Fundamental para abatir el empobrecimiento estructural y pandémico
Andrés Peñaloza MéndezBia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.
24 de noviembre de 2020
Si bien las acciones del gobierno de México han amortiguado los impactos provocados por la crisis y la pandemia del COVID-19, lo cierto es que el empobrecimiento se ha profundizado poniendo en vilo lo avanzado.
Que 56 millones 364 mil compatriotas estén en condición de pobreza laboral, a causa de recibir ingresos laborales por debajo del valor de la canasta alimentaria, es un fuerte llamado para continuar con la recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones, particularmente, de los que menos ganan. Más de 3 millones 546 mil personas habían logrado salir de esa condición, debido básicamente, por las alzas a los salarios mínimos del 16 y 20% decretados en 2018 y 2019.
Esta situación cambió dramáticamente con el advenimiento de la pandemia Covid-19 y la eclosión económica: en los tres primeros trimestres del año 11 millones 146 mil personas cayeron en pobreza laboral.
Para revertir esta circunstancia igual de relevante será el rescate de los empleos perdidos, como alentar el poder de compra de las familias especialmente de los que perciben magros ingresos.
Lograr crecer con bienestar social 4.6%, e incluso 5.6%, en 2021, sólo será posible sí en la próxima negociación salarial se parte del 20% alcanzado el 16 de diciembre de 2019. De no hacerlo así, poniendo seguramente como pretexto la pandemia y la crisis, se retrocederá intelectual y materialmente hacia un neoliberalismo light.
Acaso diagnosticar la extensión y hondura de la problemática social en tiempos de pandemia ayude a desneoliberalizar el pensamiento de algunos actores políticos y abandonar la mezquindad corporativa. Revisar el comportamiento del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) y del indicador de Pobreza Laboral (PL), entre otros, elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) referidos al periodo que va entre el primer y el tercer trimestre de 2020[1], donde sobresalen los siguientes resultados, quizá sensibilicen a quienes inciden en la fijación de los salarios mínimos para el próximo año:
• El ITLP registró un alza del 24.5%, nunca vista a lo largo de la serie. Esta variación refleja una severa contracción en el poder adquisitivo del ingreso laboral de 12.3%.
• El cambio más marcado ocurre en las zonas urbanas con un aumento de 29.9% en tanto que, en las zonas rurales, fue de 13.3%. La disminución en el ingreso laboral real en dichas zonas es de 12.5% y de 10.3%, respectivamente. Cabe recordar que en 25 municipios urbanos se concentra la mayor cantidad de pobreza situados en el centro y norte del país.
• El valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana presentó un aumento de 2.2%, mientras que para el ámbito rural fue de 2.8%. Este comportamiento en las líneas de pobreza, así como la reducción del ingreso, causa en gran medida la contracción en el poder adquisitivo de las familias.
• El aumento en el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral se agudizó en 12 entidades federativas las cuales mantuvieron niveles de pobreza laboral por encima del 45% en julio, agosto y septiembre (Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz).
• En el tercer trimestre de 2020, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de $4,252.90 al mes. Para los hombres el monto fue de $4,516.86 y para las mujeres de $3,822.51. Si bien la brecha de género entre los ingresos laborales en este trimestre es de 15.4% (equivalente a $694.35), la menor desde 2005; la pobreza laboral, empero, de los hombres ocupados presentó un aumento de 2.0 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2020, mientras que para las mujeres se mantuvo en 15.6%.
• En el tercer trimestre de 2020, el ingreso laboral real promedio del total de la población ocupada que reside en municipios no indígenas fue 2.1 veces más que en aquellos que residen en municipios indígenas, al ser este de $4,252.90 frente a los $1,999.25 mensuales.
• La población adulta (30 a 64 años) recibió en promedio por su trabajo 25 y 37% más que los jóvenes (12 a 29 años) y los adultos mayores (65 años o más). Los rangos fueron de $4,671.12; $3,514.30 y $2,941.91, respectivamente.
• La masa salarial disminuyó 12.4%, dado que en el primer trimestre de este año se ubicó en $218,345.97 millones de pesos. Esto se debe centralmente a la reducción en el ingreso laboral real de las y los trabajadores y un menor número de ocupados.
• El ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 12.3%, y un aumento de la pobreza laboral de 35.7% a 44.5%. Se trata del ingreso más bajo desde el cuarto trimestre de 2017, cuando se ubicó en $1,669.31. Este comportamiento contrasta con la tendencia creciente en el ingreso de los últimos años, particularmente a partir del primer trimestre de 2019 y a lo largo del 2020, reflejo de los incrementos a los salarios mínimos del 16 y 20%.
[1]Elaborados con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).