Equinox Gold destruye ejido y desafía al Estado mexicano

Zósimo Camacho. Diario Red. 16 de junio 2025

Luego de extraer oro a tajo abierto en casi 800 hectáreas, trasnacional canadiense anuncia suspensión de operaciones. Pretende irse sin remediar daños. Deja montes muertos, manantiales tóxicos y familias campesinas enfermas y sin sustento

La comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, cumple dos meses de protesta pacífica frente a las instalaciones del complejo minero “Los Filos”, que ocupa sus tierras en el estado mexicano de Guerrero. Demanda a Equinox Gold Corp, con sede en Vancouver, Canadá, una retribución justa o la remediación de sus montes, casi en su totalidad destruidos por 25 años de saqueo.

Y es que la trasnacional canadiense ordenó desde el primero de abril a su subsidiaria en México, Desarrollos Mineros San Luis, SA de CV, suspender de manera unilateral e indefinida las actividades en todo el complejo: tres tajos a cielo abierto (Los Filos, Bermejal y Guadalupe) y dos subterráneos (Nukay y U G Bermejal).

Lo grave para las 176 familias campesinas es que sus tierras ya no son aptas para ninguna actividad agropecuaria y sus manantiales están contaminados. La empresa despidió de manera fulminante a los trabajadores. Sin los ingresos por la ocupación temporal y sin la remediación de su territorio, la población de Carrizalillo no tiene manera de subsistir.

Además, la empresa no inició un proceso de devolución de las tierras que implicaría establecer un programa de compensación, remediación ambiental y rehabilitación de tierras productivas supervisado por las autoridades federales. Equinox Gold decidió solamente cerrar sin asumir responsabilidad alguna.

“Las parcelas agrícolas están destruidas y los manantiales de agua están contaminados; ahorita no hay manera de empezar a sembrar”, advierte Mariano Peña Vázquez, ejidatario de Carrizalillo, primer secretario del Consejo de Vigilancia del Ejido y delegado de la Mesa Agraria de Negociación. Tampoco se pueden realizar actividades de pastoreo. Las últimas vacas, víctimas del agua envenenada, murieron hace algunas semanas.

El campesino deplora que la minería intensiva “llegó engañando, engañándonos a todos, en el año 2000; sabemos que saca oro, pero en realidad no sabemos qué más saque”.

La devastación ambiental no es lo único que preocupa a la comunidad. También, las enfermedades que se presentan entre la población. Abortos, nacimientos prematuros, diarreas, lesiones en la piel y ojos son algunas de alteraciones sanitarias achacadas al polvo, la contaminación del aire y, sobre todo, al “agua contaminada de arsénico, muy fea,” que injiere la población, de acuerdo con Peña Vázquez.

La ley contempla la aplicación de un programa de cierre y postcierre de actividades y la obligación de finiquitar a los trabajadores, concluir las relaciones con proveedores y la desocupación ordenada de parcelas.

A pesar de que todas las actividades de extracción de minerales se suspendieron y que concluyó la vigencia de los convenios de ocupación, la empresa no ha cumplido con sus obligaciones legales y contractuales. El cierre de la mina también debe ser acordada entre las partes.

Entre las obligaciones legales y contractuales, destacan aquellas relacionadas con la salud pública de la población y el medio ambiente. De hecho, son cuatro organismos federales los que deben obligar o supervisar el cumplimiento de las disposiciones.

Una de ellas es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada de autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y los programas de cierre y postcierre de las actividades de cualquier mina. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) supervisa las actividades diarias y monitorea agua, aire y suelos de manera permanente.

Por su parte, la Procuraduría Agraria (PA) realiza arbitraje sobre la propiedad de la tierra y defiende a los sujetos agrarios. Mientras, la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía (SE), supervisa las concesiones, el pago por la ocupación del territorio y, entre otros asuntos, las vigencias y el cumplimiento de los convenios sociales.

Si estas dependencias hacen su trabajo, pueden parar el cúmulo de irregularidades que se presentan en Carrizalillo y en todas las concesiones minera del país, observa Miguel Ángel Mijangos Leal, asesor de la comunidad e integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP).

Advierte que la ley es clara. Si la trasnacional ya no quiere pagar la renta, está obligada a presentar un programa de rehabilitación de la tierra, “para tratar de dejarla en su estado original, o parecido, al de antes de la ocupación minera”. Tal proceso de restauración implicaría inversiones de la empresa por 3 o 5 años, “pero ya para restituir; no para sacar metales”.

Mijangos Leal, investigador independiente y activista, cuestiona la legalidad de la “suspensión indefinida” decretada por Equinox Gold. En sí misma, provoca pasivos ambientales. “Dejan una mina sin operación y literalmente dejan una montaña de tóxicos, de metales pesados que están generando diferentes procesos de daños al ambiente”.

Y es que, en efecto, hoy los residuos peligrosos generados por la minería en Carrizalillo no están siendo tratados para su confinamiento. Están al aire libre.

Minera quiere pagar menos y extraer más

Desarrollos Mineros San Luis, subsidiaria de Equinox Gold, asumió la propiedad del complejo minero Los Filos en 2019. Con motivo de la renegociación del convenio de ocupación temporal, que estaría vigente a partir del primero de abril de 2025, decidió modificar las condiciones de operación con las comunidades involucradas.

Durante los diálogos, el 29 de enero de 2025 la trasnacional suscribió una minuta de acuerdos. Estableció su intención de celebrar convenios con las comunidades de Xochipala, Mexcala y el ejido Carrizalillo. La propuesta de vigencia fue de 20 años, es decir, hasta 2045.

Aunque son tres los núcleos agrarios afectados, es Carrizalillo quien de manera directa resiente los trabajos de Equinox Gold. El complejo minero está dentro de su territorio. Alrededor del 77 por ciento del ejido está ocupado por la trasnacional: 772 hectáreas han sido desmontadas, dinamitadas y contaminadas.

Entre las nuevas condiciones que buscó imponer la empresa para seguir operando el complejo minero, se encuentran reducir el pago sobre la ocupación temporal de 6.69 onzas de oro por hectárea al año, a 2.5 onzas. Es decir, una reducción del 63 por ciento. También, incrementar la vigencia de convenio de 6 a 20 años. Y una reducción del convenio social, de un millón 700 mil dólares a 900 mil dólares, lo que significa una reducción del 52 por ciento.

Con respecto de la remediación, cuidado y mantenimiento de la tierra, la empresa sólo se comprometería a destinar mil dólares por hectárea explotada por año y 290 dólares por hectárea explorada por año. También buscó dar por terminado el Convenio de Colaboración y Contraprestaciones Sociales. En su lugar crearía un Fondo de Inversión Social.

Mientras que las Asambleas de Xochipala y Mexcala aceptaron las nuevas condiciones, la del ejido Carrizalillo rechazó la propuesta de ocupación y del Fondo de Inversión Social. Elaboró una contrapropuesta con la que negoció hasta la posibilidad de aceptar que Equinox Gold pagara un precio de 4 onzas de oro por hectárea al año durante 4 años fijo. Posteriormente, un porcentaje adicional con base en una tabla de producción.

La minera, por su parte, presentó demandas contra el ejido y 125 parcelarios. Alega que son ellos quienes han despojado a la empresa de “sus tierras”. Sin embargo, un magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) determinó que las medidas cautelares solicitadas por la empresa requerían una fianza significativamente mayor a la propuesta inicial, calificando la compensación ofrecida, de un peso con 58 centavos mensuales por ejidatario, como “irrisoria y burlona” (expediente 408/2025).

La Minera demandó al ejido a 125 parcelarios. Alega que son ellos quienes han despojado a la empresa de “sus tierras”. Ofreció una fianza de compensación de un peso con 58 centavos por ejidatario. El Tribunal Unitario Agrario calificó la cantidad citada como “irrisoria y burlona”

La dotación del ejido data del primero de diciembre de 1937, con una superficie de mil hectáreas. Hasta 1999, según el Registro Agrario Nacional, el núcleo agrario se componía de 545 hectáreas de área parcelada; ocho de asentamiento humano; 415 de uso común, y 415 de superficie achurada.

Destrucción de la naturaleza

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el incumplimiento del programa de cierre y post-cierre de la mina, obligatorio según la normatividad mexicana. La comunidad advierte que esta omisión está generando un pasivo ambiental de grandes proporciones, con contaminación por metales pesados y tóxicos que se dispersan a través del agua, suelo y aire. La afectación no sólo es a Carrizalillo sino también a las comunidades aledañas.

Recientemente, la Profepa realizó una inspección para evaluar los daños ambientales y verificar el avance del programa de cierre. Los resultados aún no se han hecho públicos. Sin embargo, información de la Semarnat consultada por Diario Red da cuenta de hallazgos reportados.

Se acreditó la contaminación de un afluente con lixiviados con metales pesados, desechos y escombros que termina por desembocar, en un recorrido de alrededor de 16 kilómetros, en el Río Balsas, uno de los más largos u caudalosos del país. Además, se ubicaron dos bancos de sulfuro de cobre. Ambos en el montículo de lo que fuera el cerro El Bermejal, hoy ya demolido. El material tóxico se encuentra expuesto al aire libre, por lo que puede ser inhalado e ingerido por personas y animales involuntariamente.

Información recabada por autoridades ambientales detalla contaminación de la empresa por negligencia y malas prácticas. Entre los hallazgos filtraciones de metales pesados, sulfatos de cobre y lodos de alta peligrosidad, con arsénico y azufre

También se ubicó un depósito de material sulfatado, colocado por la empresa en un sitio que no cuenta con programas de gestión para prevenir, mitigar o contener la contaminación. Adicionalmente, se identificó el deslizamiento de taludes del tajo El Bermejal, por negligencia en la colocación de coronas y bermas o banquetas.

Entre los hallazgos también destacan dos diques porosos, incapaces de detener las filtraciones de metales pesados, sulfatos de cobre y lodos de alta peligrosidad, con arsénico y azufre. Una de ella, en época de lluvias, pasa una parte de la zona urbana del ejido, cerca de uno de los pozos que dotan de agua potable a la comunidad. Finalmente, desemboca en el Río Balsas, 15 kilómetros abajo.

Además, Equinox Gold dejó en el abandono, sin manejo alguno, un polvorín. Es decir, el lugar de depósito de pólvora y dinamita utilizado para las excavaciones.

También se localizó un deslizamiento de material desde el patio de lixiviados. La solución cianurada se filtró al subsuelo. Incluso, se ubicó un pozo que nunca fue reportado por la empresa y del que no se tiene información de su funcionamiento. Se advierte que sería muy “grave” que se utilizara para ocultar residuos e inyectarlos al subterráneo.

Respuesta de la empresa y resistencia comunitaria

La Mesa Agraria de Carrizalillo ha acusado a Equinox Gold de actuar con cinismo y soberbia, utilizando tácticas intimidatorias como oficios legales para presionar a los manifestantes. Sin embargo, lejos de desmoralizarse, la comunidad ha encontrado en la llegada de las lluvias un aliado natural, ya que estas reducen la dispersión de polvo contaminante.

Equinox Gold ha minimizado las protestas, confiando en que las condiciones climáticas y el desgaste debilitarán la resistencia. No obstante, los manifestantes aseguran que su determinación sigue firme y que cuentan con instituciones del gobierno mexicano que han demostrado compromiso en la defensa de sus derechos.

Además, de la demanda contra el ejido, la trasnacional también ha buscado dividir a los campesinos. Ha irrumpido en la comunidad para difundir versiones de catástrofe económico para la región si la minera se va definitivamente. Les exhorta a aceptar la propuesta y acusa de que una minoría está manipulando a la población.

Equinox Gold, cuyo presidente del Consejo de Administración es Greg Smith, ha sido una opositora activa a la reforma al Poder Judicial de México y también a la nueva Ley Minera. Mediante comunicados de prensa y versiones ofrecidas a columnistas, participó en campañas para advertir sobre una supuesta salida masiva de capitales del país en caso de que se aprobaran sendos cambios legales.

Con diferentes nombres, el capital canadiense minero ha explotado el complejo minero Los Filos desde 2005. Equinox Gold adquirió los derechos en 2020, cuando absorbió a Leagold Mining, quien poseía la concesión desde 2016. A su vez, los había adquirido de la igualmente canadiense Goldcorp, que la adquirió de Grupo Peñoles, trasnacional mexicana, en 2005. Las tres empresas canadienses han compartido sedes y accionistas.

Logros y perspectivas futuras

En poco más de 60 días de lucha, la comunidad destaca entre sus logros la intervención de la Profepa, que podría respaldar sus denuncias ambientales; la postura firme del Tribunal Unitario Agrario, que evidenció la mezquindad de la empresa; y el arbitraje de la PA para garantizar la protección de los derechos de todos los ejidatarios. También la cohesión interna, que ha resistido intentos de división y desgaste.

El conflicto en Carrizalillo refleja un patrón recurrente en la minería a gran escala: la violación de derechos laborales, agrarios y ambientales; pero también la resistencia organizada de las comunidades afectadas.

“Si la minera ya se quiere ir, que nos entregue las tierras, por lo menos, aptas para que sigamos sembrando, para que nos dediquemos a lo que antes hacíamos como campesinos; ahora no podemos porque ellos ya destruyeron todo”, exige Mariano Peña.