Héctor Torres González 12 de junio de 2021
Las recientes elecciones intermedias han arrojado los siguientes resultados preliminares: El bloque de Morena con el PT y PVEM obtiene 21 millones de votos cuando en 2018 Morena y sus aliados consiguieron 30 millones. El bloque opositor del PRIANRD logra en este año 19.5 millones cuando en 2018 obtuvo 19.3 millones. Por partidos la variación de los votos tuvo el siguiente comportamiento: Morena pierde casi 10 millones de votos, el PT pierde 1.5 millones y el Verde aumenta en 1.5 millones. El PAN pierde 1 millón, pero el PRI gana un millón y el PRD aumenta en casi 200 mil. El partido que más votos pierde en estas elecciones es Morena a pesar de que es el partido gobernante. En la cámara de diputados estos votos se traducen en que Morena pierde la mayoría simple al quedarse con 197 diputados y perder 56. Con los votos de PVEM y PT, Morena tiene la mayoría simple, pero no le alcanza para lograr la mayoría calificada de 334 diputados que había conseguido en 2018. El PAN aumenta sus diputados de 79 a 112, el PRI de 48 a 71 y el PRD de 11 a 13. El PT los reduce de 47 a 40, y el MC de 25 a 23, pero el PVEM da un salto, de 11 sube a 44 diputados.
Morena gana la mayoría de las gubernaturas, pero sufre un revés serio en la CDMX, que era el bastión de la izquierda desde que lo ganó en elecciones Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, (Morena y aliados obtienen el 43.8% de la votación y el PRIANRD el 45.36% en las elecciones federales) y también en el EDOMEX, en donde el bloque opositor supera ligeramente a Morena y aliados, 2.9 millones contra 2.86 millones, y Morena pierde Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Metepec, Cuautitlán Izcalli.
Morena pierde votos y el bloque opositor del PRIANRD los capta, pero no tanto por sus propuestas sino porque existe un voto de castigo. Hay una larga lista de problemas que el gobierno no atendió, menospreció y minimizó como la crisis económica y su enorme desempleo y bajos salarios; la pobreza, la pandemia, la inseguridad y los feminicidios; la nula atención a la luchas feministas, a las víctimas de la violencia; la carencia de medicinas, los recortes a la ciencia y la cultura; la austeridad que dejó sin empleos a miles de trabajadores; la falta de respuesta a la educación, la falta de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y a los campesinos; la no atención a una serie de luchas sindicales como NOTIMEX y la de los normalistas; la militarización de la vida pública y el dar mayor peso a las fuerzas armadas en obras, aduanas, aeropuertos, y en el tren maya; el no dar justicia a las víctimas y los desaparecidos tanto por la violencia como por la guerra sucia, y el no castigo y el esclarecimiento de la verdad en las masacres del 2 de octubre y 10 de junio.
La derecha que defiende las políticas neoliberales avanza en estas elecciones con el bloque del PRIANRD, con el MC y el PVEM, pero también posiciones de derecha dentro de Morena se han fortalecido.
Para impulsar reformas constitucionales, Morena va a requerir de los votos de un partido que se vendió al PAN y luego al PRI y que subirá su precio, pero también va a requerir de los votos de los otros partidos como el PRI que empujó las políticas del neoliberalismo con el PAN. Así que el impulsar reformas constitucionales antineoliberales, en el ámbito económico, laboral, energético, agrario, educativo, en pensiones, ecológicas, y por un Congreso Constituyente va a ser más complicado, pues el bloque del PRIANRD, junto con el PVEM y MC, jamás hablaron de un programa de reformas para revertir el neoliberalismo y su caudal de daños a la nación.
Los graves problemas de México persisten y se agravan: tenemos un crecimiento económico claramente insuficiente e incapaz de generar los empleos y los salarios que demanda la población para eliminar la pobreza, la desigualdad y las injusticias sociales; tenemos un sector público y social de la economía debilitado y que requiere de su fortalecimiento y democratización; la inversión pública es claramente reducida ante el tamaño de los retos productivos; la salud y la educación exigen mayores recursos y no existen en la cuantía necesaria con los ingresos fiscales que se recaudan; la inseguridad persiste y crece porque aún no se combaten las causas de fondo como es la pobreza y la falta de oportunidades.
La lucha por reformas urgentes como la fiscal en donde los que más ganen más paguen, el impuesto a las grandes fortunas, el abolir el sistema de pensiones de las Afores, la Renta Básica Universal, la suspensión del pago del servicio de la deuda pública, el aumento del presupuesto a la educación y la salud, el aumento sustancial a los salarios contractuales, un plan de empleos dignos, por la renacionalización de la industria petrolera y energética, por una reforma agraria y de apoyo al campo, contra la privatización del agua y los recursos naturales, etc. tendrán más obstáculos.
Recientemente se afirmó por el gobierno que la economía se está recuperando y que este año crecerá al 6 o 7%. Pero, aunque ello fuese cierto y si en 2022 hasta el 2024 la economía crezca en 3% anual, en 2024 el producto nacional per cápita será apenas igual al de 2018. Es decir, un sexenio más que no crecerá la economía. Por eso es por lo que se requiere un fuerte impulso a la reactivación económica. Los grandes empresarios, y que son los representantes de la oligarquía financiera, han anunciado junto con el gobierno el tercer paquete de inversiones para apuntalar a la economía y que la suma de los dos paquetes anteriores fue de 525 mil millones de pesos, pero esta es una cifra menor a los que se está pagando por los intereses de la deuda pública que asciende a 724 mil millones de pesos para 2021. Esa inversión privada es aún insuficiente.
Suponiendo también que la economía crezca en 6% este año, caben las preguntas: ¿Cómo se va a repartir de manera justa este crecimiento de la producción nacional en 2021?, ¿Por qué en los años anteriores, y sobre todo el pasado, el peso de la crisis recayó en los trabajadores?, ¿Como hacer para que los beneficios de esta recuperación, insuficiente del 6%, sean distribuidos con equidad entre el capital y el trabajo? Una forma para lograrlo es que los sindicatos negocien en los contratos colectivos el reparto justo del incremento de la producción o de la productividad.
Al mes de mayo de 2021 faltan por recuperar 694 mil empleos formales perdidos antes y durante la pandemia y falta además dar empleo a más de un millón de jóvenes que no tuvieron oportunidades de trabajo el año pasado. Los salarios contractuales siguen perdiendo poder adquisitivo real en -0.16% en promedio en estos primeros cinco meses de 2021 porque la inflación en abril fue del 6% y en mayo de 5.9%, y los aumentos nominales de salarios son mucho menores a la inflación. Con este nivel de desempleo y pérdida del poder de compra de los salarios reales aunado al aumento de precios de los artículos de consumo, la pobreza y la desigualdad social se va a agudizar.
La propuesta de suspender el pago a los intereses de la deuda pública y el de conformar una auditoría ciudadana son de vital importancia para atender los grandes males que aquejan a la república y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social más justo.
Luchar porque la cámara de diputados pugne por la suspensión del pago del servicio de la deuda pública y por una reforma fiscal que grave a las grandes fortunas ayudará a fortalecer las finanzas públicas para acrecentar la inversión tanto en el sector público como en el sector social de la economía, así como en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y también servirá para acrecentar el presupuesto para el sector rural, la educación y la salud, la ciencia y la tecnología, y en apoyos para la mujer y los jóvenes.
Las condiciones en esta etapa postelectoral se tornan más complicadas, pero la gravedad de los problemas nacionales nos obliga a sumar los esfuerzos con todas las organizaciones sociales y políticas y con las y los ciudadanos interesad@s en el bienestar de México.
Héctor Torres González 12 de junio de 2021