La trasnacional Equinox Gold acumula violaciones a leyes ambientales y adeudos fiscales en México
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Zósimo Camacho. Diario Red. 16 de marzo 2026
La minera canadiense se resiste a la reparación del daño ambiental causado en el estado de Guerrero. Además, cuenta con estrategia para eludir al fisco. En contraste, reporta ingresos globales por 819 millones de dólares al tercer trimestre de 2025.
A 11 meses de iniciado el conflicto entre la canadiense Equinox Gold y el Ejido de Carrizalillo, Guerrero, las familias campesinas mantienen un campamento permanente a las afueras de la mina a tajo abierto Los Filos. La trasnacional, por su parte, sigue adelante con su estrategia para renegociar a la baja los pagos por la explotación de los montes.
Sin embargo, también mantiene su posición de no remediar los daños causados al medio ambiente y, según un reporte financiero de la empresa al 30 de septiembre de 2025, cuenta con una estrategia para eludir el pago de impuestos que le reclama el gobierno mexicano. Los adeudos corresponden al ejercicio fiscal de 2017.
Las familias campesinas del Ejido de Carrizalillo mantienen una lucha que ha visibilizado un entramado de violaciones a la legislación ambiental mexicana, los pasivos fiscales millonarios por parte de Equinox Gold por más de 206 millones de pesos y una crisis humanitaria que ha dejado a 176 familias sin sustento y con graves afectaciones a la salud por la contaminación de sus tierras y manantiales.
La minera, con sede en Vancouver y que opera en México a través de su filial Desarrollos Mineros San Luis, SA de CV, suspendió operaciones en abril de 2025 tras la expiración del convenio de arrendamiento con el núcleo agrario. Desde entonces ha sido señalada por la comunidad por desplegar una estrategia de desgaste basada en la intransigencia y la simulación.
En las negociaciones con el núcleo agrario y las autoridades mexicanas, Equinox Gold se resiste a internalizar los costos de su propia operación, en abierta violación a las leyes ambientales del país
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Daño ambiental y violación de leyes mexicanas.
Uno de los ejes centrales del conflicto es el grave deterioro ecológico provocado por más de dos décadas de explotación minera a tajo abierto en más de 800 hectáreas del ejido. Se trata de casi el ciento por ciento del territorio de la población.
De acuerdo con denuncias de los ejidatarios, respaldadas por organizaciones como Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), los suelos han sido desmontados, dinamitados y contaminados con metales pesados, como plomo y cadmio, y con cianuro, lo que ha vuelto las tierras completamente improductivas para actividades agropecuarias.
A lo anterior se suma que los manantiales que abastecían de agua para riego y consumo a la población ahora son tóxicos. Las familias reportan un aumento en enfermedades respiratorias, de la piel y los ojos, así como casos de cáncer y nacimientos con malformaciones.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró en octubre de 2025 cinco sitios dentro de la mina, al detectar violaciones a las leyes mexicanas en materia ambiental. Por ello, ordenó a la empresa atender 52 medidas correctivas.
Sin embargo, hasta la fecha, Equinox Gold sólo ha cumplido con cinco de ellas. Y en las negociaciones con el núcleo agrario y las autoridades mexicanas se resiste a internalizar los costos de su propia operación, en abierta violación a las leyes ambientales del país.
Equinox Gold enfrenta una auditoría por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México por el año fiscal 2017, relacionada con la mina Los Filos
Auditoría fiscal, otra arista del conflicto
A este escenario se suma una orden fiscal que involucra directamente a la compañía. De acuerdo con el informe de gestión de Equinox Gold correspondiente al tercer trimestre de 2025, la empresa enfrenta una auditoría por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México por el año fiscal 2017, relacionada con la mina Los Filos.
El núcleo de la revisión es una deducción por deterioro de inventario por un monto de 206 millones de dólares que la minera reclamó ante la autoridad fiscal.
En su propio informe –titulado Management’s Discussion and Analysis for the Three and Nine Months Ended. September 30, 2025–, Equinox Gold reconoce que el monto y el momento de una posible determinación de obligación “podrían tener un impacto adverso en el desempeño financiero, los flujos de efectivo y los resultados de las operaciones de la Compañía si no se resuelven favorablemente”.
No obstante, la empresa sostiene que no ha determinado provisión alguna en sus estados financieros, pues considera que no es probable un desembolso en favor del fisco mexicano. Lo anterior porque, en caso de una resolución desfavorable, recurrirá a todos los recursos administrativos y judiciales disponibles: un proceso que podría extenderse por años, celebra.
La postura del informe interno contrasta con el discurso público de responsabilidad social corporativa que la empresa presume en sus operaciones internacionales y en sus negociaciones con los campesinos mexicanos.
El mismo documento en el que Equinox Gold informa que combatirá el pago de impuestos en México y que echará mano de acciones dilatorias para eludir un posible cobro, destaca la bonanza del corporativo.
La trasnacional destaca que, al cierre del tercer trimestre de 2025, alcanzó una producción global de oro de 236 mil 382 onzas al sumar sus extracciones en distintas partes del planeta. En el mismo periodo vendió 239 mil 311 onzas a un precio promedio de 3 mil 397 dólares por onza.
Los ingresos, por 819 millones de dólares, en los primeros nueve meses de 2025, significaron un aumento del 91 por ciento con respecto del mismo lapso de 2024.
Familias en la pobreza: ni tierra para sembrar, ni renta para sobrevivir
La suspensión de operaciones y la negativa de la empresa a renovar el convenio de arrendamiento en términos justos han tenido consecuencias devastadoras para la economía local.
Desde marzo de 2025, Equinox Gold dejó de pagar la renta de las tierras ejidales –que en el convenio anterior ascendía a 6.69 onzas de oro por hectárea– y no ha realizado acción alguna para rehabilitar los terrenos. Así, las familias se encuentran en una situación de indefensión total, sin dinero y sin tierras para sembrarlas.
En las mesas de diálogo instaladas en la Secretaría de Gobernación desde finales de 2025 participan también por el gobierno mexicano la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Profepa, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Minas.
El ejido ha flexibilizado sus demandas de manera significativa. Aceptó, además, discutir de manea exclusiva la continuación de las operaciones y dejar de lado el cierre definitivo de la mina.
Los ejidatarios redujeron sus pretensiones en un 57 por ciento con respecto a lo que percibía anteriormente. Bajaron su exigencia a 2.85 onzas por hectárea. La empresa, en contraste, sólo cedió marginalmente, pues pasó de una oferta inicial de 2.5 onzas a 2.7 onzas. Además, con condicionantes que los ejidatarios consideran inaceptables.
En el punto más crítico de la negociación reciente –la remediación ambiental que debe realizar la empresa por un periodo estimado de tres a cuatro meses–, Equinox Gold propuso pagar a los campesinos una compensación de apenas 141.80 pesos diarios por hectárea durante ese lapso.
La comunidad calificó la oferta como una burla y un reflejo del desprecio de la compañía hacia los derechos agrarios y la legislación mexicana.
La estrategia de la empresa también ha incluido, según denuncias del ejido, acciones para incitar división entre las comunidades. Los campesinos señalan directamente a Hugo Vergara –quien se desempeñara como gerente de Responsabilidad Social de Equinox Gold hasta el 2 de marzo– como el operador de una estrategia de confrontación que incluye presiones, amenazas y agresiones por parte de comunidades vecinas.
A pesar de que la Secretaría de Gobernación recomendó desde principios de año su remoción de la zona por el riesgo de confrontación social que representa, Vergara continuó hasta inicio de marzo.
Hoy el ejido de Carrizalillo padece el hostigamiento de algunos integrantes de las comunidades vecinas Mezcala y Xochipala, las cuales han aceptado las condiciones de Equinox Gold y exigen la reanudación de las actividades mineras.
En el punto más crítico de la negociación reciente Equinox Gold propuso pagar a los campesinos una compensación de apenas 141.80 pesos diarios por hectárea durante ese lapso
El futuro: entre la imposición y el cierre definitivo
El Ejido de Carrizalillo y Equinox Gold han avanzado en los acuerdos. Las más recientes negociaciones ya no son por los montos que la trasnacional deberá pagar a los ejidatarios, sino por la pretensión de la empresa de imponer un convenio con cláusulas incompletas que le darían la posibilidad de modificar los pactos de manera unilateral.
Los avances en el texto del convenio, que han sido aceptados por la comunidad como muestra de voluntad de diálogo, son calificados por los ejidatarios como “totalmente regresivos” respecto a acuerdos previos, y advierten que la empresa busca el sometimiento completo mediante la imposición de cláusulas que los dejarían en total vulnerabilidad ante cualquier cambio en las pretensiones operativas de la compañía.
El Ejido de Carrizalillo ha hecho un llamado imperante al gobierno mexicano para que aplique todo el peso de la ley a la minera canadiense, tanto por los daños ambientales y la violación a la legislación, como por los incumplimientos fiscales y el profundo daño social que ha dejado a su paso.
Las familias campesinas permanecen en el campamento de resistencia, sosteniendo una lucha que ya supera los 11 meses, con la esperanza de que el Estado mexicano haga valer el principio de que “quien contamina, paga” y garantice la reparación integral del daño, ya sea mediante un nuevo convenio justo o mediante el cierre definitivo de la mina con un plan de remediación acorde a la magnitud del desastre.