La Jornada 9 de febrero de 2023
De manera inesperada y sorpresiva incluso para el equipo de abogados de Genaro García Luna, el juez federal Brian Cogan anunció ayer que el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública concluirá la próxima semana. En principio, se contemplaba que las audiencias se prolongaran por 24 días, tiempo en que la fiscalía proyectaba presentar a sus testigos, pero ésta notificó que únicamente hará subir al estrado a uno más el próximo lunes, con lo que sólo habrá convocado a 26 de los 76 que había preparado.
Este giro abrupto e inesperado en el proceso, ocurrido al día siguiente de que un testimonio alcanzó por primera vez al ex presidente Felipe Calderón, obliga a preguntarse si el Departamento de Justicia del país vecino ha decidido cortar de tajo la cascada de revelaciones que ha venido fluyendo en el curso del juicio. La única conjetura posible en esta circunstancia es que hay la determinación de cortar la divulgación de nuevos testimonios antes de que evidencien el papel del gobierno estadunidense y varias de sus dependencias en los ilícitos por los que se juzga al hombre fuerte del calderonato.
En este sentido, debe recordarse que García Luna actuó con el total y entusiasta respaldo de su jefe, pero también con el de Washington, que reiteradamente lo ubicó como un interlocutor privilegiado y lo convirtió en el brazo ejecutor de sus políticas injerencistas en materia de narcotráfico. Asimismo, hay que dejar de lado la versión idealizada que Estados Unidos propaga en torno a la conducta de las agencias que conforman su aparato neocolonial, a fin de situarlas en su justa dimensión como instituciones solapadoras e incluso perpetradoras de toda suerte de ilícitos. Sólo respecto a México, está documentado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) colaboró con el cártel de Guadalajara en la década de 1980, al cual le permitió ingresar drogas a territorio estadunidense como parte de su esquema de financiamiento a los sanguinarios grupos paramilitares que operaban en Nicaragua (el escándalo conocido como Irán- contras). También se sabe que la Administración para el Control de Drogas (DEA) lavó dinero del cártel del Pacífico y que la Administración de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) hizo llegar a la misma organización miles de armas de alto poder, en ambos casos, como parte de operativos supuestamente diseñados para rastrear el destino de los bienes y dar con los principales capos.
Tampoco se puede olvidar que la estrecha cooperación de Washington con García Luna se desenvolvió en el marco de la Iniciativa Mérida, el acuerdo firmado por Calderón y el entonces inquilino de la Casa Blanca, George W. Bush, para institucionalizar el intervencionismo estadunidense y la cesión de la soberanía nacional con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. Por ello, es obvio que ahondar en la vida criminal del ex policía implica sacar a la luz complicidades de alto nivel entre las clases políticas de ambos lados de la frontera, y los ciudadanos bien pueden preguntarse qué información pretende dejar oculta y a quiénes protege el Departamento de Justicia al acallar a dos terceras partes de los testigos que consiguió para convencer al jurado de la culpabilidad del acusado en los cinco cargos que se le imputan.