Sorora Mata
El feminicidio es considerado la máxima expresión de la violencia ejercida hacia la mujer, es la cúspide de las actitudes hetero-patricarcales mediante las cuales la mujer es considerada como propiedad y moneda de cambio.
En los últimos años (abril 2015-abril 2019) el número registrado en el Centro Nacional de Información de la Secretaria de Seguridad Pública, es de 13, 145 mujeres víctimas de homicidio doloso, sin embargo, pese a que existe una Sentencia de la Suprema Corte de Justicia (sentencia Mariana Lima) que marca que todas las muertes violentas de mujeres deben tratarse en primera instancia como Feminicidio, tan solo 3,062 de los casos han sido clasificadas como tal, por lo que la mayoría de estos delitos siguen quedando impunes al tratarse con penas menos severas o absoluciones que no permiten darle la visibilidad e importancia correspondiente a este tema que ha azotado al país desde hace tiempo.
En México, múltiples han sido las recomendaciones de organismos internacionales emitidas a propósito de los homicidios cometidos contra mujeres, asimismo, La Convención de Belém do Pará establece una responsabilidad particular al Estado cuando señala que éste incurre en violación a los derechos humanos de las mujeres no sólo por acción sino también por omisión ya sea porque esta violencia se ejerza por agentes del Estado, o porque ésta se tolere o se sea omiso para sancionarla.
Si bien es cierto que el feminicidio es uno de los delitos que cuentan con la pena más alta (70 años de privación de la libertad en algunos Estados de República ) también es cierto que en la mayoría de los casos resulta prácticamente imposible encuadrar el tipo penal, pues aun teniendo las herramientas adecuadas, las y los jueces , ministerios públicos y policías desconocen o no aplican correctamente los protocolos de actuación ante estos casos, lo cual provoca la revictimización de la mujer y prácticamente una nula expedición de justicia.
Uno de los más grandes peligros para la mujer es la impunidad que existe en el sistema de justicia, pues aun cuando en más de la mitad de los estados de la República (18 Estados) se ha emitido la Alerta de Violencia de Genero, no existe una evaluación que dictamine la eficacia de dicho mecanismo, ya que ni siquiera existe una ley que obligue a dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Secretaria de Gobernación al Estado donde se emitió la alerta de violencia de género, por lo que el mencionado método de prevención y erradicación del delito ha resultado ser letra muerta que solo indica el índice de violencia feminicida, pero no la solución a esta.