La masacre de El Charco: López Obrador, el Ejército y la CIDH

Zósimo Camacho. Contralínea. 7 de junio de 2020.


Este 7 de junio se cumplen 22 de años de una de las masacres más atroces cometidas por el Ejército Mexicano. La de El Charco, ejecutada en la región de la Costa Chica Guerrerense en 1998, no se olvida… aunque haya quienes pretenden que quede en las sombras, el silencio y el borrón y cuenta nueva.



El caso, como se sabe, fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al Estado mexicano no le quedará otra opción que hablar frontalmente de tales hechos ante instancias internacionales. Por más que se silencie en el país y se diga que es un asunto del pasado, el Ejército será llamado a cuentas, junto con dos de sus generales: Alfredo López Garnica y Luis Humberto Portillo Leal, militares expertos en contrainsurgencia que combatieron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y luego fueron enviados a combatir al Ejército Popular Revolucionario (EPR), primero, y al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), después.


Efrén Cortés Chávez es uno de los sobrevivientes de aquel suceso. Consultado a propósito del aniversario, no se sorprende que con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya sólo silencio. Ni llega la justicia ni hay una referencia oficial a la masacre.

“El poder político no se quiere confrontar con el poder militar aquí en México. El Ejército, aun con toda la campaña que reza que el ‘Ejército es pueblo armado’, es la columna vertebral, la garantía, de todo el funcionamiento político.”


Se muestra satisfecho de que el caso haya alcanzado foros internacionales. De la justicia mexicana no espera nada. Tampoco del Poder Ejecutivo, aunque haya llegado a la Presidencia quien dice encabezar una Cuarta Transformación. “El Estado va a contestar algún día, porque se trata de instancias internacionales las que le estarán exigiendo”.


Explica que durante muchos años no se investigó nada. Tanto el Poder Judicial como la entonces Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aceptaron como verdad incuestionable la versión del Ejército Mexicano: un enfrentamiento con la guerrilla que resultó en 11 muertos y 22 detenidos.


“Pero el Estado nunca investigó cómo fueron asesinados, por qué fueron asesinados, y si hubo tortura a los heridos. Nada de eso. Así como nos juzgó por los delitos de terrorismo, sedición delictuosa, acopio de armas, rebelión, conspiración para la rebelión, así debería de investigar todo. Nosotros siempre declaramos que fuimos torturados.”


Reconoce sin ambages que sí hubo un enfrentamiento del movimiento armado (en este caso, el ERPI) con los militares. Asume el papel del movimiento armado. Pero la masacre ocurrió cuando los combatientes ya estaban rendidos. Y la agresión castrense no se limitó a los guerrilleros, sino que se extendió a la población civil. Además, lo que siguió para los detenidos, acusados ante el ministerio público militar, fue una serie de sesiones de tortura “que ya no se pueden olvidar”.


Señala, fue un crimen del régimen, del Estado. “Andrés Manuel representa hoy a ese Estado”. Los hechos ocurrieron durante el sexenio de Ernesto Zedillo, pero será el actual gobierno el que tendrá que responder.


“Nosotros estamos demandando [al Estado mexicano] por dos hechos: ejecuciones extrajudiciales y tortura. Esos son los delitos. La Comisión dijo que hay argumentos para revisar a fondo, porque aquí puede haber muchas violaciones a la Carta americana.”

López Obrador tendrá la oportunidad de aclarar lo que pasó aquellos 6 y 7 de junio en las tierras rojas de la Costa Chica de Guerrero. Veremos si, aun por presiones de la CIDH, enfrenta al Ejército o se suma a la lista de presidentes que solaparon ese crimen de lesa humanidad.


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