Apuntes sobre las fronteras imperiales de los Estados Unidos. Juan Hernández Machado*
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
La independencia de Panamá en 1903 estuvo condicionada por la firma del Tratado Hay- Buenau Varilla, mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos garantizaba la construcción de un canal interoceánico en ese país, que usaría y controlaría a perpetuidad.
Como es lógico, para mantener dicho canal, y visto en un contexto estratégico de gran potencia, el istmo pronto se vio lleno de bases militares estadounidenses que, además de defender el canal, sirvieron de centros de instrucción a muchos dictadores y golpistas latinoamericanos, de centros de espionaje electrónico en el área y también para la injerencia interna en el país a fin de lograr que todo se ajustara a los intereses de Washington.
En 1969 llega al poder en Panamá el general Omar Torrijos, nacionalista panameño cuyo objetivo fundamental era poner fin a la presencia estadounidense en su país, a la vez que promueve políticas nacionalistas y de beneficio popular, lo que, indudablemente, le gana la ojeriza de los gobernantes estadounidenses.
No obstante, debido a la naturaleza un tanto diferente del presidente James Carter, Torrijos logra firmar con éste en 1977 los llamados Acuerdos Torrijos- Carter, mediante los cuales el canal pasaría a manos panameña y los estadounidenses abandonarían sus bases en Panamá.
Misteriosamente, Torrijos falleció en un accidente de aviación en 1981. El general Manuel Antonio Noriega, quien durante el mandato de Torrijos era responsable de la seguridad del país, pasó a ser el hombre fuerte en Panamá y fue llevando al país a niveles de corrupción, abandono popular y crecimiento del descontrol y el bandolerismo. Se conoce que Noriega había tenido estrechos vínculos con la CIA en vida de Torrijos y que desde 1971 las autoridades estadounidenses tenían conocimiento de sus vínculos con el mundo de las drogas.
Hasta ese momento las diferentes administraciones estadounidenses no habían tenido problema alguno con las docenas de dictadores que habían pasado por los países latinoamericanos y caribeños; y aún estaban frescas todas las historias del sostenimiento con drogas de unidades enteras de estadounidenses durante la guerra en Vietnam. Pero esas fueron las dos excusas esgrimidas para arremeter contra Noriega, cuando ya no convenía mantener relaciones con él, a pesar de sus vínculos con los Estados Unidos y los servicios que anteriormente les había prestado.
Así surgió la “Operación Causa Justa”, que comenzó a ejecutarse en la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el lanzamiento de 417 bombas en cuestión de horas, el ataque simultáneo a 26 objetivos panameños y la posterior invasión con más de 20 mil efectivos provenientes de la 7ma División de Infantería con base en Fort Ord, California; un batallón mecanizado de la 5ta División Mecanizada con base en Fort Polk, Louisiana, una brigada de la 82 División Aerotransportada con base en Fort Bragg, Carolina del Norte y un par de batallones de Rangers, más las fuerzas estacionadas en Panamá. Propio de la prepotencia yankee, las fuerzas invasoras usaron el modernísimo bombardero F- 117A, de tecnología stealth (invisible a los radares) así como helicópteros Apache, de los más modernos que tenían en esos momentos, como si se estuviera enfrentando a unas fuerzas armadas del primer mundo.
Noriega se asiló en la Nunciatura Apostólica, pero se entregó posteriormente a las fuerzas estadounidenses; fue trasladado a Estados Unidos, juzgado y condenado a cuarenta años de prisión, mientras el nuevo presidente, Guillermo Endara, otro títere del imperio, juraba su cargo dentro de Fort Clayton, una de las bases estadounidenses en suelo panameño. ¿Quién fue el verdadero perdedor?
El pueblo panameño, que vio el popular barrio de El Chorrillo prácticamente destruido, con más de cuatro mil viviendas dañadas. La economía en general sufrió unos dos mil millones de dólares en pérdidas, al costo del dólar en esa época.
Hubo diferentes cálculos de las bajas sufridas por el pueblo panameño hechos por la Iglesia Católica, el Instituto Panameño de Medicina Legal y el Comité Panameño de Derechos Humanos, entre otras instituciones, pero en general el estimado es entre tres y cinco mil muertos y desaparecidos, con unas veinte mil personas que perdieron sus hogares y nunca recibieron ayuda o remuneración alguna.
Ese fue el legado que dejó al pueblo panameño, a nuestro continente y al mundo el presidente George H. W. Bush.
* Miembro de la UNHIC