestral Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).


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