Frente a la emergencia del agua, los problemas nacionales, su marco legal y políticas públicas plantean:

AGUA PARA TODOS, AGUA PARA LA VIDA  Y LA CONTRALORÍA NACIONAL AUTÓNOMA DEL AGUA

29 DE SEPTIEMBRE 2025

En nuestros hogares aumenta no solo la carencia de agua, sino el deterioro de su calidad. La contaminación crecientemente nos enferma y mata a muchos seres queridos. El agua de consumo humano esencial para nuestra salud no es prioritaria en la mayoría de las agendas de las autoridades federales, estatales ni municipales.

Asimismo, en nuestras regiones persisten y se acumulan agentes tóxicos como metales pesados y metaloides, compuestos orgánicos, bacterias, virus, olores pestilentes, colores aberrantes y sabores desagradables. tanto en el agua domiciliaria como en los cuerpos de agua superficial y subterránea, incluyendo los acuíferos kársticos, a causa de afectaciones por actividades industriales tóxicas y residuos hospitalarios peligrosos, agroquímicos, basureros de diversos tipos, megagranjas porcícolas, minería contaminante, fracking, lo que de una manera o de otra provoca la presencia de contaminantes en los sistemas de distribución de agua potable.

Bajo la actual Ley de Aguas Nacionales, LAN, los permisionarios de descargas pueden contaminar sin costo ni vigilancia ya que las declaraciones sobre emisiones y transferencia de contaminantes es voluntaria y los muestreos, cuando ocurren, se llevan a cabo por los propios permisionarios. Bajo el lema de “El que contamina paga” se esconde una realidad perversa que consiste en “pagar por contaminar” sin tomar en cuenta los daños a la salud y al medio ambiente que crea esta práctica.

La contaminación se agrava  por la cada vez mayor toxicidad y bioacumulación de sustancias ajenas al agua cuya calidad rara vez se mide, y de modo criminal frecuentemente se simula. Todo lo anterior desequilibra la salud y amenaza la vida de los seres humanos y de otras especies vivas, repercute negativamente en la calidad del agua de consumo humano para usos posteriores y, además, en general, afecta el bienestar de los ecosistemas.

Resulta indispensable detener y corregir los procesos de contaminación industrial, agroindustrial, extractiva y urbana en todos los sitios de alta contaminación que ya se hayan convertido en regiones de emergencia sanitaria y ambiental (RESA), a lo largo y ancho del país, no sólo mediante la inmediata aplicación de leyes y normas existentes, pues también se requiere de una voluntad política hasta ahora inexistente que este dirigida a aplicar planes de justicia con medidas de actuación interinstitucional que contengan verdaderos programas de inspección, penalización y actos de atención integral a la salud de la población, de restauración eco hidrológica y atmosférica, así como de la aplicación de programas de reparación del daño. Aunque también resulta inaplazable una minuciosa revisión científico-comunitaria del sistema de leyes y normas ambientales y sanitarias que a lo largo de los años han resultado vergonzosamente permisivas.

Las voces de las Comunidades, Pueblos y Contralorías:

Para enfrentar esta emergencia producto de los desastres generados por la LAN, además de la falta de voluntad y capacidad de la CONAGUA, se hace necesaria tanto la aprobación emergente como el impulso de la Ley General de Aguas, LGA, que se ha venido construyendo desde la ciudadanía, pueblos y comunidades, con sus 12 componentes manifiestos en nuestro primer comunicado, entre los cuales se subrayan y se hilvanan las demandas y propuestas desde diferentes territorios a través de organizaciones, colectivos, contralorías, comunidades y pueblos en nuestro país:

La necesidad de garantizar la participación plena e informada de pueblos y comunidades, organizaciones y colectivos defensores de la tierra y el agua, en las medidas de gobierno que ya se comienzan a aplicar pero que carecen de perspectivas de cuenca y de justicia hídrica, en el caso del Río Atoyac que abarca las poblaciones de los estados de Puebla, de Tlaxcala y como el caso de los defensores de Ríos de Comisión de Saneamiento en Oaxaca, que están siendo excluidos pese a su lucha legal en favor del Atoyac y Salado, así como en el caso de los procesos anunciados en los ríos Lerma y Tula, entre otros.

La importancia de que se tome en cuenta a la Comisión Mixta de Agua y Salud con su diagnóstico y propuestas para atender la emergencia sanitaria en el Alto Lerma.

En el caso del Río Tula, en donde, este año, se cumplen 50 años de la contaminación sistemática de las aguas de su cauce y de la Presa Endhó por la entrada en operación del Túnel Emisor Central, se denuncia la imposición de proyectos de saneamiento y restauración que carecen de una visión integral y de criterios ecohidrológicos e hidrogeomorfolicos ya que la principal fuente de contaminación son las descargas de la Zona Metropolitana del Valle de México a través del sistema de drenaje profundo, y las descargas de las industrias asentadas en la zona Sur del Valle del Mezquital.

Desde los Ríos de Sonora se exige justicia hídrica para las comunidades ribereñas, pueblos de las culturas nativas, originarias, sociedad civil, flora y fauna debido a los daños históricos de saqueos, despojos territoriales y marinos, así como los impunes causados por el derrame de contaminantes en el Río Sonora en el 2014 y otros menos visibilizados (como los saqueos del río mayo, construcción de la presa pilares, la situación de piedras verdes, etc) oposición firme a la implementación de nuevas presas y acueductos previstos en el Plan Hídrico Nacional y Estatal, que afectarían negativamente a las comunidades locales y al medio ambiente, proponiendo soluciones sustentables como la recarga de acuíferos, el tratamiento de aguas residuales, la reparación integral de la red hidráulica y la construcción de plantas potabilizadoras que garanticen el acceso al agua segura y de calidad para todas las comunidades.

La demanda de una consulta real e informada en el caso de Jalisco, antes de continuar impulsando millonarios megaproyectos como el Acueducto Presa Solís y el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, que impactará gravemente al Lago de Chapala, el más grande del país.

En Guanajuato se enfrenta una emergencia hídrica debido al sobreconcesionamiento, mientras que la contaminación de los cuerpos de agua sigue creciendo, especialmente debido a la actividad minera, la agricultura intensiva con uso de pesticidas y fertilizantes y el vertido de aguas residuales sin tratamiento adecuado, todo ello a generando riesgos para la salud pública en zonas rurales y urbanas. Se depende en gran medida del agua subterránea y su sobreexplotación ha provocado un agotamiento acelerado de los acuíferos. Estos factores ha puesto en riesgo tanto el consumo humano como las actividades productivas del estado. Demandan la participación efectiva de comunidades, pueblos y ciudadanía para una gestión adecuada de los acuíferos, la restauración de los ecosistemas acuáticos, la mejora de la infraestructura de agua potable y la promoción de prácticas agrícolas sustentables que minimicen el uso de agua y reduzcan la contaminación.

Alto al acoso a los Comités y los Sistemas Locales de Agua en todo el país, los que según el Plan Nacional Hídrico anterior eran más de 28 mil y otras cifras desde fuente sociales indican más de 80 mil, lo que hace patente su importante contribución a la gestión hídrica nacional a pesar de no contar con reconocimiento legal, respeto, ni apoyo alguno por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno. Para ello se proponen soluciones que quedan explícitas en uno de los 12 componentes de la Iniciativa Ciudadana de LGA.

En la zona metropolitana de la Ciudad y del Estado de México, así como en otras zonas metropolitanas del país se denuncia la sobreexplotación de las aguas subterráneas, dado el crecimiento urbano y la falta de un verdadero ordenamiento territorial con participación comunitaria y ciudadana efectiva que limite el crecimiento inmobiliario, comercial e industrial, el cambio de uso de suelo, lo que viene generando fenómenos de deformación del terreno evidentes en la zona metropolitana del centro del país. Situación que se agrava con los fenómenos hídricos-meteorológicos que generan inundaciones y socavones que ponen en riesgo el hábitat de cientos de miles de personas y especies de flora y fauna.

Es urgente garantizar el derecho humano al agua en condiciones de equidad a la población de las zonas urbanas en el país, ya que se continúa privilegiando la distribución del agua por parte de las autoridades y empresas al priorizar el abastecimiento a las grandes ciudades para continuar con la voracidad urbanizadora de las Áreas Metropolitanas de Guadalajara, CDMX, Estado de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, entre otras, avalado por los procesos de privatización del agua que están garantizados por la LAN, además del mal funcionamiento de los Sistemas Operadores de Agua que se expresan en la perdida de entre el 40 y 50% del agua en fugas, además de sus prácticas poco transparentes y de corrupción, lo que hace necesario un nuevo modelo de gestión hídrica a nivel municipal e intermunicipal expresado en la ICLGA, desprivatizando ya.

En Yucatán, la LAN, ha servido para promover la idea de que a diferencia de otras regiones del país ahí hay agua en abundacia y han permitido la instalación de centenares de industrias porcícolas, avícolas, bovinas, parques industriales, refresqueras, cerveceras, inmobiliarias, monocultivos agrícolas, bancos de materiales y centros de datos. Como resultado, estas industrias han violado derechos humanos de la población, del pueblo maya, y han provocado la reducción del 64% de la disponibilidad media anual del agua subterránea de la península en un lapso de 20 años. Mientras que grandes industrias como Enerall, Grupo Porcícola Mexicano, Bachoco, Bepensa, Grupo Modelo y otras acaparan el agua, cientos de comunidades denuncian la falta de acceso al líquido vital, la devastación de selva y mangle, así como su exposición a miles de toneladas diarias de desechos generados por más de 500 granjas porcícolas y 162 avícolas, asentadas principalmente en la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, la cual suministra agua a más del 40% del estado y es extremadamente vulnerable a la contaminación. Con la falsa promesa de “facilidad hídrica”, el gobierno federal y estatal promueven la instalación de otra planta cervecera (Heineken) en una unidad de planeación hídrica que ya reporta una disponibilidad media negativa. En respuesta a la protesta social, empresas y Estado han criminalizado a defensores del agua, como a nuestros compañeros Luis Chuc Sánchez de Motul y Wilbert NahuatPuc de Santa María Chí.

La exigencia desde comunidades y pueblos indígenas del combate irrestricto del uso de fracking (fracturación hidráulica), que vuelve a escena en el Plan Estratégico PEMEX 2025-2035, denominado “exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”, ya que no solo pone en juego el uso de grandes volúmenes de agua de ríos, arroyos y manantiales, sino que por su monstruosa contaminación profundizaría irreversiblemente la crisis hídrica y amenazaría los derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Dicho Plan amenaza los yacimientos no convencionales que en un 60% se ubican en la cuenca hidrocarburífera Tampico-Misantla en las que se encuentran asentados pueblos indígenas tenek, náhuatl, totonakus y mestizos, así como una rica biodiversidad, suelos fértiles, bosques, selvas y una abundante riqueza hídrica.

Frente a esta emergencia y devastación hídrica y ambiental, las comunidades, pueblos y organizaciones, colectivos y personas investigadoras agrupados en la Coordinadora Nacional Agua para Todxs y en Contraloría Nacional Autónoma del Agua y sus contralorías locales, como en el comunicado anterior proponemos todo nuestro apoyo para enfrentar esta emergencia conjuntamente, y reiteramos nuestro rechazo total a cualquier intento de ejercer un apartheid hídrico, en donde los “derechos” de los grandes usuarios quedan blindados por una ley, mientras que se relega el derecho humano al agua a otra legislación. Requerimos una claridad judicial.

¡¡¡EL AGUA ES UNA: UNA SOLA LEY!!!

Para más información, incluso para información de contacto para la Coordinadora Agua para Todxs y las Contralorías en otros estados:

● María Eugenia Ochoa, APT y Contraloría Autónoma del Agua de Puebla: 222 554 6952

● Elizabeth Estrada, APT y Contraloría Autónoma del Agua de la Laguna 871 325 5913

● Cuauhtémoc Jacobo Femat, APT y Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán: 999 310 3745

• Dr. Oscar Monroy Hermosillo, Consejo Asesor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua 55 1451 8570.

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Organizaciones, comunidades y colectivos que se adhieren al pronunciamiento:

Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida;

Contraloría Nacional Autónoma del Agua;

Sindicato Mexicano de Electricistas;

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica;

Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores AC;

Contraloría Autónoma del Agua de la Laguna;

Encuentro Ciudadano Lagunero;

Grupo Promotor de la Contraloría Ciudadana Autónoma de Durango;

Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina;

Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, COCIHP;

Agua para Todxs UAM Iztapalapa;

Morras por el Territorio;

Guardianes del Agua de Xalapa;

Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata;

Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Baja California;

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, BCS.;

Contraloría del Agua de Baja California Sur;

Mantén Loreto Mágico;

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Chiapas;

Contraloría Autónoma del Agua de Morelia "Intawi";

Grupo Promotor de la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Jalisco;

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (IMDEC);

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST)

Red de Mujeres Defensoras Agua y Territorio de Jalisco ¡Aguas en Movimiento!

Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala;

El Barzón, Chihuahua;

Centro de Capacitación en Cuencas;

Contraloría Autónoma del Agua de Coahuila;

Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán;

Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán

Red Ciudadana por la Sostenibilidad de Yucatán;

Mundo y Conciencia AC;

Contraloría Comunitaria de Santa María Chí, Yucatán; 6

Contraloría Comunitaria del agua de Sitilpech, Yucatán;

Hunucmá Grupo promotor del Agua;

Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, AC;

Observatorio Comunitario Ciudadano del Agua y del Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca;

Contraloría Autónoma del Agua en el Estado de Puebla “Joel Arriaga”;

Contraloría Autónoma del Agua del Municipio de Puebla;

Contraloría Autónoma del Agua del municipio de Cuautlancingo;

Grupos Promotores de San Andrés Cholula: de San Pedro Cholula y de Atlixco, Puebla;

Asamblea Social del Agua (ASA);

Comité de Agua de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla;

Comité de Agua de San Diego Acapulco, Atlixco, Puebla;

Comité de Agua de San Pedro Benito Juárez, Atlixco, Puebla;

TUCOP AC. (Todos unidos contra la Privatización del agua en Puebla);

Brigada 68, Puebla;

Contraloría Autónoma de Almoloya de Juárez;

Contraloría Autónoma de Almoloya del Río;

Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, Centli;

Guardianes de los Volcanes A.C.

Estudios y Proyectos Sierra Nevada S.C. de R.L.

Contraloría Social de Temazcalcingo;

Contraloría Autónoma de San José del Rincón;

Contraloría Autónoma del Agua de Valle de Bravo;

Contraloría Social del Agua de Toluca;

Contraloría Autónoma de Lerma;

Contraloría Social del Agua de Ocoyoacac;

Contraloría Autónoma de San Mateo Atenco;

Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México, A. C.;

Escuelita del Agua México, A.C.;

Contraloría Autónoma del Agua de Tepetlaoxtoc, Estado de México;

Grupo Promotor de la Contraloría Autónoma del Agua de la Cuenca de México, nodo norte, Ecatepec, Tecámac, Zumpango, La Pastoría- Atenco y Chalco;

Sistema de Agua Comunitario de San Andrés Cuexcontitlán, Estado de México;

Sistema Comunitario de Agua Potable de San Lucas Xolox;

Colectiva Sembradoras de Melchor Ocampo, Edo. México;

Comité de Agua Potable de Guadalupe Victoria, Mpio. de Ecatepec; 7

Red Nacional de Comités y Sistemas Comunitarios de Agua;

Pozo Rural de San Lucas Amalinalco;

Grupo Agua Colectiva de Tlalnepantla, Estado de México;

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero;

Festival Agua Que Corre, Red Ciudadana de EcoRestauración;

Profesores Investigadores de la Universidad Autónoma CHAPINGO (UACh);

Movimiento Democracia Directa;

Pueblos en Lucha por la Naturaleza y la Vida en la Cuenca del Valle de México;

Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca:

Río Tula, Restauración y Justicia Socio Eco Hidrológica;

Museo Comunitario Atotonilli;

Unión Ecologista San Jerónimo Tlamaco;

Red de Vecinos Tequixquiac, Zunpango, Apaxco y Hueypoxtla;

Al rescate del Río AC;

Movimiento NO al Basurero Atitalaquia;

Fundación para el Desarrollo Integral al Apaztle;

Coordinadora de Ejidos y Comunidades de Apaseo el Alto y Jerécuaro, Guanajuato;

Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Querétaro;

Frente Nacional por las 40 Horas;

Querétaro con Palestina;

Netas Ciudadanas;

Vive Río San Juan, AC;

Socialismo o Extinción;

Fuerzas Democráticas Progresistas Plan de Ayala A.C. (FUDEPPA)-Barzón;

Micelio Urbano;

Grupo Promotor Contraloría Autónoma del Agua de Guanajuato;

Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Cuenca Alta de la Independencia;

Promotora por la Suspensión de la Deuda Pública;

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua;

Espacio DESCA;

Red de Economía de los Trabajadores;

Todos Somos Comunidad A.C.;

Contraloría Autónoma del Agua de los Ríos de Sonora;

Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst;

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.;

Comité de Agua Potable, San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo;

Voceras de la Madre Tierra A.C.;

El Árbol de Vida;

Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, BCS;

Contraloría del Agua de Baja California Sur;

Consejo de Pueblos de Morelos;

Movimiento Morelense en contra de la Minería tóxica por metales;

Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos;

Medio Ambiente y Sociedad, AC.