Carlos Fazio. La Jornada 22 de marzo 2021
En esencia, la disputa en torno a la nueva Ley de la Industria Eléctrica no es entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y menos una batalla por la democracia y el estado de derecho. Pulverizada la oposición política partidista tras las elecciones presidenciales de 2018, menguada en la etapa la subordinación de los poderes Ejecutivo y Legislativo a los intereses de la plutocracia, grandes corporaciones privadas del sector energético, con el apoyo de sus aliados de clase y sus intelectuales orgánicos, intentan una suerte de lawfare en su afán por detener el programa reformista de corte nacionalista, popular, neodesarrollista de Andrés Manuel López Obrador y recapturar el Estado para restaurar, a plenitud, el orden neoliberal.
En el último lustro, la lawfare (o guerra jurídica) ha jugado un papel central como mecanismo clave en la manufacturación de consenso (construcción de hegemonía) en favor de los grandes tenedores del capital bajo el disfraz del “libre mercado”, y como herramienta de las guerras asimétricas de recomposición geopolítica impulsadas por Estados Unidos contra varios gobiernos de América Latina. ¿Ejemplos? El encarcelamiento de Lula da Silva como parte de la megacausa conocida como Lava Jato, que fue el marco aparentemente legal mediante el cual se perpetró el golpe de Estado a la ex presidenta Dilma Rousseff en Brasil; la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y el juicio y prisión preventiva para el ex canciller Héctor Timerman y el ex vicepresidente Armando Boudou; la condena a seis años de prisión del ex vicepresidente Jorge Glas y las causas abiertas contra Rafael Correa en Ecuador; la persecución política contra el ex presidente Evo Morales y otros funcionarios de su gobierno tras el golpe de Estado en Bolivia.
Esos casos implicaron el uso de herramientas jurídicas para la persecución política. Pero, además, el uso de la ley como arma para destruir al adversario político e infundir miedo en la sociedad por la vía judicial, se inscribió en un proceso de judicialización de la política (desde arriba), donde el aparato judicial se “elevó” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, dinámica que como han señalado Silvina Romano y otros especialistas, puede conducir a una “dictadura de los jueces” y una pérdida total de equilibrio entre poderes. Con un agregado: para ser exitosa, esa guerra jurídica requiere articulación con los medios de difusión masiva hegemónicos y las redes sociales, que operan para manufacturar consentimiento en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos y económicos.
En el México actual, ante una lluvia de amparos y amenaza de litigios en el extranjero, dos jueces de distrito determinaron medidas cautelares contra la reforma que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad sobre los generadores privados, con el fin de evitar dañar la “libre concurrencia” y la “competencia” en un mercado concentrado (la trasnacional española Iberdrola y 10 empresas más) con valor superior a 830 mil millones de pesos anuales.
Ante la decisión de los “impartidores de justicia” en favor del interés de grandes corporaciones privadas, mayoritariamente extranjeras, que buscan mantener privilegios obtenidos con la contrarreforma privatizadora de la energía de Enrique Peña y el Pacto por México en 2013 (contratos leoninos vía el influyentismo, obtenidos algunos mediante sobornos o cohecho a funcionarios y legisladores, y/o mediante empresas fantasma; permisos de autogeneración de energía conseguidos por medio de fraude a la ley; precios por debajo del mercado; subsidios millonarios a costa del sector público y de los bolsillos de los consumidores), López Obrador advirtió que si el Poder Judicial frena la nueva Ley de la Industria Eléctrica, enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para no ser “cómplice del robo y del atraco” de consorcios particulares contra la “hacienda pública” y la “economía popular”.
En junio de 2020, AMLO dijo que litigaría para defender sus políticas energéticas y “los intereses de la nación” ante empresas como las españolas Repsol, OHL (hoy Aleática) e Iberdrola. Agregó que Iberdrola “es un monopolio en México” con una cuota de mercado de 15 por ciento, y criticó que mediante la práctica de la ‘puerta giratoria’ la transnacional incorporara a la ex secretaria de Energía Georgina Kessel y al ex presidente Felipe Calderón. Ahora, según sugirió Miguel Ángel Velázquez en La Jornada, se podría estar ante una “red” colusiva integrada por el despacho de abogados de Javier Mijangos (encargado del amparo contra la reforma eléctrica), el ex ministro de la Corte José Ramón Cossío, el juez Juan Pablo Gómez Fierro (que frenó la ley eléctrica) e Iberdrola, que en nombre de la “libre competencia” encumbra los intereses y la ley de la plutocracia sobre la sociedad.
Pero Iberdrola es solo un jugador más. BlackRock, principal fondo de inversión del mundo es accionista preponderante en Iberdrola, Repsol y Enagás. Ello engarza con que en la “era Obama”, el verdadero objetivo de la contrarreforma de Peña Nieto fue la homologación de las leyes en la materia en función de la seguridad energética y la seguridad nacional de EU. Según reveló ante un subcomité de la Cámara de Representantes el ex embajador en México Carlos Pascual, el encadenamiento energético (hidrocarburífico y eléctrico) de América del Norte, Centro y Sudamérica estaba contemplado en el plan denominado ConnectAmerica 2022, mediante el cual se pretendía homogeneizar las legislaciones y con ello el libre tránsito de las empresas estadunidenses por todo el hemisferio, como parte de un negocio estimado en 1.4 billones de dólares.
Más allá del ruido mediático de la comentocracia y los intentos de judicializar la reforma eléctrica a la usanza de la lawfare, la recuperación del papel rector del Estado en el diseño y operación de ese sector estratégico es vital para la soberanía energética y la seguridad nacional de México.