Inseguridad y corrupción

Por Izcuauhtli Paz

En México actualmente la seguridad pública es una función que se encuentra a cargo de tres niveles: la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, con el fin de salvaguardar la integridad y derechos de todas y todos los mexicanos sin excepción, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Es clave la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, la investigación veraz y la persecución de los delitos, además de la reinserción social del individuo que delinquió.


Además de los tres niveles, en el nivel local, cada municipio, cada poblado y ciudad debe tener organización ciudadana que abone a la paz y la seguridad, a través de brigadas de guardianes de la paz que actúen coordinados y vigilantes ante las fuerzas armadas. La participación ciudadana es fundamental para vincular las opiniones de la sociedad hacia los ámbitos de organización política para informar sobre las necesidades ciudadanas y hace prioridad las áreas ubicadas ya como puntos rojos.

El presupuesto para seguridad pública va en aumento de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, este año se aprobaron recursos a la seguridad nacional por 136,081 millones de pesos, lo que representa un incremento de 14.4% en comparación con lo aprobado para el año pasado. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo uno de los grandes problemas en el país, así como la persistencia de la corrupción que constituye un acto de abuso de autoridad al tener ventaja sobre el poder que se ha otorgado. Es grave que sean actos que se llevan a cabo por aquellos que deberían mantener la seguridad, aunque hoy se combaten.

Tradicionalmente ha existido corrupción administrativa dentro de las instituciones como el desvió de fondos, pago por ascensos o traslados, contratos internos y operativamente fuera de las instituciones como el aceptar o pedir dinero para evadir multas o detenciones, toma de bienes del o los acusados desde el sitio del suceso hasta el ser trasladado o al momento de las revisiones, aceptar sobornos por no dar cumplimiento a la ley, omitir un arresto a cambio de dinero o bienes, otorgan protección policial a actividades ilegales como trata de personas, abuso de infantes, prostitución, pornografía, venta ilegal de drogas, venta ilegal de alcohol, cooperar con personas que participen en delitos, eliminar o agregar evidencia incriminatoria, modificar la escena del crimen, entre otras. Los actos de abuso y corrupción por parte de los funcionarios policiales son todavía alarmantes. Para combatir la corrupción es importante la denuncia ciudadana.

En las redes circulan videos diariamente de policías que abusan del poder, en estas cápsulas se escuchan insultos y amenazas hacia los ciudadanos. Actos de corrupción como el reciente caso del actor Octavio Ocaña, en donde policía de Cuautitlán, de las más corruptas, aseguran vecinos, fuera de su jurisdicción roban parte de sus pertenencias del difunto, alteran la escena y es un caso que aún no se acaba de resolver. El que la población se involucre a testificar los abusos policiales es muy importante, la vigilancia colectiva ayudará a tener cuerpos de seguridad saneados.

En mayo del 2021 en la Ciudad de México, fueron detenidos 72 policías por robo y extorsión, entre ellos 12 detenidos y trasladados al Reclusorio Oriente por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), debido que exigieron dinero a una familia a cambio de liberar a una persona y que ésta no fuera puesta a disposición del Ministerio Público. Dos policías que exigieron dinero a un automovilista, de igual manera, a cambio de no ser presentado ante el agente del Ministerio Público también fueron trasladados al Reclusorio Oriente.

También existe corrupción dentro de las instancias que además son insuficientes, en las agencias ministeriales, a diario son 482 mujeres que asisten por violencia familiar en busca de ayuda a estas instancias y de las 3,552 agencias del Ministerio Público existentes en el país son solo 177 especializadas en delitos contra mujeres, es decir no son suficientes, en cuanto a delitos sexuales tan solo en este año de enero a septiembre se reportaron 40,281 delitos para los cual son 3.3% de los Ministerios Públicos especializados en este delito. La situación sigue siendo grave la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reporta que el robo en transporte público individual (taxis) aumentó 29.2%, en lo que va del año se ha registrado la comisión de 2,379 delitos del tipo, mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 1,841.

Al final de 2019, 70% de las 34 mil 582 víctimas de homicidio doloso fueron asesinadas con armas de fuego, más de la mitad de éstas son producto del tráfico ilegal que llega de Estados Unidos. Los datos son cada vez más aterradores. Del total de armas aseguradas por el Ejército en México durante la década de 2010 a 2020, 70 % fueron fabricadas en territorio del vecino del norte y 30 % en Europa. Es claro que desde Estados Unidos se propicia la violencia, la inseguridad y la división en México, como forma de mantenerlo sujeto y pretexto para sus intervenciones.

En este sistema debe haber una transformación profunda, un gran cambio donde los intereses del pueblo sean la prioridad, que la población actúe, partícipe, tenga responsabilidad social, que exista una organización desde las colonias, barrios, unidades habitacionales, que a su vez identifiquen la corrupción, las fallas en la seguridad, la educación, la economía, el tráfico de armas drogas, personas, des- integridad familiar, ya que estas problemáticas son diferentes por el número de población, la cultura, la disponibilidad de los recursos y se debe atender de forma particular estas comisiones organizadas parte de las propias comunidades pudieran detectar aquellas fallas y puntos de mejora y en conjunto con un gobierno que realmente sea democráticamente elegido y apoye los intereses del pueblo, así como la organización desde abajo que abone a la paz y la seguridad, evite la incorporación de jóvenes en actividades delictivas, busque opciones para que la población no se vea orillada a delinquir . Todo esto podrá mejorar las condiciones de seguridad y corrupción para el país. La sociedad y el gobierno juegan papeles complementarios.